El país se encuentra atrapado en una paradoja. Por un lado, existe una extendida convicción social de que el sistema de justicia nacional que es ineficiente y corrupto; y al mismo tiempo insistimos en judicializar cualquier conflicto, con el objetivo de castigar implacablemente a cualquiera que consideramos, con pruebas o sin ellas, culpable de nuestros males.

La crónica judicial reciente es sintomática de un sistema en crisis que enfrenta grandes dificultades para garantizar una resolución oportuna, transparente y justa de los casos; así como el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados. Es sintomático de la fragilidad institucional de la Justicia en el país, pero también de una sociedad que privilegia no la comprensión de los problemas que la aquejan, sino la búsqueda de culpables; y en la que se utilizan los tribunales para ajustes de cuentas políticos o personales.

No sobra recordar que es deber del Estado investigar y castigar todos los actos que contravengan las leyes, a través de procedimientos que garantizan una investigación adecuada de los hechos, y el respeto de los derechos de las víctimas y de los acusados. Nada justifica que se violen esos derechos básicos. Se ha discutido mucho de los problemas del sistema judicial para garantizar estos principios. Sin embargo, no se habla suficientemente sobre las prácticas sociales ni de la cultura política que impulsan y alimentan tales falencias.

Resulta hipócrita rasgarse las vestiduras, como se está haciendo ahora, sobre la irresponsabilidad de los jueces y fiscales que condenan a inocentes sin pruebas suficientes sin reflexionar, también, sobre la tendencia generalizada de designar culpables sin esperar las investigaciones correspondientes; el uso de los "procesos judiciales" como armas contra los adversarios políticos, o la competencia por aumentar penas de cárcel sin medir las consecuencias, ¿De qué presunción de inocencia estamos hablando cuando gran parte de la opinión pública no descansa hasta ver enmanillado al "malvado" de turno? ¿O para la cual cualquier medida sustitutiva es un arreglo o una muestra de debilidad del sistema? Eso no evita que muchos de los inquisidores pongan cara de compungidos cuando se informa que el 70% de reclusos no tiene sentencia o que el hacinamiento en las cárceles supera el 300%.

Un botón de muestra de que aprendemos poco de estas tragedias humanas: sin saber con precisión los errores que se cometieron en la aplicación del Proyecto Bolivariano y su amistad con los Clinton, envueltos en problemas en República Dominicana, Haití e islas vecinas como Barbados.

El complejo debate del Código del Sistema Penal no está libre de tensiones y debe ser tratado sin apuros, máxime tratándose de una normativa que, de ser bien administrada, podría activar de una vez por todas la tan esperada reforma judicial. El proyecto, que tiene un conjunto de artículos y disposiciones transitorias, debe comenzar a cobrar notoriedad pública a partir de los ajustes a la regulación sobre el aborto y, el pase de asuntos civiles a militares.

La posibilidad de que la entidad verde olivo no se subordine institucionalmente a la Fiscalía en el ámbito de las pericias sobre los delitos debe elevar varias alertas entre los uniformados, aunque luego ese ajuste fuese desechado. El Ministro de Gobierno debe asegurar que no exista en el país ninguna institución que pueda asumir el papel policial en las pesquisas criminales; valorar además su capacidad y presencia a escala, junto a su formación científica para poder esclarecer delitos que golpean a víctimas particulares y al Estado. Los militares, deben estar en los cuarteles, haciendo su labor de patria

Este nuevo punto de debate sobre el sistema penal- militar deja una reflexión que apunta a la urgente necesidad de fortalecer las instituciones, con la perspectiva de frenar la injusticia, un flagelo que carcome a nuestra sociedad.

Nos encontramos en un entramado social, donde los caprichos están sobre la ley y la prensa.

La realidad cósmica, incluyendo a la social, está constituida por una unión dinámica de opuestos. Debido al incesante movimiento de la materia –movimiento igual a cambio-- la correlación de fuerzas entre los opuestos sufre variaciones, lo que genera las transiciones sistémicas. Esto significa que las tres posiciones esenciales que caracterizan políticamente a toda comunidad e institución humana --vanguardia, centro y retaguardia-- son dinámicas y situacionales. A diferencia, por ejemplo, del status estático de las coordenadas geográficas de la cartografía. Un ejemplo bélico lo ilustra. En la guerra, la ofensiva es la "reina" de las operaciones. Sin embargo, cuando un contingente militar se queda encerrada en un "caldero", la medida adecuada de vanguardia es la retirada, para impedir su destrucción. Combinando este razonamiento dialéctico con el aforismo de Bismarck, de que la política es el arte de lo posible, y con el axioma de la ética, de que un proyecto social sólo es ético, cuando es viable (realista), entonces queda evidente, que en muchos contextos políticos latinoamericanos actuales una posición de centro es equivalente a una posición de vanguardia. La vanguardia es una función dependiente de las condiciones objetivas en que actúa el Transitor, no la presunción de élites y caciques dominantes o la reliquia de una narrativa.

Los ineptos delincuentes socialdemócratas. Unos que otros han destruido las economías nacionales, la democracia formal burguesa y el contrato social de la nación. En consecuencia, la espiral hacia las dictaduras militares avanza. En el caso de la socialdemocracia, todo el desastre se ha desarrollado con la complicidad de los gobiernos "progresistas" que se han callado la boca ante los crímenes y mentiras de Maduro. Sustituyeron la solidaridad revolucionaria internacional por la cultura de la mafia y la omertá (ley del silencio). Incluso hoy, cuando Maduro pretende ejecutar su mayor crimen, tratando de provocar desesperadamente una guerra con el peón terrorista criollo de la OTAN, Colombia --usando el pueblo como carne de cañón-- o la intervención militar del Monroeismo, para salvar su pellejo, se callan esos gobiernos, líderes y partidos "antimperialistas", socialistas y comunistas de América Latina. ¿Como quieren así, que "la Izquierda" tenga algún papel progresista que jugar en la Patria Grande?

Cuando un proyecto nacional de centro logra convertirse en gobernanza, necesita cumplir con dos tareas primordiales: atender las necesidades de la gente lo mejor posible, dentro de las limitaciones que imponen las condiciones objetivas; asimismo, preparar la hegemonía y conservación del poder, más allá del primer mandato.

Colapsada la época de la socialdemocracia criolla, los pueblos de la Patria Grande se encuentran una vez más entre el neofascismo monroeista del Norte y las proliferantes dictaduras del Estado de Seguridad Nacional del Sur.

En la ultraizquierda, el ataque al Centro se deriva de una combinación de arrogancia intelectual y de auto asumirse de manera desmesurada como el auténtico representante "del pueblo", de "los trabajadores", de "los pueblos indígenas", de "los campesinos", etcétera. Más poderoso aún que este mind set (pensamiento) narcisista son sus intereses utilitaristas, es decir: defender sus franquicias de poder, como columnas periodísticas, espacios televisivos, corporativismos sindicales, cofradías académicas oligopólicas, nomenclaturas partidistas y movimientos sociales bajo control de gurús y caciques. A este conglomerado variopinto se agrega toda una cohorte oportunista de poetas, filósofos y expertos al vapor, que demandan ser protagonistas de la transición.

Haití, nos revela de nuevo, un camino perverso de la lucha del poder. Y como los políticos y religiosos se envuelven en problemas con menores de edad.