Lea esta cifra: 1.500.000.000.000,00. ¿Se le dificulta? Aun, a algunos de quienes vivimos sumergidos en los números, nos vemos obligados a realizar un ligero ajuste mental para interpretarla. Mejor es así: 1,5 billones (en nuestro sistema); la cantidad se corresponde, en bolívares, a la inversión prevista por este gobierno para la adquisición de equipos médicos destinados al sistema de salud pública de este país. Para formarse una idea más clara del monto, puede decirse que con ella podrían construirse unas 30.000,00 viviendas de cincuenta millones cada una, lo cual no es nada despreciable.
Lo significativo es que el gobierno dispone del dinero para la inversión; pero, ¿cuenta con un procedimiento adecuado para adquirir los equipos más convenientes, destinarlos a donde realmente se requieren, operarlos con el personal capacitado y mantenerlos en condiciones óptimas durante toda su vida útil? Mejor aún, ¿ha diseñado un sistema de control que permita verificar que el equipo adquirido sea el que llegue al país, el mismo que se instala en el lugar convenido y que no exista forma de sustraerlo en perjuicio de la nación?.
¿De dónde proviene la preocupación? De que, para la mayoría de los venezolanos, no es un secreto que algunas clínicas privadas están equipadas con propiedades públicas, y es posible realizar una investigación para verificarlo. Además, hace muchos años se le encomendó a la Universidad de los Andes la elaboración de un sistema que permitiera controlar el extravío continuo de materiales y equipos médicos del Hospital Universitario de Los Andes; el sistema fue tan efectivo que descubrió a uno de los directivos del Hospital extrayendo equipos para su clínica.
El sistema fue eliminado por extralimitarse en su eficiencia, pues la idea era aparentar control y no lograrlo; a pesar de ello, miembros de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria han detectado equipos médicos, donados al hospital mencionado, en clínicas privadas. Lo que si no se podrá lograr detener, sino por una toma de consciencia sobre la propiedad colectiva, es la continua extracción de medicamentos e instrumental quirúrgico; cualquier “malpensado” podría creer que se juega a la quiebra de las instituciones hospitalarias públicas, para canalizar los pacientes hacia las privadas.
Con los avances de la informática, podría crearse un programa, dentro de un proyecto global de control del sistema hospitalario. Este programa deberá comprender un procedimiento para determinar la necesidad real de su adquisición; el uso apropiado y la ubicación adecuada; la tecnología más conveniente, que no necesariamente deberá ser de punta, sin haber sido adecuadamente probada; la comprobación de que no haya resultado un fracaso en otros países; la certificación internacional de la empresa fabricante; la existencia real de un representante local, con la capacidad financiera y técnica de respaldo; el aseguramiento de la formación del personal de operación y mantenimiento; la entrega de los manuales de los equipos y su conservación apropiada; el compromiso del suministro de repuestos por un mínimo de diez (10) años; la transmisión de la información necesaria para iniciar la fabricación de piezas en el país; además de la obligación de la empresa vendedora de informar al gobierno sobre los requerimientos de servicios a equipos médicos que hayan sido vendidos a la nación y se encuentren en manos privadas.
La Misión Vigilancia, que nacerá entre los usuarios de los servicios públicos de salud, no debe limitarse a la mera espontaneidad de quienes ya están cansados del robo descarado al patrimonio público, que se traduce en un mal servicio para la población de bajos recursos; debe llevarse aún más allá, hasta lograr un sistema de inteligencia que permita recuperar equipos que ya hayan sido sustraídos y castigar a quienes se han peculado con la enfermedad del prójimo, violando la ética de su profesión y presumiendo de lo que no son.
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