Es mejor pasarle la "papa caliente" al TSJ para que designe a los altos funcionarios y evitar que la Asamblea viole la Constitución

La designación de los altos representantes del poder judicial,  electoral y ciudadano requiere la aprobación de dos tercios de los diputados que integran la Asamblea Nacional porque así lo manda expresamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos
 
Entonces intentar una interpretación distinta a la verdad o traída por los cabellos, sería un infeliz exabrupto jurídico que terminaría por lesionar la reputación de los poderes públicos en Venezuela y por ende la legitimidad del propio Estado-Nación.
 
Sería imperdonable que en tiempos donde prevalece la concepción finalista del Derecho, es decir una ciencia jurídica al servicio de la igualdad, la justicia y el interés social, se pretendiera interpretar la Carta Magna a conveniencia de un determinado bloque político o de una ambiciosa corriente que conspira dentro del mismo.
 
Ocurre que la letra constitucional es absolutamente lógica, por lo tanto si la misma plantea mayoría de dos tercios para designar a tales autoridades es porque obviamente se busca un consenso institucional que genere estabilidad política y le garantice a los nuevos funcionarios un alto nivel de credibilidad, lo cual difícilmente podría lograrse dentro del Parlamento con una mayoría estrecha o con la corta ventaja de un partido político sobre otro.
 
Pero si por razones políticas, que aparecen en cualquier país y época,  no hubiere tal consenso en la Asamblea Nacional, entonces el Estado venezolano no se puede paralizar ni dejar de renovar las cabezas de los poderes públicos porque se estaría afectando un interés superior como lo es el Estado de Derecho. 
 
Por ell para concluir se le debe decir públicamente al pueblo de Venezuela que hoy por hoy es políticamente inviable alcanzar acuerdos entre diputados socislistas y opositores, por lo cual se está en presencia de un caso de "omisión legislativa" y por tal motivo sin más preámbulos, el caso debe pasar inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia para que sea éste quien designe a estos altos representantes. Esto sería perfectamente constitucional, legal y legítimo. Cualquier otra estrategia seria equivocada.


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Jesús Silva R.

Doctor en Derecho Constitucional. Abogado penalista. Escritor marxista. Profesor de estudios políticos e internacionales en UCV. http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

 jesussilva2001@gmail.com      @Jesus_Silva_R

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