Los trabajadores en lucha

Uno de los sectores sociales más activos y conscientes en el país, es el de los trabajadores. Ellos, como clase social y epicentro de todos los esfuerzos transformadores de la sociedad, están llamados a asumir el papel de vanguardia, conductor y desencadenante de la movilización popular en reconquista de sus derechos, del restablecimiento de la Constitución y de los objetivos históricos del Plan de la Patria.

Los trabajadores, empleados y obreros, han sido víctimas de un atropello permanente por parte de este gobierno que, paradójicamente, dice tener un "presidente obrero". Con las medidas tomadas aquel nefasto 17 de agosto de 2018, cuando maduro anunció su paquetazo, el gobierno arrebató de un plumazo todas las conquistas sociales de los trabajadores, pulverizó su salario, sus ahorros y descargó al empleador, público y privado, de sus obligaciones para con ellos.

Los anuncios del paquetazo, además de profundamente anti populares y regresivos, fueron fundamentalmente anti-obreros. Fueron los trabajadores los que sufrieron los mayores embates, los que se llevaron la peor parte. Contra ellos iban dirigidas la mayoría de las decisiones.

En aquel momento advertimos que el anuncio de "déficit cero" del gobierno, medida tan macrista como madurista, significaría que el Estado, el mayor empleador del país, barrería con los derechos y conquistas laborales, se quitaría de encima la carga financiera que para ellos, ahora con exiguos ingresos petroleros, significan los compromisos laborales del Estado. El gobierno viola abiertamente la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo cuando vulnera la progresividad de los derechos sociales y económicos de los trabajadores, de los asalariados.

Todas las medidas de corte monetarista, el objetivo de "déficit cero", los recortes presupuestarios, la desaparición de los programas sociales y Misiones, el abandono de la infraestructura de salud, educación, servicios públicos, la mega devaluación, el aumento del IVA (el impuesto más regresivo de todos), indican claramente que la crisis económica, generada por el mismo madurismo, se decidió en contra del pueblo.

En el modelo económico del madurismo, un esquema brutalmente capitalista, depredador de nuestros recursos naturales, expropiador del trabajo y de las riquezas del país, ahora mucho más dependiente y minero extractivo que nunca, se ha fijado como objetivo destruir el valor del trabajo. Se trata de un modelo donde el trabajo no importa, de hecho, una caída acumulada del 64% del PIB en el periodo madurista, indica que nuestro aparato productivo, público y privado, está virtualmente paralizado. Ahora en este modelo extractivista, no se procesa, ni manufactura nada: ni petróleo, ni acero, ni aluminio, ni hierro; no se producen alimentos, ni insumos industriales, ni bienes para el consumo interno, todo se importa, solo se extraen recursos minerales.

El gobierno vende todo lo que se pueda, así, en bruto, sin valor agregado, sin crear riqueza en el país, sin trabajo, se nos expropia todo lo que se pueda extraer del territorio nacional. Se entrega el petróleo, PDVSA, el gas, CANTV, el oro, el Arco Minero.

El país vive en un "sálvese quien pueda". Sobrevive quien pueda traer dólares o bien porque se los envía algún familiar desde el exterior, o porque hace las cosas más inverosímiles, impensables hace tan solo seis años, para obtener 20, 30 dólares. También ha surgido una nueva clase de nuevos ricos, "empresarios", funcionarios, o ex funcionarios, civiles y militares, que tienen acceso a los dólares del Estado, a los contratos con empresas del sector público o con el gobierno, a la venta de petróleo con descuentos, al tráfico de fertilizantes, oro, coltán, y otros minerales. A la sombra de este desastre, ha crecido un sector económico especulativo, una economía terciaria, muy reducida, que se enriqueció especulando con los pocos bienes y servicios que están disponibles aún en el país. El resto vive detrás de una caja o hace maromas para vivir con un salario con el que no puede, ni siquiera, comprar un cartón de huevos.

Venezuela es hoy día un país pobre, cerca del 87% de su población está en la pobreza, de acuerdo con los índices establecido por la ONU. Es un país sin protección social, ni garantías de ningún tipo, triste.

El gobierno sabe que este modelo es insostenible. Ha acabado con todo, con PDVSA y el resto de las empresas del Estado, con las reservas en oro del BCV, en la que estamos en niveles mínimos históricos de tan solo 8 mil millones de dólares. En cuanto al sector minero, saben que ese "boom" o "bulla" minera no alcanza para sostener su aparato, ni satisfacer sus propios intereses. Es por ésto que el gobierno recurre a la privatización de los activos y empresas del Estado. No solo hablan de una nueva alianza con una "burguesía revolucionaria", lo cual en sí mismo es una contradicción, sino que se han entregado a las transnacionales, no solo rusas, chinas o turcas, sino a cualquiera que quiera venir a participar del despojo, con tal de ellos mantenerse en el poder.

En este tema de la entrega y la privatización, coinciden completamente el modelo de maduro y el "plan país" de guaidó. Maduro ya está haciendo lo que guaidó promete que hará, solo que los beneficiarios serán otros. Todo el país observa que entre estos dos sectores no existen diferencias de fondo en sus proyectos. Sostienen una fuerte confrontación discursiva por mantenerse en el poder o alcanzar el poder, pero no hay diferencias en lo que quieren hacer con nuestra economía y nuestro país.

Pero, para cumplir su meta o alcanzar su objetivo, es decir, para que algún inversionista venga al país a participar de esta entrega, la de maduro o guaido, el sector empresarial transnacional necesita "garantías", políticas y económicas, necesitan "limpiar el terreno" de cualquier vestigio de Chavismo. No solo se trata de lo político, de lo que se han encargado en buena medida, sino que necesitan borrar las conquistas y niveles de seguridad y protección social que habían alcanzado los trabajadores durante el periodo de gobierno del presidente Chávez.

A maduro le ha correspondido el trabajo sucio de arrebatar los derechos y conquistas laborales de los trabajadores venezolanos, alcanzados en años de lucha obrera y sindical, para disponer de mano de obra semi-esclava que trabaja por un salario mínimo de 2 dólares mensuales, sin contrataciones colectivas, ni derechos a la salud, educación, estabilidad laboral o protección legal.

Ésta es la situación actual, de facto, todas las conquistas y beneficios de los trabajadores de las empresas del Estado y de la Administración pública han sido eliminadas. Las distintas convenciones de los trabajadores han sido abolidas por el gobierno, todos los trabajadores han sido "nivelados" hacia abajo. Entre tanto, las prestaciones se esfumaron con la mega devaluación del nuevo cono monetario donde eliminaron los cinco ceros al bolívar fuerte.

En fin, más allá de que se declare un presidente "obrero", maduro y los sindicalistas adecos que lo acompañan, le han propinado un duro golpe a la clase obrera venezolana, han violentado de manera brutal sus derechos y los han convertido en mano de obra barata, desmovilizada y dispersa, para ser explotados a sus anchas, y sin problemas legales de ningún tipo, por los empresarios e inversionistas que acuden a saquear al país.

Es curioso que, para imponer este despojo a los derechos de los trabajadores, el gobierno haya utilizado a los organismos de inteligencia del Estado para reprimir y acallar sus protestas y haya militarizado, sobre todo utilizando a la Guardia Nacional, las empresas del Estado más emblemáticas, donde pudiese haber una reacción a esta política anti-obrera: PDVSA, las Empresas Básicas, y Corpoelec, entre las más grandes, han estado bajo la dirección de los sectores de la derecha militar que han ascendido con maduro.

Los militares que dirigen las empresas del Estado actúan como si se tratase de un ejército de ocupación: maltratan y vejan a los trabajadores, no les permiten expresarse libremente, ni exigir sus derechos. Utilizan su autoridad militar para enviar a prisión a dirigentes sindicales, como ha pasado en PDVSA, Corpoelec, Ferrominera, Metro, utilizan a la Guardia Nacional para amedrentar y reprimir abiertamente a los trabajadores, y ocupar sus sedes sindicales. También usan a los organismos de inteligencia para vigilarlos y perseguirlos.

El caso de PDVSA ha sido el más grave. Aquí se desató una persecución en contra de los trabajadores que ya lleva más de cien detenidos-secuestrados por el gobierno. Arrasaron con la Faja Petrolífera, Occidente, Amuay, pasando por los trabajadores de INTEVEP, hasta las maestras de la Guardería la Alquitrana.todos han sido víctimas de los atropellos y violencia del madurismo, 30 mil trabajadores han abandonado la empresa en los últimos 4 años por no estar dispuestos a ser maltratados y denigrados por los agentes del gobierno.

En las compañías del Estado y los ministerios, el madurismo ha creado grupos proto fascistas que vigilan, persiguen, acusan y señalan a cualquiera que exprese su molestia o disconformidad con el rumbo de la empresa, o la situación del país. Han recurrido a dividir y fraccionar a los trabajadores, utilizando a los muchachos de "chamba juvenil" como sustitutos de maestros, enfermeras, técnicos, profesionales, trabajadores petroleros o cualquiera que reclame sus derechos. Los utilizan como esquiroles para amedrentar a sus propios compañeros.

Los que dirigen los ministerios y demás organismos de la administración pública, violan las convenciones colectivas y derechos de los trabajadores, valiéndose de los organismos represivos del Estado para impedir manifestaciones y protestas de trabajadores, maestros y profesores, empleados y obreros universitarios, enfermeras y médicos. Han sido emblemáticas las actuaciones anti obreras de sus ministros o directores quienes, paradójicamente, en algunos casos, fueron dirigentes políticos de izquierda o dirigentes gremiales. Ahora, son maduristas y desconocen lo que ellos saben son conquistas históricas de los trabajadores.

El ministerio del Trabajo es el principal agente violador de la Ley Orgánica del Trabajo, los inspectores y el ministro hacen oídos sordos a los justos reclamos de los trabajadores y han emitido disposiciones y memoranda como el 2.792, que permiten la práctica de "suspensión" de trabajadores de sus puestos de trabajo, suspensión de sueldos y salarios. Se hacen oídos sordos de las masivas violaciones a los derechos que sufren los trabajadores.

Ahora, lo que debe estar claro, es que más allá de la lucha por las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, el objetivo debe ser convertirse en una fuerza movilizadora de todo el pueblo. Porque más allá de la lucha reivindicativa, está la política para lograr un cambio de la dirección del país. Hay que retomar el camino de Chávez, de la Constitución y restablecer, no sólo los derechos y conquistas de los trabajadores, sino de todo el pueblo.

En el caso de los trabajadores petroleros, a quienes saludo y envío mi mensaje de solidaridad y lucha, no solo se trata de exigir la nueva Convención Colectiva, salarios justos, que funcione Sicoprosa, que funcionen los comedores, los centros de salud, la atención a los jubilados; que mejoren las condiciones de trabajo, que existan las dotaciones y equipamiento necesarios, sino que, de lo que se trata, es de evitar la entrega de PDVSA, de nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera, de evitar la privatización de la empresa, la entrega de equipos y operaciones a las transnacionales, denunciar y movilizarse en contra de la entrega del petróleo y del gas, de la soberanía económica del país.

Si los trabajadores petroleros no dicen y hacen algo para detener este plan, tal como en su momento lo hicimos cuando el artero sabotaje petrolero entre 2002 y 2003, maduro o guaidó arrasarán y entregarán el futuro de nuestro pueblo, la posibilidad de convertir al petróleo en un instrumento de liberación, de justicia social y bienestar para todo el país.

En el caso de los trabajadores universitarios, movilizados y en lucha, no solo se trata de luchar por salarios dignos, sino de rescatar a las universidades, la educación para el pueblo, el conocimiento como factor fundamental de progreso y avance de la sociedad. Los maestros y profesores saben que no solo tienen salarios de hambre y se han violado sus convenciones, sino que los niños y jóvenes abandonan el aula por hambre, porque se van del país, porque tienen que trabajar, porque se acabaron los programas de alimentación y las dotaciones. Los docentes saben que en estas condiciones nuestros niños y jóvenes no tienen futuro, ni posibilidades de salir adelante.

Las enfermeras y médicos saben la cantidad de niños que mueren al nacer, de la mortalidad materno-infantil, de la desnutrición, de las enfermedades que habiendo sido erradicadas vuelven a aparecer. El personal médico y paramédico sabe de la falta de medicamentos, de los pacientes con enfermedades de alto riesgo que están condenados a muerte por falta de tratamientos, medicinas o trasplantes. Están conscientes, de que hoy día quien no tiene dólares para atender una dolencia o una emergencia, tiene una alta posibilidad de morir por falta de acceso a la salud.

También saben que la Misión Barrio Adentro se vino abajo, que no hay dotación, que los hospitales no están aptos para recibir pacientes, saben cuántos han muerto en cada apagón nacional, que no hay insumos para las operaciones, que la gente se resigna a morir, otra vez, la "mala suerte" de los pobres.

Los trabajadores conforman el sector político-social capaz de dar ese salto necesario y ponerse a la vanguardia del pueblo. Nadie más los puede representar, ni tiene la legitimidad para hacerlo. No aceptarán el chantaje del madurismo, ni escucharán a la oposición que clama por una invasión o intervención extranjera.

La clase obrera está llamada a ocupar su puesto en la historia, a dejar atrás el miedo, la apatía, la desmovilización. La Patria reclama de su esfuerzo, de su liderazgo como sector social del pueblo, verdaderos hijos del pueblo humilde, que no se venderán, ni transformarán en obesos sindicalistas y politiqueros que traicionan y entregan los más sagrados intereses de la Patria.

Hay que unirse y diseñar un programa de lucha claro y combativo, sin ambigüedades ni medias tintas, sin caer en el chantaje de maduro o guaidó. Hay que volver a la Constitución, a los objetivos del Plan de la Patria, hay que restablecer la soberanía popular, la soberanía económica, detener la entrega del país, la privatización de las empresas del Estado, volver a la solidaridad, al sueño posible, volver a Chávez!

 



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Rafael Ramírez Carreño

Ingeniero y político venezolano. Ex-embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU. Ex-ministro de Energía y Minas y expresidente de empresa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) hasta el año 2014. Militante Revolucionario, Chavista y Bolivariano.

 @RRamirezVE

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