El año 2017 comenzó políticamente tenso con una oposición que reclamaba por un referendo revocatorio presidencial que no pudo efectuarse debido a una presunta falsificación de firmas en su trámite así como elecciones a gobernadores que fueron postergadas a causa partidos opositores que no estaban al día con la normativa electoral. La oposición preparaba una campaña de violencia que se conocería como las "guarimbas" y que en la práctica sería una forma de terrorismo o acciones de violencia letal en las calles para presionar al gobierno y atemorizar a la población.

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En el segundo trimestre del año la entonces Fiscal General de la República denunció que decisiones del Tribunal Supremo de Justicia supuestamente afectaban las libertades democráticas y los derechos del Poder Legislativo Nacional en manos de la oposición pero aunque tales decisiones judiciales fueron modificadas, la fiscal siguió dando declaraciones acusatorias en contra de todos los poderes públicos, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro. Aparecieron evidencias de un pacto entre la fiscal y la oposición para derrocar al gobierno.

La controversia entre altos representantes del Estado fue aprovechada por la jefes de oposición para lanzar a sus miles de seguidores a la calle a reclamar democracia, soluciones a la crisis económica y adelanto de elecciones presidenciales fuera de la ley. Sin embargo, rápidamente estas manifestaciones se transformaron en protestas violentas y armadas fuera de lo permitido por la Constitución.

La violencia política se extendió por 4 meses con más de 130 muertos entre los que se encontraban soldados y policías que intentaban restituir el orden, manifestantes armados con cocteles molotov y varios simpatizantes del gobierno que fueron linchados y quemados por opositores criminales.

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Grandes medios de comunicación a nivel internacional presentaban a Venezuela como un Estado forajido que aplicaba represión brutal contra manifestantes indefensos sin tomar en cuenta que estos opositores al gobierno usaban explosivos y armas de fuego, además de trancar vías terrestres que ponían en riesgo la vida de miles de inocentes.

Poderosos gobiernos capitalistas se pronunciaban contra Venezuela exigiendo al Presidente Maduro que atendieran los reclamos de la oposición pero sin condenar la violencia fomentada por los líderes opositores.

Cuando este país latinoamericano parecía al borde de una guerra civil o una invasión extranjera para supuestamente pacificarlo, el Presidente venezolano propuso una Asamblea Nacional Constituyente prevista en la Constitución de Venezuela como solución política al conflicto.

En julio se hizo la elección para la Asamblea Constituyente, una especie de Parlamento con poderes ampliados que tiene jerarquía superior al ejecutivo, legislativo y judicial. La oposición no participó y el Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza gobernante, obtuvo un triunfo abrumador con más de ocho millones de votos y le devolvió la paz a la nación pues la violencia opositora desapareció de las calles venezolanas.

Gobiernos extranjeros que adversan al régimen de Maduro denunciaron fraude en la elección de Asamblea Constituyente pero ni ellos ni la oposición venezolana presentaron pruebas de lo alegado. En los meses siguientes se realizaron elecciones a gobernadores y alcaldes, todas estas significaron victorias aplastantes a favor del chavismo, lo cual causó sorpresa internacional pues, debido a la propaganda negativa de medios extranjero, se pensaba que la mayoría de los venezolanos estaban en contra de su gobierno.

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2017 será recordado como el año en que las protestas violentas y armadas de la oposición fueron derrotadas por tres elecciones promovidas y ganadas por el chavismo.

Queda pendiente por resolver, y así lo asume el propio gobirrno, la problemática económica, caracterizada por inflación o alza desmedida de los precios en bienes esenciales, al igual que declive en la venta de petróleo. El año culmina con una profunda operación contra la corrupción dentro de la industria petrolera venezolana que ha llevado a prisión a los dos últimos presidentes de su compañía matriz PDVSA.

Las perspectivas políticas favorecen la reelección del Presidente Nicolás Maduro en 2018 pues su partido posee enorme mayoría en gobernaciones, alcaldías y la poderosa Asamblea Constituyente que tiene entre sus metas transformar el Estado, decretar leyes y redactar una nueva Constitución que el pueblo aprobará mediante el voto.

Por su lado, la oposición vive una profunda división pues unos partidos apoyan participar en futuras elecciones y otros no, algunos proponen dialogar con el gobierno mientras los radicales amenazan con retomar la violencia en las calles. Hasta el presente no logran ponerse de acuerdo en cuanto a quién será su candidato presidencial en 2018.

Venezuela enfrenta actualmente duras sanciones económicas dictadas por el gobierno de EEUU pero hace esfuerzos por lograr formas de superar las nefastas consecuencias de esta adversidad.

Ante el fracaso de la violencia opositora, de la amenaza de invasión militar y el bloqueo evonómico extranjero, la vía constitucional, pacífica y electoral parece consolidarse en Venezuela como el camino de solución más adecuado a las discrepancias que se suscitan en cualquier país democrático.