El Correo del Caroní publicó el día sábado un aviso en primera en el que afirma que corrupción y panfletos no podrán contra la dignidad. No es explícito, pero los lectores saben que se trata de una indirecta contra el diario Nueva Prensa de Guayana por su primera página del día anterior en la que muestra la solicitud de una investigación por los terrenos de Villa Colombia. No se trata de una guerra entre dueños de medios, pues en ocasiones pasadas han publicado cosas peores. Pero existe una realidad en el trasfondo que el amigo lector debe conocer. Dueños de los medios están perdiendo el control de la información y eso es peligroso. El Correo del Caroní no es una persona a la cual defiende la presidenta de la Asociación de Vecinos de Villa Colombia, quien fue ex candidata de Cadecice a concejal de Caroní. El periódico es una empresa, que junto a Radio Sur y TV Guayana, son propiedad del señor Natera. Todas esas empresas sostienen una línea editorial que hace oposición al Gobierno Nacional. Hasta aquí todo es válido.

Pero en Bolívar el poder está en los que tienen dinero y control de la información. No obstante, esa información, ¿cómo funciona?, ¿a que estructuras responde?, y ese funcionamiento ¿desde cuándo se viene dando?. Pues bien, durante años, y aún es así, las instituciones públicas pagan para pautar publicidad en los medios, pero recientemente tienen que pagar para dar a conocer sus informaciones. Independientemente de que sean buenas o malas, mentiras o verdades, la prensa hace mucho tiempo cumplía con la misión cívica de juzgar y calibrar la información. Hoy día no es así, y ellos lo saben. La información está subordinada a la rentabilidad de la noticia y por ende se les está saliendo de control, como sucede en todo mercado salvaje de un modelo capitalista. Otro aspecto, es que tener dinero y control de información genera poder político. Poder político que en el pasado se utilizaba para designar presidentes de empresas básicas, nombrar secretarios de gobierno, etc. El problema de los terrenos en Villa Colombia en su trasfondo no es la ilegalidad, pues un funcionario corrupto en el pasado pudo haber vendido lo que no debió vender y nadie debió comprar. El problema es que por ley de urbanismo se trata de una zona de recreación, es decir una plaza pública, y resulta inmoral que se les niegue ese derecho a los habitantes del sector, mucho más insólito que la presidenta de la asovecinos lo justifique argumentando que el no tener ese derecho no molesta a nadie.

El problema se agrava porque buscar el poder político y económico a través de un medio, niega la información veraz y equilibrada, en consecuencia el derecho a los ciudadanos a informarse. La crítica y el cuestionamiento que de manera válida debe hacer la prensa, se está convirtiendo en una práctica de retórica y difamación en la que no existen grises. En pocas palabras, la empresa que controla la información en sus páginas decreta, juzga y acusa a quien considera 100% corrupto, 100% mentiroso, sin permitir siquiera a un estudiante de comunicación cumplir con el ABC de un periodista, “confirmar la fuente”. Una propaganda en TV Guayana emite un mensaje referido a que el Puente Angostura se va a caer. Según la Ley Resorte esto es ilegal, pero la empresa difunde el comercial como un chiste político, y lo más grave es que hace reír a quienes ejercen periodismo, y se ríen delante de estudiantes de comunicación social. Quienes trabajan como jefes de redacción están perdiendo el control, pues de manera equivocada están informando con las entrañas y no con la cabeza. Eso es peligroso, pues fomenta una sociedad violenta, apática y estúpida, que no creerá, ni respetará ninguna institución, solo la barbarie.