Dominio subversivo

Bolívar avizoró con lucidez que "la vida de un Estado se sustenta en su economía, por ser una de las bases capitales de la vida colectiva". Aportando una perspectiva jurídica orgánica hacia el ámbito minero, propuso medidas de protección y de soberanía para resguardar la riqueza existente en el subsuelo de Perú y de la Gran Colombia, con el firme propósito de edificar una institucionalidad republicana que custodiase las minas.

Como padre de la Patria, es un referente ineludible en la historia nacional sobre todo lo relacionado con el dominio de la República sobre los recursos naturales, condición que hoy es el centro del conflicto entre nuestro país y las corporaciones globalistas urgidas de estos recursos, para entre otros aspectos, solucionar la crisis de sobreacumulación capitalista, asentada en papeles financieros sin respaldo en lo real (recursos).

Basta con revisar seis (6) de sus documentos al respecto (Decreto de Establecimiento de Diputaciones Territoriales de Minería, Decreto de creación de una Dirección de Minería en cada Departamento, Resolución para que las minas abandonadas pasen a manos del gobierno, Decreto de excepción del servicio militar para los mineros, Decreto sobre derechos de exportación de metales y productos agrícolas y el Decreto sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla) para captar la dimensión del estadista que fue y sigue siendo Bolívar en cuanto a la propiedad, uso, funcionamiento, organización y administración de las minas y del petróleo, al igual que la extracción y exportación de metales preciosos en Perú, Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. Estos pasos normativos buscaban edificar instituciones cónsonas con la nueva realidad política, social y económica de las nacientes Repúblicas y tuvieron como fin crear conciencia acerca de la riqueza minera y petrolera.

Tan pronto asumió el gobierno en 1999, el Presidente Chávez implementó una política que reafirmó la soberanía nacional sobre el petróleo y la política fiscal petrolera, en oposición a gobiernos anteriores que dejaron la negociación de los contratos de petróleo y gas en manos de la tecnocracia de PDVSA, se propuso recomponer la disciplina de cuotas en el seno de la OPEP en función de defender los precios y recuperar el ingreso petrolero.

Prescindir de estas políticas desbaratarían la viabilidad estratégica vulnerando el interés y la soberanía nacional. Pues la base material de su propuesta hecha Constitución es un Estado de justicia social que está obligado a romper el ciclo de la pobreza, además de buscar reducir las diferencias entre clases sociales mediante una mejor distribución de lo producido, manejo racional de los recursos naturales e intervenir en la prestación de servicios a la colectividad, reservándose rubros estratégicos, manteniendo sus facultades de vigilancia, inspección, fiscalización y control.

Para el Comandante Hugo Chávez la consigna fundamental fue la Defensa del Estado Nación, "Sí, hace falta el Estado. Nos alejamos de los neoliberales que pretenden minimizar al Estado y he allí otro concepto fundamental de ideología bolivariana en contra del dogma neoliberal: queremos y necesitamos un estado suficientemente fuerte, suficientemente capaz, suficientemente moral, suficientemente virtuoso para impulsar la República, para impulsar al pueblo y para impulsar a la Nación, asegurando la igualdad, la justicia y el desarrollo del pueblo". (Chávez: Discurso en la ANC, 5 de agosto de 1999).

El entendió que el petróleo es la sangre de nuestra civilización, sin él los motores se paran, se agotan las grasas y aceites, el caucho sintético, plexiglás, abonos, insecticidas y los casi 300.000 productos obtenidos de él; por tanto, este tema resulta ineludible para nuestra sobrevivencia como Nación, asumiendo que sin soberanía petrolera no habría defensa nacional posible, ni trabajo tampoco. El dominio del suelo nos hace titulares, dueños de los recursos y renta, con señorío sobre dichos bienes.

La Ley de 1943 establecía una regalía de 1/6, equivalente al 16,67% del total de la producción. Uno de los puntos importantes en la reforma de la Ley de Hidrocarburos que promovió el gobierno de Chávez fue el incremento de la participación de la Nación en la extracción de petróleo al plantear la duplicación de la regalía. En efecto, a partir de la nueva Ley, la regalía pasó de 16,67 % al 30%. Además del impuesto sobre la renta que paga PDVSA y sus filiales y de los dividendos cancelados al Estado venezolano como único accionista, un creciente monto de los ingresos fiscales proviene del cobro de la regalía petrolera que es la tasa de compensación que recibe el Estado por la liquidación de un activo natural no renovable.

Este es el origen del conflicto venezolano: el reparto de la renta petrolera que después de 1999, quedó sellado constitucionalmente en el modelo constitucional impulsado por Chávez, que rescata la Doctrina Social Bolivariana de soberanía sobre el uso de los recursos e ingresos, estableciendo una nueva arquitectura financiera a favor de los venezolanos. Así, la plena soberanía petrolera Bolivariana, contraria a los intereses corporativos y neoliberales quienes satanizan el dominio público y nuestra condición de terratenientes del suelo, gustan de cosechar donde nunca sembraron (A. Smith), desconociendo el aspecto geopolítico y ventaja comparativa que nos otorga la propiedad bajo mandato constitucional de recursos apetecidos por los mercados internacionales.

El plan del enemigo es hacernos creer en el mito del libre mercado y del papel Supra histórico del Empresario como único creador de riqueza para sustituir el rol del malogrado Estado Social venezolano, destruyendo la industria productora de ingresos y receptora de la Renta para luego destruir el Estado Social violentando la Constitución y la Soberanía.

Estos enemigos internos cuestionan la renta y la propiedad territorial del Estado Nación, sobre el uso, disfrute, posesión y disposición (dominio) sobre los recursos que están sobre suelo y subsuelo movidos por la tesis de Max Webber sobre la ética protestante del capitalismo, dogma anglosajón sobre la propiedad privada. Entre sus creyentes se encuentra el economista Asdrúbal Baptista (ideólogo de los neoliberales) quien condiciona su abordaje económico no desde la político, sino desde lo moral, fundamentalmente la moral protestante, base espiritual del capitalista, sobre cualquier otro valor no egoísta que tienen los pueblos, que en nuestro caso, prevé la soberanía permanente, irrenunciable, inalienable sobre los recursos de suelo y subsuelo.

Para estos seguidores de Baptista el modelo de control nacional y soberano sobre la renta nos da una ventaja inmoral de la cual debemos desprendernos, mientras que para nosotros Venezuela siempre había sido víctima de ese intercambio desigual para expoliarle sus ingentes recursos sin prácticamente nada a cambio. Alegan estos neoliberales "gobierneros", que el tránsito de la "Venezuela petrolera" a la "post-petrolera" obliga a drásticos cambios políticos, económicos y sociales; un reseteo, con la excusa de que la renta petrolera ha permitido soluciones fáciles a los conflictos distribucionistas, ahogando iniciativas privadas, una trama de manipulación elaborada escudándose en el credo de que "la renta decreciente que repercute sobre la estructura económica existente, que sólo puede ser compensada por productivismo nacional".

Para satanizar nuestra condición de Estado Nación soberano, dueño de la renta del suelo, esquiroles político-epistémicos gobierneros, han venido estigmatizando la renta petrolera achacándole ser la causa de todos nuestros males actuales y futuros. En contra de esta prescripción interesada, la renta constituye simplemente el beneficio obtenido por alguien: un ente particular, público o privado, generado por el aprovechamiento de sus bienes, en nuestro caso, la renta por la extracción de minerales cuya propiedad compete a la República es una bendición, el problema con ella radica en la debilidad y corrupción en nuestras instituciones, además de la improvisación planificada y falta de una rigurosa inteligencia de negocios.

Afirmar que la culpa de nuestra crisis obedece a la renta petrolera, expresada despectivamente como Rentismo, es pura propaganda, manipulación para, sobre ese supuesto catastrofismo saquearnos y dejar al Estado Democrático Social de Derecho y de justicia (que por sus características se constituye en un Estado subversivo respecto al orden neoliberal) sin recursos financieros para cumplir sus principios constitucionales de Justicia y de Derecho, despojándolo de su principal fortaleza material. Según los "neoliberales gobierneros" la pretensión de la renta del suelo por parte del propietario nacional estatal deber ser cuestionada radical y consecuentemente desde el punto de vista del capital, ocultando las verdaderas intenciones: que alguien (muy privado) pretende apropiarse de nuestra renta.

En síntesis, la jauría corporatocrática, se dispone a devorar nuestra palanca de desarrollo. ¡Sin recursos financieros no hay distribución de la justicia social posible! La principal preocupación de este sector con pretensiones privatizadoras coincide con la de Asdrúbal Baptista, quien agregó que "si bien hasta el presente la preocupación primordial de la política económica ha sido frenar o impedir el despilfarro de la renta, en el futuro habrá de ser la de sí la estructura económica puede resistir una redefinición radical para ajustarse a las cambiantes y distintas circunstancias."

Creemos, y por eso nuestra alerta, que el pregón (interesado también) del tránsito hacia la "Venezuela Post-petrolera" y el slogan "se acabó el Estado Rentista", significa mucho más que una mera transformación económica, tratándose en realidad de una profunda desestructuración de nuestro ethos político y social. Pasaríamos entonces, de una era política de plena soberanía petrolera desarrollada por Chávez a una era post-petrolera, según los ideólogos y propulsores de esta corriente una verdadera catástrofe por decrecimiento del ingreso proveniente de la comercialización de nuestros hidrocarburos. Ese "simple" detalle, impediría a Venezuela manejar soberanamente su petróleo, tal y como lo prescribía Zbigniew Brzezinski en su libro Entre Dos Eras.

El escenario del reseteo petrolero, diseñado por tanques de pensamiento anglosajones y potenciado por esquiroles nacionales al servicio de la élite corporatocrática globalista, llega a nuestros predios cabalgando velozmente en lomos del pronóstico catastrófico de un supuesto decrecimiento de la renta y declive del ingreso. Así lo sostiene Baptista, véase: "sólo en la década pasada cuando Venezuela, junto con los demás países miembros de la OPEP, conquista el control nacional y soberano sobre la renta. Con ello el capitalismo rentístico llegó a la plenitud de su existencia, iniciándose a partir de allí su decadencia y superación. Se está, pues, en ese tránsito hacia la Venezuela POST- PETROLERA, o con más precisión post rentista".

El núcleo central de este conflicto gira en torno al dominio sobre los recursos, ya que este dominio se convierte en un principio de valorización de esos recursos del suelo y subsuelo (propiedad nacional), que a su vez los hace escasos y apetecibles en el mercado ante la voracidad de estas corporaciones que lo necesitan. El dominio es el principio jurídico subversivo de soberanía. El principio del dominio funciona como un principio económico (renta) y como valor agregado a nuestro país, que es soberano y dueño de sus recursos.

Tomemos como ejemplo las patentes de las empresas farmacéuticas: el valor de las cosas es relativo a la propiedad que tienen sobre sus patentes y su explotación genera ganancias, esa es su ventaja comparativa ante quienes no tenemos la propiedad sobre dichas patentes. Ese recurso que ellos alegan poseer es un recurso producto de la inteligencia y la investigación que oponen a aquellos quienes no lo tienen, y de paso obtienen ganancias. Si esto es así, los Estados Nación con recursos y con dominio sobre tierras y recursos del suelo y subsuelo tenemos todo el derecho de valorizar nuestros recursos (mineros y petroleros) y de construir una organización de Países tenedores de recursos mineros, de energías innovadoras y de tierras raras.

La renta está anclada a la soberanía, ese es el meollo del conflicto contra nosotros. Venezuela es de los venezolanos de hoy y futuros, no puede ser cedida ni vendida, los pobladores de estas tierras somos sus dueños a través de la República (propiedad común). Los esquiroles, economistas e intelectuales tarifados al servicio de la corporatocracia globalista pretenden que entreguemos estas tierras a la máquina capitalista fiduciaria para ser expropiadas (subordinación ideológica foránea (derecho inglés) con el fin de debilitar nuestro sistemas de defensa y seguridad de la nación), arrancándonos de raíz la legitimidad del Dominio.

Nos quieren quitar nuestra hacienda, nuestra herencia material y espiritual, usan la hiperinflación inducida como arma de guerra imperial para doblegarnos y obligarnos a entregar nuestro dominio, señorío y propiedad sobre la tierra y su renta, derecho convertido hoy en inamovible obstáculo contra los amos psicópatas, antisociales y antihumanos capitalistas. Así, nuestro modelo constitucional que protege estos recursos, el dominio y la renta del suelo se convierte por una parte en una obstrucción y sustracción a la vez del modelo capitalista de maximización de la ganancia.

Pretenden estos esquiroles desconocer el principio jurídico (dominio) y el carácter bolivariano subversivo de nuestra política de plena soberanía petrolera, que convierte a nuestra nación en una dínamo geopolítico y geoestratégico. Destruir ese potencial venezolano, implica asesinar arteramente la Doctrina Bolivariana, principal oposición a la elaborada en 1823 por Jhon Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe, aplicada en el Caribe y Suramérica considerados el "patio trasero" de la potencia norteña, rindiéndonos ante sus malévolos y nefastos influjos doctrinales.

Comprendiendo todo este conflicto, Hugo Chávez diseñó un sistema para la diversificación, ampliación y aprovechamiento de la extracción petrolera, cuyo principal objetivo es la búsqueda de un desarrollo armónico, equilibrios económicos, políticos, sociales y geográficos, apalancando su visión estratégica en la preservación y consolidación de la soberanía permanente sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales; sistema que hoy pretende ser desmantelado Ley Antibloqueo mediante. Intentar destruir nuestra vocación y plantearnos un horizonte post-petrolero, supuestamente única salida al acoso al que nos han sometido, implica destruir el último obstáculo a la concentración del capital y también la demolición de la Nación.

Por estas razones nuestro proyecto nacional debe continuar apuntalando, sin desmantelarlo, el desarrollo petrolero soberano, elección y destino, voluntad suprema, vocación del pueblo venezolano cargada con la potencia para producir poder, liberando la energía social cuya máxima culminación sea la síntesis de una compleja arquitectura ético-política a ser reflejada en nuestra Constitución. Permitir de manera solapada o abierta, la venta, traspaso, cesión en condiciones de minusvalía de nuestra renta petrolera y nuestro derecho de propiedad de la República soberana (que defiende el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en función de la independencia, soberanía y autodeterminación) al polo corporativo criminal no es más que una vulgar traición.

Comprender que nuestro enemigo es la voracidad privatizadora de las transnacionales que desean imponernos la máxima Cuis est solum ies est usque coelum et ad ínferos (el que posee una tierra posee todo lo que queda por encima y por debajo de ésta hasta el cielo y el infierno) tal como lo dice Francesco Accursius, piedra angular de la pulsión privatizadora (res privada) en beneficio de una élite, frente al derecho de la República de ejercer el dominio del suelo y recursos para el bien común (res pública) su inajenabilidad y con él garantizar el cumplimiento de los fines del Estado democrático, social, de derecho y de justicia.

Todos los ciudadanos actuales y futuros somos los dueños de todas las riquezas habidas en el suelo y subsuelo de esta nación y nadie puede ceder o vender bajo ninguna circunstancia lo que pertenece a la República como un todo, a nuestra población actual y las generaciones que están por nacer. Es un derecho real el usufructo del bien público (renta e ingreso de las riquezas nacionales) por su dueño (Dominio-propiedad) eso precisamente, es lo que pretenden desconocer, quitar, arrancar y que cedamos a los privados.

Insistimos en que hay salidas revolucionarias a este dilema que nos impone la casta política, empresarial, criminal que intenta privatizar como solución para "inyectar capitales frescos a nuestra malograda economía producto de las sanciones" e insistimos sólo a partir de este dominio que poseemos y tomando en cuenta su cuantía pudiéramos diseñar (respaldar) nuevos Patrones Monetarios del país (Petróleo, Gas Natural, Oro, y Diamantes entre otros) es así como lograremos derrotar cualquier brote inflacionario, manteniendo estable el valor de nuestra moneda mediante la aplicación de la fórmula del Índice de Estabilidad Monetaria (IEM), que ofrecería un mecanismo para la incorporación o desincorporación de volúmenes del Patrón o Patrones para controlar, por una parte el aumento o disminución de la cotización, y por otra la disminución del volumen del citado Patrón por efecto de su extracción. Mención especial merece el caso del oro, único producto que tiene una utilidad marginal constante, es decir, es una mercancía que tiene la propiedad de que si usted compra más, el valor de la unidad no disminuye, siendo el único que desafía la ley de la utilidad marginal decreciente.

Esta guerra contra la República Bolivariana de Venezuela y la visión de convertirnos en la "retaguardia estratégica del anglosionismo", debemos superarla en un acto audaz de soberanía monetaria y financiera creando nuestra propia "Hegemoney" respaldada en comodities. Es inaplazable y urgente, haciendo honor y reivindicando toda la legislación Bolivariana ideada por nuestro genio para sublimar al Estado Nación, hacer crecer su superestructura armónica, proclive a la comunidad hombre-suelo en todas sus significaciones, y asegurar una estructura estatal que no fuese determinada desde afuera, pues correríamos el riesgo de convertirnos en un montón de arena. (Pérez Arcay)

¡NOS TOCA LUCHAR!

 



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María Alejandra Díaz

Abogada constitucionalista y representante del Estado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (2017).

 @MariaesPueblo

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