El domingo 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en
Venezuela. Desde Obama a Biden, pasando por la mano dura de Trump y
los gobiernos de la Unión Europea. Estados Unidos, con su política
agresiva e injerencista, impuso sanciones económicas, congelación de
activos, precipitando la crisis económica que hoy atraviesa el país.
Será muy difícil para Venezuela emprender el camino de su total
recuperación sin que estas sean suprimidas.
En su primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) con
el 80 % de las actas escrutadas informó que Nicolás Maduro obtuvo
5.150.092 votos (51,20%) frente al candidato Edmundo González,
promovido por la derechista María Corina Machado, quien en los años
recientes promovió una campaña solicitando la intervención de tropas
extranjeras y dieran un golpe de Estado contra el presidente Nicolás
Maduro. En 2018 pidió al primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, el apoyo necesario para generar el cambio. Quien obtuvo
4.445.978 votos (44,2%).
Los otros candidatos, 462.704 votos (4,6%), con una participación del
59 % del padrón electoral, considerando el resultado con tendencia de
"irreversible". La oposición denunciaba irregularidades en la
transmisión de las actas y la expulsión arbitraria de sus testigos de
los colegios electorales. Instalando la narrativa del fraude en
coordinación con los medios estadounidenses y la derecha
internacional.
Hay que recordar: la antesala del proceso electoral estuvo marcada por
las negociaciones secretas y discrecionales entre el gobierno y EE.
UU. Quien busca garantizarse el control sobre el recurso energético de
Venezuela, en el marco de la disputa por el mercado mundial frente a
sus competidores chinos, en el continente. Con la firma de los
acuerdos de Barbados se flexibilizaron las sanciones, y se firmaron
nuevos acuerdos con el capital extranjero.
Abriendo la ruta electoral, anticipándose las elecciones
presidenciales, que deberían llevarse a cabo a final de año. Asimismo,
no solo se ha proscrito a partidos de tarjetas electorales de la
derecha, sino también a sectores políticos de izquierda que se han
enfrentado. La política de regresión de los derechos laborales. El
gobierno emprendió una estrategia de flexibilización laboral de facto,
permitiendo el despido de miles de trabajadores. Luego, pasó a una
política de bonificación salarial. El salario mínimo (pensiones) en
Venezuela es uno de los más bajos del mundo. Es el equivalente a 3,56
dólares, más un bono de guerra de 45 dólares, violación sistemática de
las contrataciones colectivas con la aplicación del memorándum 2792.
Todo esto, con el fin de generar confianza entre los capitalistas y
demostrar la disposición de entendimiento con los empresarios, la
judicialización y criminalización y detención de un centenar de
sindicalistas como un intento de frenar las protestas por mejoras
salariales e incumplimientos de contratos colectivos por parte de la
administración de Nicolás Maduro.
El CNE proclama a Maduro
Este lunes, en medio de cacerolazo y protesta en algunos sectores
populares en Caracas, en la tarde se extendieron en distintos puntos
del país. Dejaron al menos dos muertos y 749 detenidos, según el
balance del fiscal de la república, Tarek William Saab. El
Observatorio Venezolano de Conflictos contabiliza 187 protestas en 20
estados del país. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaraba
ganador a Maduro y lo juramentó como presidente reelecto, con solo al
80 % de las actas escrutadas. Como la diferencia entre Maduro y
González Urrutia es de solamente 704.114 votos, el 20% restante de
actas por escrutar, que correspondería aproximadamente a 2.514.694
votos, es una cifra que perfectamente lograría modificar el resultado
final de las elecciones. La tardanza en la publicación de la totalidad
de las actas, sin proporcionar una explicación adecuada, es una
omisión grave que no ayuda al clima de paz social que la mayoría de la
población venezolana espera, pues las cifras aportadas ponen en duda
la transparencia del consejo nacional electoral.
Ante la inactividad del CNE, la introducción del Presidente Maduro de
un recurso contencioso ante la Sala Electoral del TSJ parece una
salida encontrada. Así, se solicita a los diez candidatos presentar
pruebas y actas ante la Sala Electoral del TSJ, la cual, en presencia
de los mismos, contará las actas y aclarará la situación. El TSJ
deberá citar al CNE, a todos los poderes, a los candidatos y los
partidos. Manifestó que está listo para presentar el 100% de las
actas. Frente a esta acción del gobierno, de alguna manera traslada la
confrontación al terreno constitucional, desactivando la movilización
de calle de la narrativa del fraude, pero también bloquea la
injerencia de las instituciones del imperialismo. Ante este nuevo
escenario hay que esperar la reacción de la oposición.
Crecen las tensiones
En medio de la crisis política, la oposición de derecha se movilizó y
se concentró al frente de la sede de Naciones Unidas en Caracas y en
todas las ciudades del país. Las personas salieron a las calles para
manifestarse nuevamente en contra de la proclamación del presidente
Nicolás Maduro y la no publicación de los resultados. El gobierno
también ha convocado a las movilizaciones. Han denunciado que detrás
de las protestas "se está intentando imponer un golpe de Estado". El
presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez pide cárcel para
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a quienes acusó de
ser los responsables de una "conspiración fascista" contra las
presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorga
a Nicolás Maduro una controvertida victoria Estamos ante una situación
muy contradictoria. Impredecibles hasta hora en el alto gobierno y sus
diferentes grupos y el sector militar han cerrado filas alrededor de
Maduro. Las movilizaciones en curso corren el peligro de ser base de
maniobra de este sector patronal y proimperialista, de María Corina
machado
Desde luego, condenamos cualquier agenda mediática y diplomática,
injerencista del imperialismo y sus aliados, en asuntos que nos
competen solamente a nosotros como nación. Los trabajadores y la
sociedad venezolana no merecen estar a merced de las aspiraciones una
figura política que, como María Corina Machado, esté vinculada a
conspiraciones golpistas de todo tipo. Apelamos a reencauzar la
disputa en el terreno constitucional con más democracia. El ejercicio
pleno de la soberanía popular a través del derecho al voto para elegir
la máxima autoridad del país está en problema debido a las fallas y
omisiones del CNE. El árbitro electoral debe publicar inmediatamente
la comprobación completa de todas las actas.
Como hemos declarado en el CAIT, como participantes de la otra
campaña. Ninguno de los candidatos representa los intereses y anhelos
de la clase trabajadora. Un gobierno que descarga la crisis sobre los
hombros de los trabajadores. Una oposición que busca acabar con lo que
queda de nación. Estas elecciones han sucedido en el contexto de la
peor de las miserias, de la desigualdad y del abandono de nuestro
pueblo. Fue una campaña vacía de contenidos y propuestas, a espaldas
del sufrimiento y las luchas del pueblo trabajador.
En cualquier escenario político por venir nos toca volver al único
camino que le queda al pueblo para lograr cambios, que no es más que
la organización independiente de una referencia política propia de los
trabajadores para defender nuestras conquistas y soberanía formuladas
en la constitución bolivariana. En ese sentido, llamamos a la
conformación de un polo de resistencia que levante un programa en
defensa del pueblo trabajador, y de la soberanía nacional. Los
trabajadores no aguantan más el deterioro progresivo de su nivel de
vida y entienden que los factores en pugna son responsables de esta
situación. Unos pidiendo y celebrando sanciones contra el país,
solicitando las intervenciones de los organismos internacionales para
configurar un golpe similar al ocurrido en Bolivia y otros
despilfarrando los recursos públicos, saqueando las instituciones,
haciendo gala de su ostentación y dispendio en medio del
empobrecimiento nacional.
Como pueblo trabajador y nación independiente, libre y soberana,
rechazamos, condenamos las injerencias del imperialismo y sus
instituciones contra nuestro país, Este pueblo exige acciones para la
recuperación del bienestar social, salarios, pensiones y jubilaciones
dignas.
No a la injerencia del imperialismo y sus instituciones contra nuestra nación