Una Asamblea en desacato y una Fiscalía en rebeldía

No hay ni habría soberanía mientras mantengamos lazos económicos con países enemigos.

Súmese a ese desequilibrio de poderes la actuación unilateralizada de una Defensoría del pueblo que da prioridad a victimarios y reserva un segundo plano para las verdaderas víctimas.

Tanto de las víctimas de la IV República como las del "arrecherazo" y las de las "salida" siguen esperando de la Fiscalía y de la Defensoría una Justicia que no termina de llegar. Ni siquiera el Alto Generalato, imbuido como nunca antes de patriotismo, se ha inmutado ante violaciones a los símbolos patrios con los cuales al enemigo poco le ha faltado para usarlos como reemplazo del siempre escaso papel sanitario.

Pareciera que la alienación ante el poder seglar colonialista superviviente en nuestras principales ciudades se hace presente con un liderazgo de izquierda recatado a todas luces y de baja ofensiva ante el enemigo. Los pocos presos de la oposición todavía siguen mandando desde sus calabozos de lujo, cual Torre de la Bastilla de la Revolución Francesa.

Es pública y notoria la pasividad manifiesta por una Fiscalía ante hechos y violaciones públicas y notorias, pero la vimos actuar cual rayo veloz cuando el Supremo Poder Judicial de la república pretendió poner en su lugar a tantos abusos de ciertos funcionarios públicos. Demostró arrogarse más poder que el Tribunal Supremo de Justicia, y si eso es correcto, la mayoría de los constitucionalista del país se hallan bien pelados, y no sigamos escribiendo.

El pueblo tiene que preguntarse cuáles son las consecuencias de una declaración de desacato de parte de la Asamblea Legislativa por parte de su directiva, mayoritaria aparentemente, más allá de considerarse nulos todos sus actos.

No se entiende cómo puede esa directiva seguir disponiendo de Presupuesto oficial, entre otras irregularidades, para un organismo burocrático que no está cumpliendo con ninguna de sus funciones que le dan su razón de ser como ente burocrático.

Es como lo que ocurriría con un funcionario que no asista a su trabajo ni cumpla con sus obligaciones, pero siga cobrando puntualmente sus honorarios.

Por su parte, debe haber un claro deslinde entre los DD HH de un delincuente y los de un inocente. Hemos visto cómo para la Defensoría del Pueblo no hay diferencia alguna, salvo que se muestra siempre presta ante cualquier pequeña agresión que haga, por ejemplo, un chavista, en defensa de una persona de la oposición, pero no la vemos actuar con la misma prestancia cuando las víctimas son afectas al Ejecutivo Nacional o pertenecen a servicios de seguridad.

Así, pues, con una Asamblea en desacato, una Fiscalía en rebeldía y una Defensoría sesgada, ya son 3 los poderes que se les va de manos al pueblo. No en balde la oposición sigue en sus trece a pesar de haber fracasado en todas sus intentonas golpistas, pero en recompensa ya acumula 3 poderes a su favor. Si a eso se suma un Poder Militar algo elástico, saque usted sus conclusiones.

10/4/2017 9:10:57 a.m.



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Manuel C. Martínez


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