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Análisis de Noticias/ 20 de Septiembre de 2002


En un acto público en el teatro Teresa Carreño, el Presidente de la República reafirmó ayer su voluntad de no permitir que se repitan los hechos terribles del 11 de abril, investigando a los actores civiles y militares que intenten o hayan intentado utilizar la violencia para dar un golpe de Estado, sin embargo, tales investigaciones son interpretadas o manipuladas por algunos medios de información como una “violación” a los derechos de esos efectivos castrenses, sin tomar en cuenta los actos ilegales en los cuales son sospechosos de estar incursos.

Desde el pasado miércoles, por decisión del Consejo de Ministros, se decretaron como zonas de seguridad la Base Aérea La Carlota, la Comandancia de la Guardia Nacional y sus instalaciones en El Paraíso, Fuerte Tiuna, la Comandancia General de la Armada en San Bernardino, el Cuartel General de Brigada Arturo Sández en La Casona, La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Armada del Observatorio Cagigal en el 23 de Enero, el Servicio Autónomo Radio Nacional de Venezuela en Chapellín, y la Compañía Anónima Venezolana de Televisión en Los Ruices, zonas en la cuales quedaron prohibidas las manifestaciones, concentraciones y actos públicos, salvo autorización del Ministerio de la Defensa, con el objetivo de preservar lo derechos de las personas que viven cerca de dichos espacios y fundamentalmente la defensa y seguridad del Estado ante los reiterados actos de provocación que han venido escenificándose en algunas instalaciones militares.

Sin embargo, el representante de la Asociación Civil Fuerza Solidaria, Alejandro Peña Esclusa, desde horas de la mañana de este jueves estuvo haciendo a través de algunos medios de difusión, llamados claros a sectores militares y económicos a pronunciarse en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías y a apoyar una vigilia al frente de La Carlota, a partir de este viernes. Peña Esclusa expuso que la “logística” de esta vigilia consistía en trancar el paso en la autopista Francisco Fajardo en ambos sentidos, y montar una tarima con grandes torres de sonido para expresar mensajes y declaraciones en contra de la actual administración. Por estas instigaciones, Esclusa fue detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y los Servicios de Prevención (Disip).

Estas provocaciones, así como la campaña insistente de algunos sectores para que no se investigue a los involucrados en la asonada de abril, contrastan lamentablemente con los llamados tanto del gobierno como de la comunidad internacional para tratar de dialogar realmente y respetar los mecanismos democráticos y la Constitución nacional vigente.

La posición de la embajada estadounidense de no apoyar la violencia de ningún sector, no fue bien tomada por un sector de la oposición reunido en la Coordinadora Democrática. Incluso, la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, instó al gobierno de los Estados Unidos a retirar su embajador en Venezuela, Charles Shapiro.

De esta forma, las acciones responsables del Estado y del gobierno de respetar los mecanismos pacíficos y democráticos, están siendo enfrentadas por algunos sectores que apuestan a la violencia y al golpe de Estado, incluso jugando a propiciar la impunidad para proteger a quienes ya transitaron ese camino antidemocrático.

Es fácil encontrar, al recorrer las páginas de la historia venezolana, ejemplos de episodios rodeados de impunidad: Aún no se ha identificado, procesado ni sancionado penalmente a los funcionarios responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 35 personas, el entierro ilegal de un número aún no identificado de cadáveres en las fosas comunes del sector La Peste del Cementerio General del Sur; de la muerte de al menos 276 personas, de algunas desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos, ocasionadas por disparos indiscriminados durante el Caracazo de febrero de 1989, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez .

Estos hechos de impunidad, que no se quiere que se repitan, ahora tratan de ser investigados a fondo para que haya verdadera justicia. Gracias a un recurso de información de la Organización no Gubernamental (ONG) Mujeres por la Verdad y la Justicia, así como a los testimonios de muchos testigos y familiares de las víctimas del 11 de abril (que nunca fueron difundidos por los medios de comunicación comerciales) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá más elementos para esclarecer las circunstancias que desembocaron en la muerte lamentable de venezolanos durante los sucesos violentos que condujeron a la instauración de un gobierno inconstitucional el pasado mes de abril.

Por otra parte, en repuesta a las actividades que por el inicio del año escolar realiza el presidente Hugo Chávez, caracterizadas por grandes inversiones y mejoras en diferentes instalaciones educativas cumpliendo con el pueblo venezolano, los medios de comunicación, con campañas difamatorias, sesgadas y basadas en casos aislados, intentan “presentar” el deterioro de algunas instalaciones escolares, para crear así una matriz de desinformación que, obviando los logros señalados, “procure” influenciar la opinión que se pueda tener sobre la manera en que se ejecuta la gestión gubernamental en el área educativa.


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