¡Otra mentira más! La supuesta sentencia del TSJ sobre "El Firmazo"

La polémica que se ha suscitado tanto en Venezuela como en otros países
interesados sobre el referéndum revocatorio del mandato presidencial,
hoy toma un nuevo giro, por la difusión masiva por parte de los
principales medios comerciales del país, de una supuesta sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -que no ha sido publicada por este
organismo-, según la cual, las firmas que deben acompañar la solicitud
para que sea convocada dicha consulta popular pueden ser recogidas antes
de cumplirse la mitad del periodo del funcionario a revocar.

Tal como en el caso Boyer, estos medios, sobre una sentencia que no ha
sido emitida (la presentan como "un fallo que será publicado en las
siguientes horas o días"), de manera irresponsable y con claros fines
políticos, utilizan grandes titulares para presentar como si fueran
"verdades" sus interpretaciones sobre este montaje "periodístico",
afirmando:

"El TSJ respalda la legalidad de las firmas recogidas en febrero" (El
Nacional), "Firmazo válido" (El Nuevo País), "Son válidas las firmas"
(2001), "Entrega de firmas después del 19" (El Universal), "TSJ: turno
al bate" (Así es la noticia), "Vence plazo de AN para elegir al CNE".

Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional,
ratificó formalmente que "no se ha pronunciado, ni es de su incumbencia,
determinar ni la oportunidad para la recolección de las firmas a que se
refiere el artículo 72 eiusdem, ni tampoco lo relacionado con la validez
de dichas firmas, todo lo cual es competencia del Consejo Nacional
Electoral, según las normas que rigen su funcionamiento".

La intención es clara: "validar" mediáticamente (debilitando así la
institucionalidad del CNE) las firmas, y crear falsas expectativas sobre
la validez de las firmas recogidas por grupos opositores el pasado 2 de
febrero en centros comerciales y plazas públicas, operación que llamaron
el "Firmazo".

Lo que respaldan las firmas recogidas el pasado 2 de febrero es un texto
que dice, literalmente:

"Nosotros, los firmantes de esta Planilla, inscritos en el Registro
Electoral Permanente, tomamos la iniciativa de convocar a un referendo
revocatorio del mandato del Presidente de la República, ciudadano Hugo
Rafael Chávez Frías, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A tal
efecto, sugerimos la siguiente pregunta: ¿De conformidad con lo previsto
en el Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, está usted de acuerdo con revocar el mandato al presidente de
la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías?"

Para que no se creen falsas expectativas, producto de la manipulación
informativa que ya ha llegado a esconder la ilegalidad de estas firmas y
a presentar cualquier declaración en este sentido como una "muestra más"
de que es "el gobierno" quien "no quiere" convocar un referéndum, es
importante destacar a todas y todos los venezolanos y extranjeros
interesados en el tema, que:

· Como puede observarse, en el texto de las planillas firmadas el pasado
2 de febrero, tales firmas no respaldan una solicitud dirigida al único
órgano que por ley está facultado para organizar un referéndum, el
Consejo Nacional Electoral (CNE), sino una especie de "autoconvocatoria"
que asumen las y los mismos firmantes, fuera de la institucionalidad y
del Estado de Derecho.

· Estas firmas deben ser verificadas por el CNE, lo cual invalida
cualquier intento de validarlas por parte de la organización privada
opositora "Súmate" o de las opiniones publicadas en los medios masivos.

· Tales firmas son objeto actualmente de una investigación por parte de
la Fiscalía General de la República, por las denuncias de unos 100
ciudadanos y ciudadanas que aseguran que 'se les había falsificado sus
firmas y que se había detectado una situación irregular con la
incorporación de sus nombres, cuando ellos no habían participado ni
habían dado su consentimiento para aparecer en las listas del referendo
consultivo'.

· Debido a estas denuncias, la ciudadanía ha expresado la necesidad de
que estas firmas sean verificadas por el órgano electoral una a una.

· La investigación que adelanta la Fiscalía incluye a la actual
directiva del CNE y a la comisión verificadora de ese organismo, para
determinar si esas firmas pasaron por su supervisión efectivamente.

· La opinión de la consultora jurídica del CNE, mediante la cual se
declaró procedente la pregunta del referéndum, no fue debatida por la
directiva del ente comicial, por lo tanto dicha opinión no ha sido
aprobada, ni es vinculante.

· La convocatoria al referéndum para revocar el mandato al Presidente de
la República -que aún no ha sido solicitada formalmente-, de acuerdo a
la Constitución vigente, debe estar precedida de una solicitud que
legalmente puede hacerse sólo una vez culminada la mitad de su período
presidencial, es decir, después del próximo martes 19 de agosto de 2003,
y respaldada por firmas que cumplan requisitos legales ya previstos, los
cuales no cumplieron en el mencionado "Firmazo".

Tanto los dueños de los medios comerciales de difusión como los
dirigentes opositores, conocen estas observaciones sobre la validez de
las firmas recogidas el pasado 2 de febrero. Sin embargo, insten en
tratar de engañar a la ciudadanía y a la comunidad internacional, al
presentarlas como válidas y llevarlas en "una gran marcha" al CNE el
próximo 19 de agosto -con todo el apoyo mediático incluido-, en respaldo
a su solicitud de convocar un referéndum popular para revocar el mandato
presidencial.

No es lógico que una solicitud tan "importante" para la oposición, sea
respaldada por firmas cuya validez ha sido cuestionada por no cumplir
requisitos legales, y que además son objeto de investigación.

Tampoco es lógico que, conociendo los requisitos legales, no los cumplan.

No basta que unos medios de difusión masiva -acostumbrados a mentir-
digan que las firmas son válidas. Además de deslegitimar al CNE como
institución facultada para ello, están usurpando sus funciones y
debilitando el Estado de Derecho. Si la oposición fuera responsable,
asumiría sus errores y trataría de corregirlos, cumpliendo los
requisitos estipulados en las leyes, y no trataría de seguir engañando a
sus seguidores y seguidoras diciéndoles que las firmas del "Firmazo" son
válidas.


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