Uno de los asuntos que me inquieta en éste tiempo electoral en Venezuela, es el retrato de una citiadinidad ante problemas sociales y el poco acceso que tenemos a los centros de información masivos e institucionales. Nos encontramos ante una sociedad que vive al limite de sus posibilidades por una guerra económica lineal, la acción de los bachacos y una inflacción en alza, no dejando descansar el precio de los productos primarios. Ante, tales antecedentes, muchos venezolanos prefieren opinar en cualquier lugar público de una manera abierta, sobretodo con el caso de Mazuco, el ex jefe policial de Manuel Rosales a la Asamblea Nacional como diputado. Todo hace presumir que hay un programa de gobierno socialista para un colectivo y, otro para los individuos que entran a la gran burbuja, de quienes pueden hablar de todo a benéficio de unos cuantos favorecidos, por la débilidad en la aplicación de la justicia.
El país se esta tiñendo de otro color, me refiero al gesto de desoir al pueblo y, tomar otros caminos que no fueron trazados por el presidente, Hugo Chavéz Frías.
Simplemente, estamos entrando a un mercado laboral cerrado, donde las leyes solo vienen favoreciendo a quienes no se ajustan a las mismas.
Debemos regresar a la honradez y reaccionar para lograr un futuro con principios eticos afines. El pueblo viene reflexionando de una manera rigurosa para asumir una decisión que conlleve un sentido del deber. Es necesario, contemplar un mejor futuro y tener solidaridad con nuestros vecinos. Es el momento de protagonizar un nuevo criterio en nuestra lucha social y el respeto por el legado presidencial, que, dieron origen a esta gran patria..
Venezuela, debe ir a una reforma económica y estructural muy específica, donde los activos para la inversión del país en su nivel industrial deben derribar algunas barreras para lograr objetivos de velocidad de mercadeo y así permitir una transpariencia absoluta en las mercaderias, abastos y supermercados, lugares donde se ofrecen los productos finales, por eso, debe implementarse la digitalización de quienes ejerzan el derecho en comprar algunos productos de la cesta básica. Esto es, dandole un estandar elevado de seguridad a los productos que salen de las fábricas y lleguen a sus destinos, sin un posible desvío.
