El país que nace y la búsqueda de otra política

Venezuela: reestructuración en proceso (V)

• Venezuela: reestructuración en proceso (I) Crisis de la gobernabilidad y deriva autoritaria
• Venezuela: reestructuración en proceso (II): Las mafias que dirigen la "recuperación económica"
• Venezuela: reestructuración en proceso (III):: Confrontación política, límite de la polarización y crisis de la representación
• Venezuela: reestructuración en proceso (IV) Lucha social, conflictividad y la vida que resiste

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En medio de la transformación del ejercicio del poder, los códigos que formaron la polarización entre chavismo y oposición han perdido asidero en las dinámicas de articulación de la sociedad. En el actual espacio de conflictividad y resistencia social, hay un cruce entre la protesta como reacción a la pérdida de derechos y condiciones de vida, y la emergencia de sujetos colectivos que se constituyen desde nuevas demandas y puntos de encuentro que se desarrollarán en este artículo. En este proceso, se empiezan a renovar los códigos de antagonismo y que tienden a generar experiencias de movilización y organización social.
El poder se ha reconfigurado entre un ejecutivo autoritario, grupos de poder para-institucionales, partidos políticos sin representatividad, entre otros sujetos constituidos a partir de estrategias de acumulación mafiosa de capital que han impuesto mecanismos de extracción y concentración masiva de recursos, a costa del desprecio a la vida, la precariedad y la violencia. Sin embargo, la voluntad libre y la emergencia continua de vida que resiste, que se cuida, que se produce y se reproduce, sigue abriendo caminos; planteando y moviendo nuevas estrategias de valorización de la vida y del trabajo. Fuera de las cadenas de lealtades, dependencias y subordinaciones que han establecido las relaciones de poder en los últimos años, tienden a encontrarse tejidos y prácticas asociativas que pueden producir claves para lo que insistimos en llamar otra política. Para desarrollar estas premisas, abordamos diversos espacios que concentran las relaciones sociales, y que son recorridos por las estrategias de poder y resistencia, de gobierno y autonomía; una geografía en movimiento de las relaciones que constituyen al país que nace después y con la crisis.

Trabajo

Con la disolución del salario y del trabajo formal, colapsó el mundo laboral; sobre todo el sector público, con el cual el rentismo petrolero había construido parte de su sistema redistributivo. El sindicalismo está luchando en medio de una crisis general que amenaza su propia existencia, por lo que la agenda de conflictividad para ejercer presión por recuperar derechos, también necesita cruzarse con una reorganización en torno al nuevo mundo del trabajo, en donde la informalidad y la movilidad genera una relación laboral inestable, con mayor precarización de los ingresos y una eliminación del ahorro y la seguridad social, pero también cierta autonomía en una forma de trabajo individual o por “cuenta propia”[i] y en constante movimiento.  

La lucha por la recuperación de lo público (salud, educación, transporte, servicios, etc.), puede integrar la lucha del movimiento sindical con otras organizaciones sociales y ciudadanas que defienden derechos sociales que se relacionan directamente con la vida de estos sectores de la clase trabajadora, pues, detrás de las reivindicaciones demandadas, lo que está en disputa es la participación democrática de la sociedad sobre los recursos comunes. Por otro lado, en el sector informal, la apertura es distinta, la organización ya no puede ser sólo en torno al empleador, sino en torno a las necesidades comunes en la diversidad móvil que constituye al trabajo informal y autónomo, en donde la comunidad del trabajo ha perdido la territorialidad de los centros de trabajo estables, pero encuentra otras, asociadas a sus espacios de convivencia[ii].

En el sector del capital privado, hay un sector de grandes tiendas comerciales[iii] y pequeños centros industriales, que siguen concentrando una parte importante del trabajo, que ha aprovechado la desregulación laboral que ha propiciado el gobierno, para precarizar y bonificar los salarios, en un contexto de muy baja tradición sindical con un promedio de remuneraciones totales en el sector privado de 89 dólares (OVF, 2022), que -a diferencia del sector público- está incorporando a un sector de la juventud trabajadora. El gobierno también ha promovido una economía alrededor de casinos, hoteles y bodegones de lujo, entre otros negocios asociados a la vida de la clase privilegiada (Efe, 2021). Se trata de una economía para captar el consumo estimulado primero por las remesas, y luego por los lujos de las élites socio-económicas, al mismo tiempo que se constituye desde condiciones de empobrecimiento y explotación total del trabajo. 

En este contexto, el paso al trabajo informal ha sido un escape y una expulsión de los grandes centros de trabajo que se habían constituido durante las dos democracias clientelares que administraron el Estado rentista. El trabajo ha llegado a un mínimo de valorización, ajustándose a las condiciones de sobrevivencia, pero también se ha transformado la relación salarial en sí misma. En el espacio informal no se establece un valor colectivo del trabajo en términos de salario, sino que se disputa la productividad del trabajo -mucho más individualizado- en un mercado regulado por las condiciones que impone la acumulación de capital.

En este espacio se constituye un sector social de la economía que está fuera de la administración estatal o de las grandes inversiones capitalistas, compuesto por pequeños productores o comerciantes, trabajadores por cuenta propia, la economía familiar, emprendimientos, profesionales autónomos, cooperativas, empresas de propiedad social[iv].  En este espacio, el Capital/Estado/Renta ya no organiza directamente la producción y el trabajo, sino que extrae rentas a la producción social, no hay re-distribución salarial, sino que son las condiciones de vida en su conjunto, la medida de distribución de los recursos entre capital y trabajo.

Economía Social

Con el desmantelamiento de lo público y el desconocimiento institucional de derechos sociales, las condiciones de vida se comprimieron abruptamente, al mismo tiempo, que aumentaron las extracciones de renta para alimentar los circuitos de acumulación, constituyéndose ejes de disputa entre la valorización del trabajo y de la economía social, y los flujos de acumulación de capital.

La economía social se encuentra desorganizada y limitada por la sobrevivencia; pero también ha logrado responder a ciertas necesidades de la población en tiempo de crisis, con cierta autonomía y sin dependencia de la renta petrolera de años anteriores. Un ejemplo de ello han sido las cooperativas de ferias de hortalizas y verduras que alimentan a gran parte de las ciudades con productos del campo, sobretodo de la región andina al occidente del país (El Diario, 2020) o el caso de la experiencia de la Central Cooperativa de Servicios Sociales de Lara (CECOSESOLA) a través de la cual una red de cooperativas de agricultores y distribuidores abastecen de alimentos a unas 100.000 familias en la ciudad de Barquisimeto, además de generar servicios cooperativos de salud y transporte (CECOSESOLA, 2021). 

Los bodegones y la economía de importación -protegida y estimulada por el gobierno- capta el consumo generado tanto por las remesas, como por el “estilo de vida” de las nuevas élites socio-económicas; mientras la economía social sostiene la vida o la sobreviviencia de gran parte de las comunidades populares, enfrentándose a la falta de acceso a servicios básicos y combustible, al aumento del IVA del 12% al 16% con la reconversión monetaria del 2018, un nuevo impuesto regresivo para las transacciones en el país (bajo el nombre de propagandístico de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aunque funciona también contra transacciones menores y de consumidor final, en la misma proporción, al igual que el IVA) en abril del 2022 (Prodavinci, 2022), entre otros “costos” que impone la política gubernamental. 

Los mecanismos de extracción para-institucionales como las matracas policiales en las vías terrestres o las vacunas que imponen grupos armados en comunidades, que afectan en mayor medida a los circuitos populares e informales de la economía. Las matracas y la extorsión mediante la violencia y el uso de armas, extraen una renta de la producción social para mantener un aparato de fuerza (policía, guardia nacional, grupos armados irregulares, bandas delictivas) con una relación externa y colonizadora hacia el territorio social (ya sea como agentes de Estado o del “para-Estado”). Desde asociaciones de productores y comerciantes, del comercio informal y desde comunidades populares, se han generado conflictos y protestas por el rechazo a estas prácticas, aunque las expresiones de descontento se forman coyunturalmente y logran cambios momentáneos de la situación[v], la falta de mecanismos o tradiciones organizativas, así como el riesgo a la reacción violenta de los aparatos de poder, han contenido la posibilidad de formarse movimientos sociales duraderos.

En la estrategia del gobierno se reduce al mínimo el valor del trabajo y de las actividades productivas en el país, mientras que maximiza la acumulación y centralización del capital en grupos de poder que extraen por la fuerza una renta, no tanto de la producción, sino de la circulación y el consumo; una expresión molecular de la dinámica del capital global.

Naturaleza y territorio 

El modelo de extracción de recursos naturales que se ha impuesto como sustitución del modelo rentista petrolero, ha fragmentado el territorio a través de las operaciones de grupos armados y mafias de distinta índole. Tanto en las regiones fronterizas como al sur de Venezuela en las regiones mineras, el control del territorio es ejercido por grupos armados que han crecido a través del tráfico (contrabando de productos, gasolina, trata de personas) y la minería ilegal. Al mismo tiempo que en las periferias de las ciudades han crecido bandas sostenidas por el narcotráfico, secuestros y el cobro de “vacunas” (especie de impuestos a habitantes y negocios a cambio de seguridad), que, al calor del enfrentamiento con los grupos policiales militarizados, han reaccionado articulándose en “megabandas”, adoptando tanto armas de guerra como capacidad de control territorial. 

Debajo del ropaje institucional, en los territorios hay formas de gobierno a través de la violencia que destituyen cualquier regulación democrática o constitucional que pueda haber superficialmente (Provea, 2020b). Frente al aumento de las bandas delictivas en todo el país, en algunas regiones con tejido social local, se han generado de manera informal grupos comunitarios dedicados a funciones de seguridad, frente a la desprotección del Estado. Se trata de experiencias que empiezan a reflejar una alternativa comunitaria al problema de la violencia que viene tanto del Estado como de la delincuencia en general.

A partir del decreto que constituye el Arco Minero del Orinoco (que ocupa el 12% del territorio nacional, al sur de Venezuela) en el año 2016, se ha expandido por miles de hectáreas la actividad minera bajo el control de bandas, guerrillas y grupos armados, generando desplazamiento de poblaciones vulnerables, el sometimiento a formas de esclavitud moderna (trata de personas, explotación laboral, explotación sexual), deforestación y envenenamiento de ríos y fuentes de agua, así como la hegemonía de la economía ilegal (OEPV, 2022). En un territorio predominantemente indígena, las comunidades se ven obligadas a huir de la violencia, sobrevivir a través de la práctica minera y/o resistir a la vorágine extractivista. 

Aunque se trata de una región periférica a los grandes centros urbanos al norte de Venezuela, la extracción de recursos minerales y su exportación es una de las fuentes de ingreso de dólares más importante para el país, en donde se asocian grupos irregulares, gobierno, fuerzas armadas y capitales extranjeros. Desde las selvas y ríos del Arco Minero del Orinoco se extraen las gramas de oro y se recogen los dólares en efectivo que van subiendo hasta las ciudades, formando parte del “crecimiento económico” que evoca el discurso gubernamental.

El decreto del Arco Minero del Orinoco permite exoneraciones de impuestos en todo el territorio y una eliminación de los derechos laborales, así como de toda actividad de organizaciones sociales o laborales. La pequeña minería y la minería artesanal que habían sido las formas populares del trabajo minero, ha sido arropada por el discurso institucional en donde se promociona una minería del “poder popular” o “socialista”, mientras en la realidad del territorio los distintos grupos armados imponen mecanismos de trabajo forzado y precario, en donde las “vacunas” que imponen a los mineros suele llegar a ser hasta un 50% de los recursos extraídos, además de estar sometidos a la violencia, en donde la desaparición de personas y las masacres en enfrentamientos irregulares han sido constantes (Ruiz, 2018). Alrededor de la extracción minera, se desarrolla una economía de trata y prostitución, bares, así como tráfico de combustible, drogas u otros.  

La economía minera transcurre en la ilegalidad por lo que no se puede acceder a datos oficiales para dimensionar con exactitud su tamaño, sin embargo, las investigaciones periodísticas nos permiten registrar cierta información. Por ejemplo, a través de fotografías satelitales, se ubicaron 30 pistas clandestinas para aviones al sur del Edo. Bolívar (El País, 2022a) dispuestas para la minería ilegal. Desde el año 2016 se han instalado con el control de las minas en casi todo el territorio del Arco Minero entre los Estados Bolívar y Amazonas, grupos armados llamados paradójicamente “sindicatos”, bandas delictivas y grupos guerrilleros provenientes de Colombia; algunos son aliados del gobierno, otros han generado enfrentamientos con las fuerzas armadas[vi].

Frente a la irrupción de la minería ilegal, desde el año 2016 se ha expandido la formación de guardias territoriales indígenas. Estos grupos comunitarios resguardan la naturaleza y vida a su alrededor y colocan límites territoriales a los grupos armados que transitan la región. No generan violencia armada, sino que se sostienen a partir de la movilización del conjunto de las comunidades cada vez que deciden impedir el asentamiento de grupos armados (El País, 2022d). Aunque enfrentan una lucha absolutamente desigual, la fuerza de la organización colectiva logra mantener límites importantes para la protección de las comunidades, sus actividades incluso ayudan a mantener la soberanía nacional mientras que las instituciones del Estado han dejado libre el paso de los grupos armados. 

El saqueo y la extracción de naturaleza ha generado “negocios” absurdos, como el de la traída a Caracas de cientos de palmas datileras desde la Isla de Margarita. Desde el año 2021 en Caracas comienza una tala indiscriminada de árboles tanto por la gestión de los nuevos negocios que ocupan las aceras, como por la comercialización de maderas valiosas. Al mismo tiempo, la Alcaldía del Municipio Libertador (Caracas) bajo la administración del partido de gobierno, importa cientos de palmeras datileras de una reserva en la Isla de Margarita, para adornar la autopista Francisco Fajardo, en la cual se habían talado previamente sus árboles naturales. Las palmeras son extraídas ilegalmente de los bosques de San Juan en dónde se ha convertido en un negocio asociado a los grupos de poder, el cual ha sido denunciado por los habitantes de la isla (El Clarín Web, 2021). La deforestación en la ciudad y el “guiso” del negocio de las palmas generó un descontento entre habitantes de la ciudad de Caracas y organizaciones ambientalistas, los cuales se movilizaron por la ciudad en noviembre del 2021 (OEPV, 2021). 

La minería, la tala, el tráfico ilegal, ha aumentado continuamente en el país introduciendo nuevas formas de explotación diversos territorios en todo el país, generando una tendencia hacia el surgimiento de conflictos socio-ambientales en donde la lucha social aparece relacionada directamente con la pertenencia territorial y con un principio de comunidad con la naturaleza.

Organizaciones de derechos humanos y la Ayuda Humanitaria

Desde las protestas sociales del año 2020, las organizaciones de derechos humanos vienen reivindicando el derecho a la protesta y los múltiples derechos afectados por la crisis económica, sanitaria y por la gestión gubernamental, dedicando una gran parte de sus actividades a campañas de denuncias sobre violación de derechos e informando sobre la conflictividad social. También se ha generado una política que busca acordar mecanismos de re-legitimación de instituciones y poderes públicos, a partir de la construcción de consensos entre los actores partidistas y los grupos de poder. Esta agenda expresa la forma de presión de la sociedad civil tradicional, todavía muy cercana al juego representativo de los sujetos de poder, aunque también con mucha heterogeneidad y diversidad de organizaciones, articuladas en espacios como el “Dialogo Social” y el “Foro Cívico” (Provea, 2020a). 

La ayuda humanitaria generada por instituciones globales relacionadas a la ONU y fondos privados ha crecido notablemente tras la declaración de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) (DW, 2021), fortaleciendo la capacidad de incidencia del activismo por la defensa de derechos humanos y el flujo de recursos a poblaciones vulnerables de manera independiente al Estado. Frente a esta situación, desde el año 2020 el gobierno ha generado una presión sobre las ONG, intentando regular su financiamiento y ejecutando acciones de persecución y hostigamiento hacia las mismas. 

El 20 de noviembre del 2020, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), publicó una circular en donde afirma que se implementarán medidas para “monitorear” el financiamiento de las ONG. El 20 de febrero del 2021, Diosdado Cabello el vicepresidente del PSUV declaró que va a generar leyes para regular su financiamiento y su actividad acusándolas de incitación al terrorismo, “van a decir que están perseguidos” comentó, mientras acusaba a el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) de recibir fondos internacionales para “desestabilizar” al gobierno venezolano (Tal Cual, 2020). Estas acusaciones han sido frecuentes en diferentes momentos del chavismo, sin embargo, ahora vienen acompañadas con frecuentes allanamientos policiales, generando una presión que varía entre la extorsión y la presión política contra estas organizaciones. 

El 7 de septiembre de 2020 fue allanada la sede de “Acción Solidaria”, una ONG dedicada atender a personas con VIH. Las Fuerzas Anti-Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (FAES) los acusaban de “venta de medicamentos vencidos”, mientras que las ONG alertaron de que se trataba de una acción de hostigamiento. Entre el 20 y el 25 de noviembre fueron allanadas las organizaciones “Alimenta La Solidaridad” y “Mi Convive”, las cuales mantienen un programa de comedores populares que atiende alrededor de 25.000 niños y niñas en todo el país. Durante los operativos policiales han detenido al personal presente por varias horas, y en algunos casos se confiscan parte de los recursos materiales que encuentran. En otro allanamiento el 12 de febrero del 2021, fueron detenidos 6 miembros de la ONG “Azul Positivo”, la cual se dedica a la atención de pacientes de VIH. (Ver los casos de allanamiento en: El Diario, 2021a). 

En marzo del 2021 se publicó la Providencia 002-2021 en donde se crea un registro obligatorio para las ONG como mecanismo de control y supervisión gubernamental del financiamiento de las organizaciones civiles, el cual fue rechazado por la mayoría de estas organizaciones (Provea, 2021a). 

La economía y la actividad social que generan las ONG, aparecen como sustitutos a la política social del Estado (desmantelada tras la crisis del modelo rentista), engranada a las redes de la sociedad global de las corporaciones, instituciones internacionales y fundaciones privadas que vienen construyendo las estrategias de gobernanza desde la reforma neoliberal de las últimas décadas. Las asociaciones civiles se integran a los financiamientos globales como empresas con fines sociales, pero también como agencias de información que transmiten sus informes e investigaciones hacia sus financistas, formando una especie de para-estructura gubernamental global que funciona con cierta descentralización, más como red que como estructura. 

Desde el año 2021 los informes de las ONG que registran la violaciones de derechos humanos lograron impulsar un proceso de juicio al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad a través de la Corte Penal Internacional (CPI) generando una presión política internacional significativa (distinta a la alianza con los EEUU y las sanciones promovidas por Guaidó y la oposición partidista) que ha deslegitimado en gran medida al gobierno y lo ha llevado a una investigación internacional (FIDH, 2021). 
Los financiamientos internacionales relacionados a la ayuda humanitaria han abierto un espacio de disputa por el acceso a esta nueva renta, formando un entramado de organizaciones que gestionan proyectos sociales, en donde intervienen intereses partidistas, personales y corporativos de diversos orígenes[vii].

Se puede prever que la gestión de grandes financiamientos por parte de las ONG, puede reproducir relaciones clientelares -más aún cuando están relacionadas a partidos políticos- y de dependencia hacia estos recursos, recomponiendo relaciones de poder típicas del modelo rentista, ya no a través del Estado sino del entramado heterogéneo de organizaciones civiles. 

En este contexto podemos diferenciar a organizaciones más relacionadas al activismo, la defensa de derechos y la organización ciudadana, de otras con un perfil más asistencialista y de administración privada de una política social. Mientras las últimas tienden a generar una política más institucional, menos beligerante y más dispuestas a fomentar un acuerdo entre y con las élites políticas, las primeras de corte más activista, se relacionan de manera directa con las demandas y las organizaciones sociales, participando en campañas de denuncia, informativas, así como de apoyo a la protesta social. 

La declaración de la EHC generó un incremento de la participación política y social de las ONG, así como de la economía derivada de la ayuda humanitaria internacional, generando un amplio y diverso ecosistema alrededor de esta renta. Desde las instituciones de la ONU se generó el Plan de Respuesta Humanitaria, que asignó financiamientos a proyectos de ONG por 1.324.041 dólares (OCHA, 2021a) entre el 2020 y el 2021, y que movilizó 379,5 millones de dólares para asistencia humanitaria durante el 2021 (OCHA, 2021b). 

Se ha generado un apoyo a la población más vulnerable, se ha ampliado un entramado de agentes y organizaciones sociales que gestionan estos recursos (en donde la transparencia depende en gran medida de cada organización) y se ha fortalecido la difusión de información y denuncias relacionada a la situación de los derechos humanos en el país. También se abre el riesgo de una tendencia hacia la conformación de cierta burocracia social fragmentada de grupos que compiten por el acceso al financiamiento y que no tienden a intentar transformar la situación política y social, sino a naturalizar la dependencia hacia esta nueva renta, y por lo tanto de la situación de vulnerabilidad de la población. 

El activismo por los derechos humanos se encuentra tensionado entre la defensa de derechos y la participación democrática de la sociedad, la tendencia hacia la burocratización, y la puja de los partidos por instrumentalizar la fuerza social acumulada. 

Justicia

La administración de la justicia, en manos del Estado, se ha convertido en un espacio de violencia contra la sociedad y ha formado uno de los pilares del sostenimiento del gobierno, consistiendo en un eje de disputa de las condiciones de vida determinante, pero también silenciado y oscurecido por la gestión gubernamental. Aquí exponemos varias de las dinámicas que constituyen la crisis del sistema de justicia. 

Desde el año 2016 se han generado miles de ejecuciones extrajudiciales en sectores populares a partir de operativos policiales contra bandas delictivas, sin embargo, la mayor parte de las víctimas son jóvenes sin ninguna vinculación con dichas bandas, también se ha registrado una gran cantidad de ejecuciones de personas ya capturadas, después de que las fuerzas policiales fingen enfrentamientos con tiros al aire (Provea, 2021b). Frente a la violencia sistemática del Estado contra los sectores populares se han constituido organizaciones de familiares y víctimas que denuncian e interpelan al sistema de justicia. Se destaca la creación de Orfavideh, una asociación de 200 madres cuyos familiares fueron víctimas de las ejecuciones policiales. Desde el año 2013 se han venido acompañando y ayudando entre sí para sortear los procesos judiciales y de denuncia, frente a un sistema que no da respuesta y que ha protegido la indiscriminada actuación policial, que sólo en el año 2020 llegó a generar 2.853 asesinatos extrajudiciales (Provea, 2021c). En el año 2021 también se constituyó el Comité por los Derechos del Pueblo en la comunidad de La Vega en Caracas, que reúne a víctimas de la violencia y ejecuciones policiales, y que han denunciado una política de criminalización de la pobreza por parte del Estado (Contrapunto, 2021).

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres también han emergido durante el 2021, denunciando los masivos índices de impunidad frente al aumento de los feminicidios, así como la asociación entre los victimarios y grupos de poder. Uno de los casos más relevantes que conmocionó por unos días la opinión pública nacional, se trató de la desaparición, tortura y asesinato de Dorialcely y Martha. El 24 de mayo Dorialcely lidera una protesta de trabajadoras sexuales en la población minera del Callao (en el territorio regido por el decreto del Arco Minero del Orinoco) para exigir mejores condiciones de vida al alcalde del partido de gobierno Alberto Hurtado (quien años antes había sido acusado de recibir apoyo de la minería ilegal en su campaña electoral). Dorialcely denuncia al alcalde en un video que se viralizó en redes sociales, y dice públicamente que lo responsabiliza si llega a ser asesinada, horas después desaparecen y un día después aparecen los cuerpos violentados y sin vida de las dos mujeres. La atrocidad del asesinato, la relación con las mafias locales y la presunta vinculación con el alcalde, generó una ola de denuncias convocada por el movimiento feminista “Mujeres contra las Violencias” (Correo del Caroní, 2021a). Aunque el alcalde fue removido posteriormente, no se ha desarrollado la investigación judicial y el caso ha quedado impune y silenciado. 

Durante marzo y mayo del 2021 se difundieron por redes sociales cientos de casos de abuso sexual entre músicos, artistas, miembros de las universidades y partidos políticos, que encontraron un eco importante en la opinión pública a través de la etiqueta #YoSiTeCreo, intentando convertirse en una forma de movimiento #MeToo en Venezuela (El País, 2021). Aunque al pasar los meses la denuncia fue perdiendo protagonismo, se abrió una tendencia hacia la denuncia pública por redes sociales como único medio para lograr una reacción mínima del sistema de justicia, debido a que la fiscalía -presionada por la opinión pública- empezó a pronunciarse en relación a los casos denunciados. 

La criminalización de la protesta y la persecución a quienes disienten de la corrupción en las empresas e instituciones públicas, también ha generado el encarcelamiento de trabajadores, con montajes judiciales a través de la Ley Contra el Odio y la acusación de terrorismo contra cualquier denuncia directa contra la corrupción gubernamental. En la ciudad de Caracas y por las redes sociales se ha desarrollado desde el 2020 la campaña #LiberenALxsTrabajadorxsPresxs logrando aglutinar y movilizar a familiares y amistades de los trabajadorxs judicializados, sectores sindicales, organizaciones sociales, políticas y defensoras de los derechos humanos (Correo del Caroní, 2021b). Los procesos judiciales se han desarrollado con constantes diferimientos, con atropellos al derecho penal, mientras en las prisiones los presos están en condiciones críticas, sin acceso a alimentos, medicamentos y mínimas condiciones de higiene y salubridad. El sistema carcelario no garantiza mínimas condiciones de vida, el acceso a comunicación, alimentos de mínima calidad, salud, se consiguen de manera privada, a través de las redes de mercado negro auspiciadas y capitalizadas (a través de “vacunas”) por quienes administran las cárceles. La burocracia y corrupción del sistema incluso mantiene recluidos a muchos privados de libertad con las boletas de excarcelación ya emitidas por un juez.

En estas condiciones, las redes de solidaridad han sido fundamentales para acompañar a los familiares, cuidar la vida de los privados de libertad, y realizar las acciones de denuncia y protesta. Este movimiento logra en abril del 2022 una medida de libertad para Rodney Álvarez, después de casi 11 años de prisión sin pruebas, siendo el caso más antiguo y conocido públicamente de los trabajadores presos. Su caso comienza cuando se comete un homicidio en una asamblea de trabajadores en Ferrominera del Orinoco, por parte de Hector Maicán (miembro del movimiento sindical del PSUV y protegido del gobernador del Estado Bolívar, Rangel Gómez) con cientos de testigos. Maicán fue detenido después del hecho, pero días después es liberado, y Rodney (trabajador de 25 años que participaba en la asamblea) es detenido como chivo expiatorio, siendo conducido hacia un fraude procesal histórico hasta que finalmente, tras años de lucha, amenazas y valentía de Rodney, se reconociera su inocencia. 
La impunidad general en la violación de derechos por parte del Estado se entrecruza con un sistema capturado por una privatización mafiosa de la justicia, en donde el retardo procesal supone una constante para quienes no pueden pagar las cuotas de jueces, fiscales, abogados y funcionarios que forman parte de este sistema. Frente a la pérdida general del sistema de justicia, las formas de resistencia social han pasado por la construcción de redes de acompañamiento, que puedan garantizar una mínima atención a las víctimas con los propios recursos que se derivan de la solidaridad y gestionados por las propias víctimas, tratando de evadir las relaciones asistenciales. Aunque frente al sistema de “injusticas” no hay todavía una alternativa, el tejido social construido en torno al acompañamiento y la reivindicación de las víctimas ha generado experiencia y aprendizajes fundamentales para la construcción de otra justicia, en donde las víctimas pueden encontrar un camino propio y colectivo hacia la reparación de sus vidas. 

La apuesta por nuevas comunidades de lucha 

El “crecimiento económico” que promete cada año el gobierno desde el comienzo de la crisis, se ha convertido en un proyecto de extracción salvaje de recursos para consolidar los capitales y grupos económicos que sostienen al proyecto gubernamental. Ya no se trata de la burocracia que se apropia de la redistribución de la renta sino de un entramado de agentes mafiosos que han generado procesos de acumulación privada de capital a partir de actividades relacionadas a la violencia para-institucional, grupos importadores y capitales externos beneficiados por el gobierno. La precariedad de las condiciones de vida se ha convertido en la premisa fundamental del crecimiento de los nuevos grupos económicos, pues tanto la desvalorización del trabajo, las dinámicas de sobrevivencia cotidianas como la desregulación y desidia institucional en torno a la protección de derechos han sido indispensables para el fortalecimiento de la economía mafiosa y su forma de ejercicio del poder y la gobernanza.

En esta situación toda forma de “crecimiento económico” genera una desigualdad indiscriminada, que acentúa no sólo el descontento social -ya arraigado desde el comienzo de la crisis- sino también la exposición de la opulencia de los nuevos grupos de privilegiados, generando un desconcierto en las mayorías que hemos visto una precarización inaudita de nuestras condiciones de vida. Con la tendencia a la despolarización y la crisis de representación de una clase política deslegitimada en su totalidad, las protestas sociales han jugado un papel fundamental como última línea de resistencia, empezando un proceso de recomposición de la voluntad de lucha en el país.

La resistencia social, de forma natural, empieza a recorrer nuevos caminos en donde la defensa del bienestar común vuelve a tejer la potencialidad de otra política, fuera de las estructuras anti-democráticas de la representación partidista. Aunque las organizaciones sociales apenas están logrando recuperar la iniciativa pública, las críticas condiciones de vida y la desigualdad escandalosa frente a los nuevos agentes de poder tensiona cada vez más a la opinión pública, y ha logrado convertir a las voces de la protesta social en referencias claves para expresar el descontento popular. 

En la protesta social se ha generado un cruce entre luchas que van desde la resistencia al desmantelamiento de derechos -principalmente los relacionados al trabajo- y nuevas iniciativas que han propiciado una renovación del movimiento social, en donde las organizaciones feministas han sido una de las más destacadas. Este cruce también es generacional, el sindicalismo tiene una relación orgánica con la clase trabajadora tradicional y con el movimiento de pensionados y jubilados del antiguo sector público (ahora en proceso de desmantelamiento), mientras las organizaciones, de la diversidad sexual, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, han desarrollado mecanismos de comunicación con las prácticas culturales de la juventud. 

El colapso de los servicios básicos y la llegada de la pandemia ha generado un incremento del sobre trabajo en labores de cuidados (tradicionalmente ocupado por las mujeres), mientras que la violencia familiar y hacia la mujer ha incrementado notablemente en un contexto de impunidad y de corrupción de las instituciones públicas. La crisis ha generado un aumento de prácticas atroces como la trata, la prostitución de menores de edad y toda forma de explotación de los cuerpos. Efectivamente, en la reestructuración autoritaria y mafiosa del poder, el patriarcado constituye un eje de poder que atraviesa la sociedad a través de la violencia y la imposición de jerarquía autoritarias. En este contexto, el movimiento feminista logró organizar una movilización de cientos de mujeres en el centro de Caracas el 28 de septiembre del 2021, en el contexto de una campaña por la despenalización del aborto, además de pequeñas protestas en otras regiones del país (El Diario, 2021b). Aunque el feminismo tiene una larga trayectoria en el país, durante el año 2021 se abrió la emergencia de nuevas generaciones que intentan superar los obstáculos de la polarización política y partidista, constituyéndose en un movimiento social con capacidad de juntar diversas voluntades en torno a las causas comunes.

La crisis de la educación pública, la deserción escolar, la migración masiva de jóvenes en los últimos años, además de la ausencia de actividades presenciales en liceos y universidades durante la pandemia, ha descompuesto los espacios de encuentro y politización tradicionales de los jóvenes. Los movimientos estudiantiles permanecen ausentes de la conflictividad, apenas se logran mantener pequeños grupos de activismo relacionados a los partidos tradicionales. La crisis ha formado una nueva generación que no se ha podido preocupar por las condiciones de vida colectivas, sino por la sobrevivencia diaria individual, sin embargo, hay una tensión que crece ya completamente desligada de las organizaciones políticas tradicionales, que abrirá a su manera, nuevas formas de expresarse.

Reflexiones finales sobre otra política

A diferencia de los partidos, la dinámica de los movimientos sociales no se constituye como representación, sino como organización y expresión directa de los sujetos y actores que forman parte de la sociedad, aquí lo democrático pasa de ser un postulado ideológico -ya inoperante- a una práctica constitutiva de las organizaciones sociales. En la calle, el ejercicio de la protesta no sólo tiene como objetivo la formulación de una exigencia formal (lo cual es cada vez más indiferente debido a las nulas respuestas de las instituciones) sino la creación de confianza y seguridad colectiva entre las nuevas comunidades de lucha que se empiezan a forjar, por la pura necesidad de alzar la voz frente a una injusticia, de hacer grietas en el silencio institucional y de entusiasmar a la población para el ejercicio de sus derechos. 

La autonomía y la práctica democrática de las nuevas comunidades de lucha permiten mantener el ejercicio de la política en la cotidianidad de la vida social, descomponiendo las prácticas que tienden a fragmentar el tejido social en torno a intereses o políticas externas. Autonomía, despolarización, articulación desde la diversidad ideológica como nuevo signo de lo común, ausencia de jerarquía, funcionamiento colectivo y redes de solidaridad, son algunas de las claves que han surgido en los movimientos sociales, mientras que la asamblea o el encuentro abierto es su forma de reordenar democráticamente el espacio público. 

Las comunidades de lucha pueden ser absolutamente territoriales como las guardias indígenas, o pueden desterritorializarse en comunidades de activistas que agrupan iniciativas o campañas nacionales, son caminos que tienden a cruzarse. Hay una necesidad de responder a situaciones propiamente territoriales, en donde se expresa de forma concreta el ejercicio del poder, mientras que la comunicación y la articulación en torno a la conflictividad nacional también es indispensable.  

En este momento de transición indefinida, se hace urgente avanzar en la práctica concreta de otra política, que pueda recuperar la participación política de las mayorías, fuera de los canales de representación y captura al que nos han acostumbrado el partidaje tradicional, otra política que pueda construir una sociedad democrática en la medida en que va desmantelando el proyecto de violencia que impone la tendencia mafiosa de la acumulación de capital. 

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