Pongamos las cosas en perspectiva, por cuanto la seriedad del asunto merece un análisis exhaustivo, respecto a las condiciones que dan origen a su aplicación, lo que persigue y las consecuencias que pudiera conllevar. Venezuela, desde su nacimiento como República se ha visto sitiada por situaciones difíciles; ello tiene su razón en varios elementos tales como su ubicación geográfica, abundancia de recursos naturales, circunstancias de tipo socio-culturales y en tiempos recientes, por el ejercicio activo de los derechos políticos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La democracia representativa, llamada así por el desapego que supone el hecho de endilgarle a otro la posibilidad de reclamar lo que nos es propio, tuvo su cenit en el extinto Congreso de la República, vigente desde 1958 hasta ya finalizando 1998, legislando de espaldas a la realidad de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y siendo indolente respecto a las necesidades vitales del pueblo.
Así las cosas, tras la aprobación del Estado de Excepción y Emergencia Económica por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, sorprende las reacciones de algunos actores políticos identificados con la oposición, no porque no sea la respuesta esperada, sino por la ironía histórica de que la gran mayoría de ellos fueron participes en distintos grados y con distintos niveles de responsabilidad, en al menos 21 Decretos de Excepción, Suspensiones de Garantías Constitucionales, Toques de Queda, entre otros, emanados de los Presidentes de turno y avalados por los enquistados Congresos de otrora.
Hagamos un ejercicio, si recordamos el fatídico segundo quinquenio (que no llego a terminar afortunadamente) de Carlos Andrés Pérez (1988-1993). Se produce el quiebre constitucional, social y cultural de mayor importancia y repercusión en el país. El anuncio de una serie de medidas de ahogo y opresión económica en detrimento del pueblo denominado "El Paquetazo", dio espacio al descontento colectivo, a la frustración popular, al "Caracazo".
Amanecía el 27 de febrero de 1989, las comunidades de Guarenas y Guatire (inicialmente) se despertaban con el alza desmesurada de los precios del pasaje, el aumento del precio de la gasolina y la especulación y escasez en la dieta que ya era bastante precaria en aquella época. La angustia y la rabia se hicieron turba enardecida y el gobierno, fiel a su estirpe y consecuente con su desapego hizo lo que mejor sabía, ignorar el reclamo, seguir siendo indolente, maltratar, reprimir y asesinar.
Así las cosas, Andrés Eloy Blanco (hijo malo del bueno) titular de la OCI, recibe la orden de convocar a cadena de radio y televisión y anuncia la Suspensión de Garantías Constitucional y Toque de Queda en todo el territorio nacional, acto seguido la activación de los protocolos y dispositivos militares de rigor, Plan Ávila, Plan de Peinilla y Plan de Hambre, policías y militares matan pero nadie responde.
Muchos tampoco olvidarán las tristes frases como "Disparen primero y averigüen después" o "la libertad de expresión del pensamiento queda suspendida" que precedieron episodios de máxima represión cuyo resultado fue incontables heridos, muertos y desaparecidos, esos mismos que hasta el día de hoy se siguen encontrando y entregando a sus familiares para que puedan darle sepultura.
Causa dolor e indignación saber que, según las cifras del insigne militar Ítalo del Valle Alliegro, entonces Ministro de Defensa, hubo solo 300 bajas y alguno que otro desaparecido, cuando la impactante realidad es que aun los estamos contando (conservadoramente se calculan entre los 3.800 y 4.000).
Tras el proceso Constituyente que culminó con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por votación popular, por demás garantista, se produce un cambio en la concepción de los Estados de Excepción, cambio que permite marcar una profunda diferencia de dos procesos constitucionales, aplicados en momentos distintos.
Nicolás Maduro en uso y atribución de lo que la Carta Magna le reserva en su carácter de Presidente Constitucional, emite el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, por cuanto las circunstancias que acontecen, requieren precisamente la toma de decisiones inminentes y extremas en pro de la preservación de las condiciones económicas y naturales que requiere el país. Surge en el marco de factores evidentemente inducidos y que no obedecen a comportamientos "normales", guerra económica, los constantes y sistemáticos intentos conspirativos nacionales e internacionales, a los que se suma la debacle de los precios del petróleo, el grave fenómeno del Niño y sus secuelas en la generación de hidroelectricidad, etc.
Sin embargo, la nueva concepción de Estado de Excepción ha hecho que la aplicación de este Decreto sea casi imperceptible y no produzca alteración alguna en el transcurrir cotidiano del venezolano.
Ha significado también, la oportunidad de la activación de opciones para dejar el rentismo, de nuevas convocatorias a los sectores que se dedican a la producción de bienes y servicios, llamados a la empresa privada con amplitud pero con estricto apego a la ley.
Es el momento de la grandeza, de echar a un lado las diferencias de forma, las superficialidades, las discusiones tontas y estériles, acompañemos la iniciativa, aportemos lo que podamos. Esta vez no habrá Caracazo.
@EKaruachi
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