Esta sentencia de Simón Bolívar, nunca ha sido tan verdad en Venezuela como ahora, donde por una parte demuestra como las oligarquías siempre tratan de impedir se desplazadas del poder y por la otra como apoyándose en grupos sociales subalterno o desmeritados, y en principios de libertad de expresión mal entendidos, ya que ese es uno de los objetivos de la guerra cognitiva para confundir, cuestionan todas las decisiones y posturas que en tan difíciles situaciones tiene que actuar el gobierno y su Presidente encargada Delcy Rodríguez.

Esta afirmación también refleja como la lealtad a la potencia dominante y la clase social oligarca que aquí la representa ha creado una profunda polarización política en Venezuela, donde la lealtad a la soberanía se desvincula con la postura ante el gobierno nacional creando así un falso dilema.

Desde la perspectiva de derechos y democracia, la Constitución venezolana garantiza la libertad de expresión y el pluralismo político conjuntamente con la defensa de la soberanía, y conjuntamente con el respeto a la institucionalidad representada por el gobierno. Así que los principios constitucionales son inseparables, interdependientes y forman una unidad normativa, por lo que no es posible aplicarlos de manera selectiva o rechazar unos en favor de otros. El que lo haga entra en el terreno del delito constitucional.

Así que se puede etiquetar perfectamente como "enemigos" a quienes insurgen contra la integridad constitucional basándose en la agenda extranjera que prioriza, aquí en Venezuela, la libertad de expresión para expresar opiniones distintas con el fin de confundir y generar confrontación social.

La resolución de la crisis venezolana sigue siendo presentada en lo internacional como "objeto de intenso debate" pero solo centrado en soluciones institucionales sin participación del gobierno nacional y de sus autoridades electas desconociendo así su fuerza legal para imponer el orden contra el terrorismo internacional que de esta forma permanece impune.

Solicitar el respeto a los derechos humanos y la realización de procesos electorales sin la participación de las autoridades es un delito y debe ser castigado en todas sus manifestaciones. Y presentar al Gobierno Nacional como contrario a ellos, violando la integridad de la constitución, es un acto criminal.

La respuesta penal a actos dirigidos a desintegrar la unidad constitucional es absolutamente necesaria en esta situación extrema en que estamos, aunque no suficiente ya que al perdón o clemencia con los menos fanáticos solo llevan a una nueva conspiración.

La soberanía implica autodeterminación, es decir, el derecho de un pueblo a decidir su propio destino político, económico y social. Eso es un principio fundamental del derecho y base esencial para las relaciones entre Estados. En esencia, la soberanía es la independencia y la autonomía de una nación. Quien no respete sus principios y consecuencias es por lo tanto enemigo del Estado venezolano y debe ser advertido de ello. Más si hacen vida aquí.

No es la oposición al gobierno lo que define el delito politico constitucional y terrorista en estas circunstancias, es el ataque a la constitución y su unidad como columna vertebral del estado venezolano. Explicar con claridad estas diferencias que el pueblo trabajador percibe intuitivamente, debe ser una constante comunicacional, partidista, nacionalista, permanente, con lo cual se contribuye necesariamente o consecuencialmente a la unidad de nacional, en base a la unidad de criterios.

En este escenario venezolano, el concepto de soberanía se ha erigido como el eje del debate político. Bajo esta premisa, la exigencia por la libertad y el retorno de Nicolás Maduro se presenta como un paso fundamental para salvaguardar la autodeterminación frente a injerencias externas. Desde este enfoque, el respaldo al liderazgo se interpreta como un deber patriótico, donde cualquier disidencia debe ser vista como una claudicación ante intereses extranjeros.

En consecuencia, proponemos al Gobierno Nacional un 'juramento de soberanía' como requisito para ejercer funciones públicas, para incorporar o mantenerse en ellas, para adquirir los documentos nacionales, considerándolo un instrumento esencial de defensa nacional.

Es necesario por lo tanto un juramento de desagravio para todos los que defienden hasta sus últimas consecuencias nuestra integridad y soberanía. A nivel internacional, existe un amplio sector que denomina esta agresión como ‘Operación Mentira Absoluta' por el ataque artero y la captura del Presidente, ejecutados por tropas de EEUU y debe ser calificada como una afrenta a nuestro país. Defender la soberanía es un deber irrenunciable y de obligatorio cumplimiento.

El artículo 130 de la Constitución establece que los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores, y de resguardar la soberanía. Por lo que en él nos basamos para proponer que el poder nacional lo aplique ampliamente. Considerándolo un mecanismos de cohesión para blindar al país contra la infiltración y la deslealtad.

Creemos que estos actos terroristas que ejecuta Estados Unidos se mantendrán hasta que el propio pueblo estadounidense, alcance una verdadera emancipación y llegue a la revolución burguesa pendiente para su propio desagravio, pues sus necesidades más esenciales se ven postergadas por un sistema que prioriza sobre ellas, la fuerza para el dominio internacional.

La verdadera soberanía de los pueblos, tanto en el Sur como en el Norte, solo será posible cuando las intervenciones militares dejen de ser la herramienta de las élites para silenciar la voluntad popular.

En un contexto de agresión externa y captura de líderes nacionales, como los eventos del 3 de enero, son necesarios mecanismos de identificación, unidad, identificación que aporten más instrumentos de defensa y ataque contra la incursión y la traición. La soberanía nacional es indivisible y su defensa obligatoria.

No es un camino fácil ir a la transformación socialista y esta es solo una curva en el camino.

Libertad para Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Oscar Rodríguez Estrada 16 de enero de 2026