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Gobierno y Pequeña Industria hacia la Reactivación Económica del País

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En el marco de la reactivación económica, el Gobierno Bolivariano adelanta una serie de planes para contribuir con el despegue económico nacional, ya que, en gran medida algunos sectores opositores se han dedicado a la inacción y paralización del sistema productivo, muestra de esto fue su participación en el pasado sabotaje petrolero y económico, que tanto daño representó y representa en el presente para el país. Sin embargo, dentro de la estrategia nacional de reactivación y desarrollo, no ha quedado de lado el sector privado, como tanto se pregona.

Prueba de esto es la importante participación de sectores de la mediana y pequeña industria (Pymis), cooperativas, microempresarios y grupos organizados, entre otros, en las jornadas de Ruedas de Negocios de las Compras del Estado 2003, pues hasta los momentos van inscritas unas 4.049 entre personas jurídicas y naturales.

Con las normas temporales para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria, cooperativas, y productoras de bienes y prestadoras de servicios del país, se cumple el artículo 60 de la Ley de Licitaciones, así como el Decreto 1.892 de julio de 2002, quedando expresada parte de la política comercial del estado venezolano en pro de la actividad económica de las empresas pública y privadas nacionales.

Estas ruedas de negocios pretenden estimular y promover el desarrollo de las Pymis y las cooperativas ubicadas en el país, a través del establecimiento de ciertos márgenes de preferencia, contratos reservados, acrecentando los bienes con valor agregado nacional, aumentando y potenciando el recurso humano. Todo esto dentro del marco de la legalidad, pues, como se señaló anteriormente, están sustentadas en la Ley de Licitaciones y el Decreto 1.892.

Venezuela no sólo contará con las ruedas de negocios, pues en los próximos días será presentado de manera oficial el Plan de Desarrollo Endógeno, con el cual se busca potenciar la iniciativa privada de forma conjunta con la participación del Estado, cumpliendo su papel fundamental para corregir las distorsiones del mercado y lograr el bienestar de toda la sociedad venezolana mediante una equitativa y justa redistribución de los recursos.

Para lograr un desarrollo sustentable y sostenido de manera integral, tal como lo contempla la Constitución en su artículo 299, es indispensable un consenso entre el Estado y el sector privado del país, pues dicho desarrollo pasa por asumir los diversos cambios a nivel tecnológico, políticos e institucionales, económicos y sociales, además del ámbito internacional.


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