Análisis Informativo

El discurso mediático sobre los derechos humanos en Venezuela

Al parecer la división nacional e internacional de las acciones golpistas
contrarias a la democracia venezolana han encontrado en el ultraderechista
diario estadounidense ³El Nuevo Herald² de la ciudad de Miami un aliado
incondicional.

Durante los últimos días, el mencionado diario ha arreciado su campaña
antibolivariana -en llamativa consonancia con los últimos lineamientos de la
estrategia mediática opositora venezolana-, al exacerbar el fantasma del
³plan siniestro del Œcastrocomunismo¹ para apoderarse de Venezuela².

Uno de los aspectos resaltados ha sido la amplia difusión de noticias
orientadas a vincular al Gobierno Bolivariano con la insurgencia gerrillera
colombiana -uno de los argumentos utilizados para reforzar la matriz de
opinión del curioso ³eje del mal² La Habana-Caracas-, siendo el último
capítulo de ese guión pseudoliterario los ataques a la Organización no
Gubernamental Renacer, surgida en la zona fronteriza venezolano-colombiana
para atender en Venezuela a las personas que huyen de la violencia política
en Colombia.

La práctica fascista de criminalizar a algunas ONG`s venezolanas de derechos
humanos que realizan su trabajo en esa zona fronteriza consiste en
vincularlas con los grupos guerrilleros colombianos, ello se confirma con el
ataque mediático a la ONG Renacer -uno de cuyos directivos, Manuel Pinilla,
fue asesinado junto con su hijo por agentes paramilitares colombianos-.

La estrategia está montada: asesinatos selectivos de dirigentes políticos,
líderes populares y miembros de organizaciones de derechos humanos, mediante
la previa criminalización mediática que al presentarlos como ³elementos
peligrosos² legitiman la ³necesidad² de propiciar esas muertes, para luego
justificarlas, una vez consumadas, bajo la lógica perversa de las
³operaciones de limpieza² de corte paramilitar, tan recurrentes en Colombia.

Hagamos memoria: aún las comunidades del Alto Apure mantienen vivo el
recuerdo de masacres planificas por el Estado, como la masacre de El Amparo,
perpetrada por el gobierno del ex- presidente Carlos Andrés Pérez
(1989-1992), donde fueron asesinados 19 campesinos venezolanos en manos de
unos Cuerpos de Seguridad puestos al servicio de los poderosos intereses
terratenientes de la zona, para luego mancillar a las víctimas y a sus
familiares al presentarlas como ³guerrilleros colombianos². Dicho crimen fue
aclarado, y años después el recientemente constituido Gobierno Bolivariano
reconoció en nombre del Estado venezolano los daños a los sobrevivientes y
familiares.

Recientemente fue asesinado por paramilitares colombianos un líder campesino
del Alto Apure por su actuación en defensa del campesinado sin tierras y por
su larga trayectoria en contra de la sistemática violación de los derechos
humanos en dicha región por gobiernos anteriores, como el de Rafael Caldera
(1994-1998) quien decretó el estado de excepción en dicha zona fronteriza,
derivando la suspensión de las garantías constitucionales -por un largo e
injustificado lapso de tiempo-, en violaciones sistemáticas de los derechos
humanos de las y los pobladores. Causalmente ese líder campesino -miembro
fundador del Comité de Derechos Humanos del Alto Apure- fue presentado por
las corporaciones mediáticas venezolanas como ³colaborador de la guerrilla
colombiana² poco antes de su asesinato, perpetrado mediante acribillamiento,
mientras sostenía a su hija entre sus brazos, muy al estilo de los crímenes
paramilitares. Asesinatos similares ocurren con frecuencia en la zona
fronteriza, entre ellos las muertes planificadas y aún impunes de ocho
dirigentes y líderes políticos y sociales bolivarianos en el fronterizo
estado Táchira.

Ahora la criminalización mediática toca a la ONG Renacer, la cual recibe el
apoyo del Estado venezolano en su labor de atención a la población civil
víctima de la guerra civil colombiana.

Durante años el territorio venezolano ha sido un espacio de resguardo
espontáneo e informal para decenas de miles de familias colombianas que
huyen de la violencia política en su país. Sin embargo, esa población nunca
fue reconocida en su especificidad por los Estados colombiano y venezolano,
el acrecentamiento de dicho conflicto armado y la ocurrencia de afluencias
masivas de personas colombianas hacia Venezuela a mediados de 1999 han
obligado al Estado venezolano a impulsar la necesaria actualización jurídica
para evitar los errores cometidos, los cuales han derivado de la
inexperiencia en la atención de esos casos de afluencias masivas y a la
insuficiencia de mecanismos jurídicos y políticos que precisaran la atención
a las víctimas. Hoy Venezuela es el único Estado del continente que cuenta
con una ley que regula dichas situaciones y se instala una Comisión Nacional
para estudiar las solicitudes del status de refugio por las personas
afectadas y su aprobación o denegación por el Estado. A nivel local
fronterizo, Renacer procura canalizar la atención in situ de las situaciones
de emergencia propias de la complejidad de esa zona.

La campaña mediática fascista que convierte a los servicios masivos de
difusión de informaciones en auténticas máquinas de guerra o fábricas de
mensajes discriminatorios y estigmatizantes, desvirtúa la razón de ser de
tales servicios informativos. En Venezuela las corporaciones mediáticas
anuncian los asesinatos políticos generando los contextos adecuados a la
ocurrencia de esos crímenes, lo cual les hace cómplices en tanto voceros de
los asesinos.

Mientras ello ocurre, organismos internacionales de conformación cupular,
dedicados a la defensa de intereses empresariales privados en detrimento de
los intereses colectivos, tales como la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) -y otros de dudosa reputación institucional por estar incursos en
prácticas similares-, ocultan interesadamente las masacres y asesinatos
selectivos que sacuden la vida cotidiana de los habitantes fronterizos en
Colombia y en Venezuela.

Irónicamente, desde la ciudad de Miami, el diario El Nuevo Herald anuncia
con bombos y platillos la introducción de una demanda contra el ciudadano
Presidente de la República, Hugo Chávez por ³crímenes de lesa humanidad², al
referirse a las lamentables muertes planificadas por el fascismo venezolano
durante el golpe de Estado del 11 abril del pasado año, atribuidas al
Gobierno Bolivariano, como tantos otros crímenes, en todos los casos sin
pruebas, o peor aún, con pruebas forjadas.

Insólitamente, se pretende vincular a la ONG Renacer con un supuesto plan
para cometer atentados dinamiteros en la ciudad fronteriza colombiana de
Cúcuta, en un claro y malsano intento de seguir entorpeciendo las normales
relaciones entre los gobiernos y pueblos de Colombia y Venezuela y generar
zozobra en la zona fronteriza para contribuir a su desestabilización. Ello
se inscribe en otro guión pseudoliterario cuyo primer capítulo fue el
reciente atentado contra el consulado colombiano en Caracas, perpetrado por
los ex-militares fascistas de la oposición de la Plaza Francia de Altamira
-como demostraron las investigaciones de los organismos competentes-, cuya
ocurrencia fue inmediatamente atribuida al Gobierno venezolano por los
medios informativos comerciales.

El momento es propicio para que los organismos internacionales de derechos
humanos, de defensa de la libertad de expresión y del funcionamiento de las
democracias, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Human Right Watcht se avoquen a investigar los verdaderos crímenes de lesa
humanidad y demás violaciones a los derechos humanos en Venezuela, entre
ellos el asesinato planificado e impune de casi un centenar de líderes y
dirigentes campesinos en manos de grupos armados -regulares e irregulares-
al servicio de la dirigencia opositora venezolana, ninguno de ellos
reseñados por El Nuevo Herald ni por otros medios informativos
internacionales ³preocupados² por la democracia en Venezuela.




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