La élite gubernamental, en su clara desviación de derecha, en esta última década se focalizó en intentar de resolver, sin éxito alguno, los problemas de "la política", de "los políticos" y del gobierno, olvidándose del surgimiento y desarrollo de los problemas cotidianos de la gente.

Los problemas cotidianos de la gente, decía el maestro Carlos Matus, son aquellos que el hombre y la mujer de pie, sienten en la piel todos los días: un ciudadano se levanta en la mañana, pasa el swiche del apagador y no hay luz, se fue hace 8 horas; va al baño y no hay agua; quiere comunicarse y no hay línea; sale a la calle y no hay transporte; va a la bodega de la esquina y quiere comprar alimentos, pero el dinero no le alcanza y lo que puede ser más barato, es escaso, quiere tanquear su vehículo y no hay gasolina…

Ese accionar antes descrito, en la gestión actual de gobierno ha provocado resultados, que mantienen al pueblo en la más grande de sus suplicios, donde lo más notorio ha sido llevar a los trabajadores a una condición de esclavitud laboral; y sin poder defenderse, ya que, la Defensoría del Pueblo, se transformó en la defensoría del gobierno; el Tribunal Supremo de Justicia, derivó en el Tribunal Supremo de la "Justicia del gobierno"; la Contraloría General de la Nación, pasó a ser la Alcahuetería General de Gobierno; la ANC, más temprano que tarde, se convirtió en un bochornoso circo de focas, incapaz de construir leyes revolucionarias para defender al pueblo, aun cuando, las leyes no hacen revolución, sino que, es la revolución la que hace las leyes; la Fiscalía, no ha podido cumplir un papel más triste, siempre he referido, y referiré en mis escritos, aquella bochornosa escena, cuando el hoy defenestrado Vladimir Villegas, le preguntó al fiscal :¿Se tortura en Venezuela? ¿Sí o no? (https//m.aporrea.org/ddhh/a280048.html)

Todo este cuadro configura un panorama cuyas señales apuntan progresivamente a una desaparición definitiva de un clima democrático, por eso, el valiente y pertinente recurso introducido ante el TSJ, por Marea Socialista, sobre la aplicación del Artículo 91 de la CRBV, donde se establece que el salario mínimo, debe considerar entre otras referencias al costo de la Cesta Básica, cumplió más de 17.250 horas (dos años) en el TSJ, sin respuesta alguna.

El salario justo a los trabajadores es el resorte que detiene la intranquilidad acumulada de la sociedad venezolana; esa intranquilidad, hasta ahora contenida por una represión sin precedentes en Venezuela, se incrementa cada día que pasa y se acerca peligrosamente a un estallido social de consecuencias impredecibles.

El salario de los trabajadores tiende matemáticamente a cero, aproximadamente, según las estimaciones de CENDA, la Canasta Básica en el mes de marzo del año en curso, se estima en 19.156.813,66, que coloca a la Canasta Básica $ 236,66/mes, y con un salario de $2.33, que representa el 0, 98% de la Canasta Básica.

El cumplimiento del Artículo 91, constitucional no tendrá concreción en este clima anti democrático, sin la separación de poderes, sencillamente porque sería una conquista verdaderamente revolucionaria, incompatible con el accionar de una clase gubernamental contrarrevolucionaria, cuyo objetiva fundamental es mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluso del sacrificio de toda la sociedad venezolana.

Rescatar la democracia y abolir la esclavitud laboral, debe estar alejada de aventuras golpistas e intervención extranjera; y se debe actuar, antes que un estallido social conlleve a un derramamiento de sangre en el país; y todo pasa por una actitud valiente del gobierno y la oposición, en la necesidad impostergable de lograr un acuerdo que le permita a la sociedad venezolana, salir democráticamente de la crisis, que no es solo una amenaza contra derechas e izquierdas, sino contra toda la sociedad venezolana.

El gobierno está sobre una bomba de tiempo; fracasados los precios acordados por segundo año consecutivo, quienes estamos en cuarentena empezamos a pasar el hambre hereje; cinco años consecutivos de contracción económica, dos años de estos con hiperinflación; con un acelerado camino al abismo de todos los servicios públicos de carácter estratégico (salud, educación, electricidad, agua, aseo y la incendiaria gasolina), si esto le sumamos la amenaza de desborde del COVID-19, de acuerdo a lo informado por el gobierno estas dos últimas semanas, la cúpula gubernamental, debe ir pensando en un gobierno emergencia nacional, que representa para ellos el menor costo político para su futuro; ya que, esta gestión gubernamental actual no tiene ninguna posibilidad de revertir la grave crisis humanitaria que amenaza a toda la sociedad venezolana.

Artículo 91 de la CRBV

"Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento"