¿Cómo Sanear la economía sin que la clase media y los pobres paguen los platos rotos? (II)

¿Cómo sanear la economía sin que la clase media y los pobres paguen los platos rotos (Parte I)

Cada día que pasa la situación de la economía venezolana es más grave. Entre los ciudadanos, crece la percepción de que el principal problema del país tiene que ver con la economía, superando incluso, de acuerdo con los últimos estudios de opinión publicados, a la inseguridad como principal preocupación ciudadana. En un país con 25.000 homicidios por año, que exista una preocupación mayor que la de sobrevivir al hampa, dice mucho de la insoportable situación de inflación, estancamiento y escasez que se sufre actualmente.

Como se viene planteando, es necesario que las indispensables medidas de ajuste macroeconómico, condición necesaria para la reconstrucción de la economía nacional, se acompañen de políticas públicas que amortigüen el impacto sobre la calidad de vida de los más débiles: asalariados, pobres, grupos vulnerables. El papel del estado es fundamental en esta tarea. El hipertrófico estado venezolano es probablemente, gracias a la propiedad del ingreso petrolero, el único estado en el mundo que puede darse el lujo de avanzar en un ajuste macroeconómico que restaure los equilibrios perdidos, minimizando el impacto social de las medidas.

En todos los aspectos que se analicen sobre la vida social del venezolano, surgen repetidamente conceptos que orientan el diseño de las políticas públicas: Subsidios, inclusión, cobertura, calidad, gratuidad, temporalidad entre otros. La política social de los gobiernos a lo largo de la historia, y muy especialmente durante la administración del presidente Chávez, se ha orientado al reparto de la renta petrolera. Este reparto, realizado de manera clientelar en poco ha contribuido al desarrollo del país en general y a la superación de las condiciones de vulnerabilidad por parte de los receptores de la asistencia estatal.

En este artículo y en los subsiguientes intentaré abordar una caracterización de diferentes aspectos de la vida social del venezolano, sobre los cuales se generará un impacto inmediato por causa de las necesarias medidas de ajuste macroeconómico que sin duda tendrán que tomar los actores políticos que ejerzan el poder en los próximos meses.

Inseguridad: ¿Qué tiene que ver la terrible situación de inseguridad ciudadana que se vive en el país con un ajuste macroeconómico? Si tiene que ver. La actual epidemia de violencia que se vive en el país y cuya expresión más dramática es una tasa de homicidios entre las más elevadas del mundo, se gestó, se desarrolló o se potenció muy notablemente durante el gobierno del presidente Chávez, es decir, en una época en la cual los ingresos petroleros y las políticas de distribución de la renta, lograron una significativa elevación del ingreso del venezolano medio y la masificación en el acceso a servicios como vivienda, salud, educación y alimentación. ¿Qué puede esperarse entonces que ocurra en un contexto en que se contrae el ingreso, aumenta la pobreza y se desmontan los incentivos a las diferentes formas de rebusque, legal o ilegal?

No soy experto en seguridad. En todo caso debo ser experto en inseguridad, por todas las veces que he sido robado, porque el hampa me dejó parapléjico para robarme un carro, porque conozco de cerca esa realidad de miles de familias que se encierran en sus casas como única posibilidad de sentirse –no de estar- seguros. Niños que al oír una pirotecnia salen corriendo a refugiarse como sus padres le enseñaron, madres que esperan a sus hijos –incluso adultos- mirando por la ventana, o que los acompañan por las escaleras del barrio para que no se los maten. Esa es la realidad de nuestros barrios. Si hablamos de inclusión, en este tema todos estamos incluidos.

El estado venezolano ha perdido el control, la capacidad de ejercer la autoridad, el uso legítimo de la violencia en muchos espacios, tanto funcionales como territoriales. Bajo la mirada indiferente y complaciente de las autoridades se han formado microestados –espacios funcionales y territoriales-donde el estado legal es manifiestamente incapaz de imponerse: minería ilegal, contrabando de gasolina, mafias sindicales entre otros. Por otra parte, se ha evidenciado el control territorial que ejercen las bandas armadas en los barrios y que manejan el tráfico de drogas, que disponen de sofisticados armamentos, carros, complicidad de las autoridades y no pocas veces, el apoyo de la comunidad, que desconfía –con sobrada razón- de los cuerpos policiales y la acción judicial.

Ante la violencia de estas montoneras, sólo la violencia legal del estado tendría la posibilidad de comenzar a revertir la situación de criminalidad desbordada que vive el país. Una situación generalizada de inseguridad ciudadana puede verse reforzada en un contexto de dificultades económicas.

Educación: Nuevamente la cobertura, la calidad, la gratuidad surgen al momento de caracterizar otro aspecto de la política social. A efectos de una mejor caracterización, debe separarse la educación primaria y secundaria de la educación universitaria. Veamos

Educación primaria y secundaria: Luego de un impulso inicial a través de las escuelas bolivarianas, con los años se ha evidenciado el rotundo fracaso que ha significado la política educativa del gobierno nacional. Las fallas recurrentes del programa de alimentación escolar, la flexibilización de los criterios de evaluación que conducen a la promoción al siguiente grado de alumnos que no logran las competencias básicas, la incorporación masiva de docentes con precaria formación, la depauperación de la carrera docente y el deterioro de la planta física es moneda corriente en cualquier región del país pero alcanza niveles dramáticos en la provincia. Una política altamente nociva ha sido la exoneración generalizada de matrícula en aras de una mal concebida y peor implementada política de justicia social. Es bien sabido que el ministerio de educación es de los entes más ineficientes del hipertrófico estado venezolano y que las instituciones educativas no reciben en forma suficiente ni oportuna, los recursos mínimos que necesita para su funcionamiento. Escuelas sin bombillos, sanitarios dañados, rejas y ventanas deterioradas, y hasta condiciones de insalubridad, son situaciones que pudiesen solventarse a través de la colaboración corresponsable de los padres y representantes en el financiamiento de la educación de sus hijos. La gratuidad absoluta, independientemente de la capacidad relativa de contribución de los representantes, ha enviado un mensaje de que es responsabilidad casi exclusiva del estado la educación de los niños y jóvenes, liberando a los padres del rol que necesariamente deben tener en el financiamiento de la educación de sus hijos.

En la educación secundaria los problemas se hacen aún más dramáticos: la deserción escolar oculta deliberadamente en las estadísticas oficiales que obligan a calificar a alumnos que en realidad no asisten aun cuando están inscritos, la flexibilización extrema de las evaluaciones que obligan a repetir varias veces las evaluaciones con el único fin de demostrar número de egresados sin la menor atención en las competencias mínimas y que se traducen luego en una frustración generalizada cuando se piensa en asistir a una universidad, la elevada criminalidad, consumo de drogas y alcohol en las instalaciones educativas, embarazo adolescente y la subsecuente interrupción del proceso educativo, la falta de profesores especialistas que se pretende cubrir con la formación express de egresados de las misiones… en fin, la actual situación del sistema educativo venezolano es prácticamente una garantía de que las cosas empeorarán en el corto plazo.

Educación Universitaria: ¿debe ser gratuita la educación universitaria? En Venezuela, parece estar invertida la prioridad en los presupuestos de la educación. La masificación de la educación universitaria en nuestro país no pasa de ser una oferta engañosa, dados los severos problemas de pertinencia y calidad que presentan las universidades creadas en años recientes bajo la premisa de la masificación del derecho a la educación. En realidad, todos tenemos derecho a ingresar a la universidad, pero el título universitario no debe ser un derecho como se pretende que lo sea, sino que debe ser el resultado del esfuerzo individual del estudiante. El nuevo modelo de ingreso a las universidades es fiel definición de una justicia social mal concebida.

La gratuidad absoluta de la educación universitaria es un peso cultural que arrastramos los Venezolanos durante muchos años. En el contexto de las reformas económicas por venir, uno de los mitos por desmontar debe ser, al igual que ocurre con todos los subsidios, el pretendido derecho irrenunciable a recibir del estado –por derecho de nacionalidad- de manera gratuita, un bien tan importante, pero opcional, como lo es una carrera universitaria

De cada quien según su capacidad. Es simple sentido común.

@jhernandezucv



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Javier Hernández

Economista (UCV). Candidato a Msc en Gerencia.

 jhernandezucv@gmail.com      @jhernandezucv

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