Detengamos el horror carbonífero

En el piedemonte de la Sierra de Perijá las empresas carboneras están perpetrando un ecocidio de proporciones dantescas, afectando las cuencas de los ríos Guasare, Socuy y Cachirí. Exuberantes bosques, flora y fauna están siendo arrasados. Las poblaciones indígenas Añú, Bari, Japreria, Wayuú, Yukpa y campesinos de la zona que han podido sobrevivir a la neumoconiosis - enfermedad pulmonar mortal originada por el polvillo que se desprende del carbón - están siendo desplazados de sus ambientes naturales con la activa participación de la Fuerza Armada.

Las empresas carboníferas, violan flagrantemente: Convenios internacionales; la Constitución Bolivariana, así como todas las leyes de la República en materia ambiental y derechos humanos. Este inefable crimen paradójicamente se consuma, para saciar la inagotable sed energética de los diariamente vituperados capitales transnacionales e imperialismo yanqui.

Ambientalistas y defensores de los derechos humanos, se han unido a las victimas, para exigirle al gobierno nacional: (I) La suspensión inmediata de los proyectos de ampliación que afecten zonas sensibles para el ambiente y las etnias que allí están establecidas; (II) indemnizaciones a las victimas por neumoconiosis, así como para los campesinos y etnias desplazadas de su hábitat; (III) Intervención de la Fiscalía General de la República, para que investigue los daños ambientales, las responsabilidades civiles y penales de los directivos de Corpozulia y de las empresas carboníferas; (IV) Promover la sustitución del carbón por la orimulsión que como se sabe, es una fuente de energía limpia, eficiente y menos contaminante para su extracción.

Apoyamos y defendemos el proceso de cambios humanistas y revolucionarios recogidos en el libro azul de las esperanzas y los sueños. Sin embargo es inaceptable que en nombre del “proceso” se atropelle al pueblo, destruyendo su hábitat y formas de vida. ¿Hasta cuando tanta impunidad? ¡Detengamos el horror carbonífero!.

Celular: 0414.790.0934

Isla de Margarita, 25 de julio de 2005


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