Pedagogía política

Los especuladores son delincuentes y violadores de los derechos humanos

(Exigimos amparo constitucional contra esos ladrones)

¿Han observado la proliferación de edificios por apartamentos, de centros comerciales, restoranes, pulilavados, salones de belleza, joyerías, gestorías, construcción y adquisición de residencias, y otro tipo de negocios que marcha paralelo con el desplazamiento de venezolanos que se sienten agobiados por la situación del país y de jóvenes profesionales que se autoexilian en busca de supuestas mejores condiciones de vida en países cuyo nivel de vida deja mucho que desear? ¿Y qué hacen nuestros recién borlados jóvenes de las universidades venezolanas que se van al norte, a España, al sur del continente? Sólo los más aptos, los verdaderamente talentosos, salen avante. El resto, los machos, a lavar platos, carros, a servir en puestos de comida rápida, a trabajar como mensajeros, o en sus profesiones en calidad de subvalorados, de subpagados; las féminas, en tanto, a cuidar viejitos, a lavar culitos de bebés, de servicio doméstico. Eso de ahorrar dólares para enviarlos a sus familiares en Venezuela ¡despierta chirulí, eso es un sueño! Eso de ahorrar dólares para enviarlos a sus familiares en Venezuela ¡despierta chirulí, eso es un sueño! Con el afán de consumir todo lo que los deslumbra ¡qué van a ahorrar! Venezolano que se va al exterior sólo sueña con regresar algún día, mientras que los que quedamos aquí se los componemos. Los venezolanos somos los emigrantes que menos remesas enviamos a Venezuela. Si regresan algún día, es a echarnos cuentos chinos, o gringos.

En tanto, aquí en Maracaibo, narcotraficantes y paramilitares son los dueños de la economía comercial y financiera de la ciudad. Y tienen cómplices muy bien ubicados y/o conectados en el gobierno. Bueno, ése será el tema de nuestra próxima entrega. Vamos ahora con lo que nos ocupa hoy:

I.

El comercio, vale decir el intercambio de bienes y servicios en Venezuela se ha transformado en una actividad delincuencial, vale, decir, en un accionar de ladrones. Ya casi no existe, al menos es muy difícil conseguir, un comerciante que aspire a ganarse un 30, 40, 50 por ciento de la mercancía que vende o el servicio que presta. Y en la práctica, es casi una bola de nieve que baja de lo alto del cerro: a medida que rueda, crece y crece, en este caso los precios, y con ello la inflación. Y aunque no ignoran que la ganancia exagerada, los precios por encima de la tasa normal de ganancia es sinónimo de especulación, y que la especulación es tipificada como un robo por la ley, es decir, como un delito, y quien delinque es un delincuente, un fuera de la ley, les da igual, delinquen sin el menor recato, sin el menor pudor, es como si se auto consideraran ladrones, choros, abigeos, cuatreros, maleantes, ratas, rateros; cualquier calificativo no es exagerado para quienes comercian con las necesidades angustiantes, con el hambre del pueblo cuando ponen fuera de su alcance su alimentación, la de sus hijos, la de los ancianos; y el hecho es, por lo que vemos, que gozan de total impunidad porque el Estado no ejerce a cabalidad su autoridad.

Expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Capítulo VII, De los Derechos Económicos: "Artículo 114.- El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley". Todo el contenido de este artículo constitucional se viola todos los días, a toda hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Nuestro Gobierno, definitivamente, no está haciendo todo lo que debe y puede hacer para combatir estos delitos, aunque entendemos que muchos funcionarios designados para estas tareas también se desdoblan en cómplices de estos delincuentes. Desde las alturas del Gabinete Ejecutivo, pasando por Gobernaciones, alcaldías, organismos creados para combatir los ilícitos, están en mora con el pueblo venezolano porque no están ejerciendo a cabalidad sus funciones y, por lo contrario, muchos son cómplices de ese atajo de ladrones, de delincuentes, algunos de ellos, o la mayoría, de cuello blanco, se han transformado, por lo contrario, y algunos de ellos lo son desde siempre, sempiternos ladrones, sólo por amor al "dios dinero".

Quien acapara, quien especula, quien practica la usura, la cartelización, que es lo que hacen Mendoza y sus congéneres, por muchos golpes de pecho que se den, no son más que unos vulgares delincuentes y debe caerles encima la justicia.

Todos esos seudo empresarios que hicieron fortuna o que incrementaron la que tenían con los dólares Cadivi, ahora con Cencoex, deben ser penados conforme a la ley una vez investigados y declarados culpables y confiscados sus bienes, tanto los que tienen en el país como en los paraísos fiscales.

II.

La Ley de Precios Justos, en su Artículo 2, considera que son Sujetos de Aplicación de la misma y quedan sujetos a su aplicación, las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial.

Y para quienes desconocen en qué consiste esta Ley, el Capítulo 1, que trata de la naturaleza, atribuciones y estructura de la Superintendencia, dice en su Artículo 10: Se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno. La SUNDDE, mediante Reglamento Interno establecerá una estructura organizativa que le permita ejercer con eficacia sus funciones. Las funcionarias y funcionarios que ejerzan actividades de inspección o supervisión serán de libre nombramiento y remoción, conforme a las previsiones contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y en el Artículo 11, de las Atribuciones y Facultades, expresa: Corresponde a la SUNDDE el ejercicio de las siguientes atribuciones: 1. Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios. 2. Diseñar, implementar y evaluar, coordinadamente con los Ministerios del Poder Popular u otros organismos que correspondan, según el caso, los mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos y determinación de márgenes de ganancias razonables para fijar precios justos, así como la supervisión, control y aplicación de la presente Ley. 3. Fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población, así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios.

Pues bien, el desarrollo de los acontecimientos, que a la vista de todos se evidencia todos los días, es que el comercio en Venezuela se ha PROSTITUIDO, no existe en la práctica esta Ley. Los órganos del Estado responsables de la aplicación de los instrumentos coercitivos para encauzar las relaciones de intercambio de bienes no funciona, la ESPECULACIÓN ES LA NORMA DEL COMERCIO, y quien ejerce el comercio y no especula, es decir, no delinque, es una especie rara hoy día en esta Venezuela donde reina la CULTURA DE LA ESPECULACIÓN, vale decir, la CULTURA DELICUENCIAL.

Y ya no es raro, al contrario, es un hecho común leer en los titulares de la prensa nacional la información de miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado atrapados in fraganti cometiendo hechos delictivos de toda especie: secuestros, robos, atracos, asesinatos, violaciones sexuales, violaciones a los derechos humanos como torturas a ciudadanos detenidos, fraudes, extorsiones, etc., etc.

Urge, en consecuencia, una revisión a fondo de este estado delincuencial. La República requiere funcionarios probos, honestos, investidos de reciedumbre ética y moral.

III.

Los enemigos de la Constitucionalidad, vale decir, los especuladores y por tanto ladrones, los seudo empresarios de cuello blanco, los mismos que tienen sus mercados y farmacias particulares en las mejores urbanizaciones del Este de Caracas y de las principales ciudades del país, esos que han pulverizado las arcas del Estado, que han vuelto añicos las Reservas Internacionales de la República, los que desde los tiempos de J. V. Gómez se formaron como la detestable y muy conocida clase que constituye la oligarquía y burguesía petrolera que ha vivido de los ingresos petroleros que genera esta industria, perfectamente descrita por nuestros principales sociólogos en sus escritos e investigaciones, quienes en connivencia y en complicidad con la Embajada Yanki en Caracas y testaferros en el interior del país organizan y financian las guarimbas, los saqueos, los asaltos a mercados, supermercados, farmacias, camiones de alimentos, con ellos no hay que tener contemplaciones, hay que investigarlos, destinar funcionarios del Ministerio Público para levantarles los expedientes respectivos y someterlos a los Tribunales de la República.

Estos bandidos, que a la vez son socios, directivos y afines del sistema bancario privado que, a expensas del pueblo y el Tesoro Público se enriquecen cada día más, ahora están aplicando, sistemáticamente, el famoso corralito. Limitan el retiro de efectivo del banco a no más de Bs. 30.000 por día, a lo que se agrega el cierre sistemático de los cajeros automáticos. Hay bancos que, aun con las elevadas ganancias que acusan, cierran, sin justificación alguna, agencias bancarias en las principales ciudades. Es, evidentemente, una tenaza que poco a poco viene apretando con intenciones de ahogar, de estrangular, al ciudadano venezolano.

A esto se suma el vaciado de cajeros automáticos, la disminución del circulante, de los billetes de cien bolívares, lo cual nos recuerda la práctica que hasta hace dos años fue habitual con el propósito de sacarlos en pacas por la frontera de Colombia. Es evidente, en consecuencia, que el cerco se estrecha.


 

 



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César Eulogio Prieto Oberto

Profesor. Economista. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Candidato a Dr. en Ciencia Política.

 cepo39@gmail.com

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