16-01-26.-El miércoles, abogados defensores de los derechos de los inmigrantes instaron a un tribunal federal de apelaciones de California a confirmar la orden de un tribunal de distrito que impediría al gobierno de Donald Trump poner fin a las protecciones temporales de deportación para unas 600.000 personas venezolanas en Estados Unidos.

En los alegatos orales ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, los abogados que representan a migrantes que habían estado amparados por las protecciones dijeron que muchos de sus clientes ya habían perdido sus empleos y negocios, ya que se permitió que perdiera vigencia el programa, conocido como Estatus de Protección Temporal, o TPS por su sigla en inglés.

Cientos de personas venezolanas han sido detenidas y deportadas, y se está separando a los padres de sus hijos nacidos en Estados Unidos, dijeron los abogados.

“Hemos demostrado de forma absoluta perjuicios en los 50 estados”, dijo Ahilan T. Arulanantham, abogado de los demandantes, al panel en la audiencia celebrada en Pasadena, California.

Por su parte, Sarah Welch, abogada del Departamento de Justicia, instó al tribunal de apelación a anular la orden del tribunal de distrito. Dijo que la Corte Suprema ya había intervenido dos veces en este asunto, ambas a favor de la decisión del gobierno de Trump de poner fin al TPS.

En octubre, la Corte Suprema suspendió temporalmente la sentencia del tribunal de distrito y permitió al gobierno de Trump seguir adelante con su nueva política mientras continuaban los argumentos en los tribunales inferiores. Decida lo que decida el Noveno Circuito, es probable que el resultado sea apelado ante la Corte Suprema.

Welch dijo que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, había seguido los procedimientos legales adecuados para revocar las prórrogas de la iniciativa del gobierno de Biden, y que Noem lo había hecho en interés de la seguridad nacional.

La audiencia se produjo cuando la relación entre Estados Unidos y Venezuela está entrando en un nuevo territorio.

A principios de enero, el gobierno de Trump llevó a cabo una operación militar que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladó a Nueva York para ser sometido a proceso judicial. Desde entonces, el presidente Trump ha afirmado que Estados Unidos maneja Venezuela, en colaboración con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

El jueves, un enviado de Rodríguez visitará Washington para analizar la reapertura de la embajada de Venezuela. También el jueves Trump tiene previsto reunirse con la principal dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Funcionarios del gobierno han intentado animar a los inmigrantes venezolanos a regresar a su país natal, con el argumento de que la destitución de Maduro —un hombre al que los fiscales estadounidenses acusan de narcoterrorista y capo de la droga— pronto garantizaría una Venezuela más segura y estable.

El caso judicial, presentado por varios titulares del TPS y la Alianza Nacional del TPS, una organización de defensa, también pretende preservar el estatus de protección para unas 330.000 personas haitianas cuya protección está previsto que expire en febrero.

La audiencia es la última salva de una oleada de recursos judiciales en todo el país que pretenden detener los esfuerzos del gobierno de Trump por acabar con el programa TPS, reducir drásticamente el número de personas admitidas como refugiados, desmantelar el proceso de asilo y poner fin a otras protecciones humanitarias para los inmigrantes.

En el último año, Trump, desde hace tiempo escéptico respecto a los solicitantes de asilo y los refugiados, ha intentado frenar drásticamente las formas de inmigración legal, con el argumento de que algunos solicitantes se aprovechan de los programas y amenazan la seguridad nacional.

Los abogados y defensores de los migrantes afirman que el gobierno se está embarcando en el mayor esfuerzo de deslegalización de la historia de Estados Unidos, ya que pretende expulsar a millones de migrantes del país.

El TPS permite que personas procedentes de naciones que atraviesan catástrofes naturales, conflictos armados u otras crisis vivan y trabajen temporalmente en Estados Unidos. Para algunos beneficiarios, el programa se había vuelto prácticamente permanente, ya que las crisis en sus países de origen han continuado durante décadas.

El año pasado, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional decidieron poner fin al programa del TPS para más de un millón de personas procedentes de Haití, Venezuela y al menos media decena de otros países. Esta semana, mientras más agentes federales de inmigración descendían sobre Minnesota a raíz de un escándalo de servicios sociales que implicaba a estadounidenses de origen somalí, el gobierno de Trump anunció que pondría fin al TPS para los somalíes.

En los últimos documentos presentados ante el tribunal, los abogados del gobierno argumentan que, inicialmente, Noem se movilizó para poner fin al Estatus de Protección Temporal para las personas venezolanas porque las condiciones en Venezuela habían mejorado en áreas críticas, como la salud pública y la economía. Pero los abogados que representan a los titulares del TPS replicaron que los funcionarios del gobierno no habían realizado una revisión significativa de las condiciones del país, que las acciones de Noem habían violado los procedimientos legales federales y que se basaban en la animadversión racial.

Casi ocho millones de venezolanos han huido de su atribulado país en la última década, el mayor éxodo de la historia moderna de Latinoamérica.

El expresidente Joe Biden, en un intento de responder a los funcionarios locales y estatales que lidiaban con refugios y recursos desbordados, recurrió a programas de ayuda humanitaria, que creó o amplió para permitir a los recién llegados vivir y trabajar en Estados Unidos.

El programa del TPS, creado bajo la presidencia de George H. W. Bush, creció hasta abarcar a más de 600.000 personas venezolanas, la mayor población protegida. Aproximadamente 350.000 personas perdieron inmediatamente su protección en noviembre, después de que la Corte Suprema falló a favor del gobierno.