La Fiscal dicta sentencia en televisión pero su acto es falso, solamente el poder judicial puede dictar sentencias, o sea, sólo un Tribunal mediante un juicio dicta decisiones definitivas que se convierten en ley estableciendo quién es culpable y quién es inocente.
La Fiscal dice que los terroristas son pacíficos y que los militares son los que matan. Es mentirosa, no tiene pruebas de lo que dice porque ella no investiga, quien lleva las averiguaciones criminalísticas de los delitos es el CICPC, no la fiscalía. Y no fueron precisamente actas del CICPC (sino una chuleta elaborada por directivos fascistas del Ministerio Público) lo que leyó la Fiscal cuando irresponsablemente inventó que una bomba lacrimógena mató a un joven venezolano. La Fiscal viola el principio universal de la presunción de inocencia y el debido proceso.
La Fiscal no imputa ni acusa a los terroristas por sus graves delitos, lo cual significa abandono del cargo debido a su dejadez frente a sus atribuciones constitucionales previstas en el artículo 285 de la Carta Magna, esencialmente: ejercer la acción penal contra los criminales. Por su culpa estos asesinos están libres en la calle generando muertes y destrozos.
La Fiscal hace propaganda política con asuntos de la investigación penal, torpemente los presenta fuera de contexto e intentando determinar culpables de manera anticipada antes del juicio penal; comete estas aberraciones sin considerar que la legislación penal le exige reserva, es decir, no divulgar tales asuntos porque ello contamina la averiguación.
La Fiscal dice que la Constituyente no es democrática y oculta que es la Sala Constitucional quien tiene la facultad exclusiva de aclarar la constitucionalidad de los actos, además toda persona informada sabe que los artículos 347, 348 y 349 establecen claramente las bases de la constituyente.
La Fiscal introduce recursos jurídicos sin fundamento ante el TSJ, éste ente los declara inadmisibles y el pueblo se convence de que la conducta de la Fiscal es risible.
En resumidas cuentas, el único hilo que se rompió es el de la cordura mental de la Fiscal, razón por la cual advierto seriamente que si el TSJ dicta orden para que una junta médica le practique experticia psiquiátrica, la misma podría determinar que esta ciudadana padece insanía mental o locura, en virtud de que su actuación se aparta totalmente de la realidad.
Ciertamente, tal experticia sería fundamento jurídico contundente y suficiente para activar el proceso de su destitución inmediatamente.
