Otro informe sobre DDHH, en este caso realizado por la Misión Independiente de la ONU, bajo el encargo del cartel de Lima; con señalamientos sin consistencia, sin verificación de los hechos, sin análisis, pruebas, confirmaciones o comprobaciones. Un informe realizado a control remoto, con refritos, con errores. Los fulanos "expertos" nunca entraron al país, ni de incógnitos; ni de nada; colocando como referencia redes sociales, twitter, facebook, youtube, artículos de opinión e informaciones periodísticas o de noticieros de cadenas televisivas; casi todos reñidas con la verdad y de dudosa credibilidad; que ya sabemos con anticipación, como trastocan las informaciones, sobre todo las que provienen de Venezuela y su gobierno. Eso sí, con el deliberado propósito de colocar a nuestro país en el banquillo de acusarlo de "algo". Tanto el Fiscal General de la República Tarek W. Saab; como el Canciller Jorge Arreaza, se encargaron de descalificar y desmontar el bodrio de la ONU. Entre algunos, se evidencia un desconocimiento de las leyes, colocan a Venezuela como miembro de la OEA, cuando es conocido por todos que se auto excluyó el 21/04/2017 y se hizo efectiva en el 2019. Reconocen como jefe del gobierno venezolano a Juan Guaido; cuando todo el mundo sabe que no es presidente de nada. Salen a flote responsabilidades de la ex fiscal Luisa Ortega Diaz; quien salió presurosamente del país, huyendo de la justicia, ahora vive un exilio dorado protegida por el gobierno colombiano. Para rematar se lanzan con unos videos, tanto de Leopoldo López, como de Juan Requesens, donde relatan el trato preferencial, a cuerpo de rey que recibían en la cárcel; lejos de ser el trato degradante y cruel que según el informe los tenían sometidos.
Ahora bien, quien es ese "experto" que redacta el informe de la ONU y por el que le están pagando la apreciable suma de 5 millones de dólares; flanqueado por dos ex reinas de belleza; la portuguesa Marta Vriñas y la representante ante la ONU Carrie Filipetti. El abogado Francisco Cox de nacionalidad chilena y defensor de conocidas figuras ligadas al dictador Augusto Pinochet, que gobernó a Chile por 18 años, luego del asesinato de Salvador Allende, desatando en ese país una de las mas ignominiosas y crueles dictaduras.
De Sebastián Piñera, presidente de Chile; recordemos que durante las protestas del año pasado, durante cuatro meses; 352 chilenos perdieron la visión, los carabineros dispararon perdigones a los ojos de los manifestantes. Hubo 11.000 heridos, 36 muertos; lanzaban gas lacrimógeno directamente a la humanidad de los manifestantes. Desnudaban a las mujeres detenidas en las manifestaciones, en algunos casos las violaban. Si esto no son crímenes de lesa humanidad. Todo esto se llevaba a cabo en forma sistemática. ¿Cómo se le llama? Mientras que al presidente Maduro, le tocó que enfrentar similares arremetidas en los años 2015 - 2016 de la derecha recalcitrante y a punta de diálogo les bajó los humos.
Como se puede apreciar en Chile se cometieron graves violaciones a los DDHH. Bajo una institucionalidad que no funciona y un gobierno que para nada promueve la investigación, ni señala responsables y menos incrimina a nadie. Donde su presidente en varias oportunidades tuvo el tupé de ordenar masacres al pueblo que estaba en las calles. Pero qué ha dicho este "experto", no "creo que Piñera tenga responsabilidad penal". Luego con el mayor rubor recalca: "No creo que lo que pasó en Chile sea crimen de lesa humanidad".
Llama la atención que un informe de esta naturaleza le da publicidad, a dos meses y medio de las elecciones parlamentarias, que para remate los mandantes de ese mejunje están llamando a la abstención y de paso el gobierno constitucional de Maduro le está dando libertad 110 políticos presos. Todos a votar el venidero 6 de diciembre.
