Señores
Miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes
Presente,



Nos dirigimos a ese Organismo con el fin de manifestar nuestra enérgica protesta ante el abuso que del nombre de la Universidad de Los Andes han hecho la mayoría de los miembros del Consejo Universitario de esa casa de estudios en el comunicado publicado en el diario “Frontera” el pasado 3 de diciembre. En efecto, consideramos que, en nombre de la Institución, se expresó lo que constituye la opinión política de una facción particular; con el severo agravante de que tal opinión es una incitación a la violación de la Constitución Nacional. Explicamos:

El mencionado comunicado pretende justificarse con el texto del Artículo 2 de la Ley de Universidades, el cual reza así:

“Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”.

Este Segundo Artículo de la Ley adquiere pleno sentido en el contexto aportado por el Primer Artículo, según el cual la “Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”. Resulta entonces claro que la Institución universitaria, sobre la base de su continua y eterna tarea fundamental de “buscar la verdad y afianzar valores fundamentales”, colaborará en la “orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”. De este modo, la Institución universitaria se caracteriza no sólo por ser el espacio institucional consagrado a la búsqueda de la verdad, sino por la divulgación, mediante diferentes formas y caminos, de lo que esa búsqueda va iluminando.

Ahora bien, las ideas, explicaciones, teorías, modos de dar cuenta del acontecer que van así surgiendo —bien lo hemos entendido a lo largo de la historia de esa misma búsqueda— tienen siempre carácter provisional; deben estar siempre sujetas a la crítica, a la revisión, a la refutación, a la superación dialéctica. Siendo este el caso, la Institución universitaria, como tal, no debe pronunciarse por una forma particular de ver las cosas de un particular grupo de universitarios en un momento específico. La Universidad ayudará a divulgar las ideas y modos de ver la realidad producidas en la Universidad bajo la autoría de aquellos universitarios específicos que las sostienen; pero jamás estará autorizada la Institución a presentarlas como su posición oficial, pues con esto niega la apertura necesaria para la búsqueda de la verdad. Tal negación no es otra cosa que la negación de su principio fundamental; negación de la que se han hecho partícipe los consejeros universitarios que apoyaron el ex abrupto contenido en el comunicado antes aludido. Dicho esto como enunciado general, podemos pasar ahora a examinar el caso particular del comunicado del Consejo Universitario que aquí nos ocupa.

Consideramos que el mensaje del comunicado del Consejo Universitario puede ser interpretado de tres modos diferentes: 1) como una incitación a la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; o, 2) como la solicitud de la renuncia del Presidente Constitucional de Venezuela; o, 3) como simple galimatías fundado en la ignorancia del marco legal vigente. A continuación pasamos a examinar cada una de estas posibilidades interpretativas:

1) En el comunicado del Consejo Universitario claramente se dice que puesto que “es obvio que no se han obtenido resultados” por la vía del “diálogo”, es necesario recurrir a una consulta popular, de manera que el pueblo sea el árbitro que decida entre los sectores enfrentados. Veamos qué significa esto:

Cuando, en el comunicado del Consejo Universitario, los sectores enfrentados se definen como los “partidarios del Gobierno” y “sectores de la oposición”, se crea la falsa idea de que sólo están enfrentados dos grupos de ciudadanos con posiciones políticas diferentes. Si así fuese, el árbitro legal obviamente lo constituyen las instituciones estatales encargadas de tales asuntos. No: el enfrentamiento al que realmente se refiere el comunicado del Consejo Universitario se da entre el Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y un sector de la población que se opone a dicho Gobierno. En términos aún más claros y acordes con las formas jurídicas modernas: un sector de la población se enfrenta contra el Gobierno con el claro y expreso propósito de derrocar dicho Gobierno. En particular, tal sector opositor expresa con toda claridad su propósito de destituir al actual Presidente legítimo de Venezuela: Hugo Chávez Frías. El enfrentamiento ocurre porque tal sector opositor quiere que el Presidente cese en sus funciones de inmediato, y el Presidente no acepta tal petición. Por tanto, la decisión que tendría que tomar un posible “árbitro” para dirimir el enfrentamiento es la de decidir si el Presidente continúa en sus funciones hasta que termine el período contemplado en la Constitución o abandona inmediatamente el cargo presidencial.

Ahora bien, la Constitución Nacional contempla un solo modo de destituir al Presidente por vía electoral: el referendo revocatorio. Dicho referendo está sujeto a una serie de condiciones (Artículo 72) entre las que se encuentra la disposición de que sólo puede ser realizado una vez después de “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido” el Presidente (en este caso particular: después de mediados de Agosto del 2003). Aparte de esta posibilidad, a la cual el actual Gobierno en ningún momento se ha negado, no existe ningún otro modo electoral constitucional de destituir al Presidente de la República (obviamente, en contra de su voluntad).

Lo anterior significa que la consulta popular solicitada por el Consejo Universitario en nombre de la Universidad de Los Andes para dirimir el conflicto (es decir, para decidir de inmediato si el Presidente continúa o no en sus funciones) sería un acto inconstitucional. Bajo esta interpretación, tal vez la más grave de las tres que consideramos posibles, el Consejo Universitario, usando de manera totalmente ilegítima el nombre de la Universidad de Los Andes, no sólo está tomando partido por ciertos sectores de la oposición sino que está incitando a la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



2) Ante nuestro anterior argumento, podría alguien aducir que la consulta a la que se refieren los miembros del Consejo Universitario es una destinada a pedir la renuncia voluntaria (no puede ser de otro modo, por las razones antes esgrimidas) del Presidente de la República, puesto que en el Documento se solicita la consulta popular “dentro de los términos establecidos en el marco legal vigente”. Creemos que esta interpretación carece de fuerza puesto que ella haría caso omiso de la noción de arbitraje invocada en el comunicado del Consejo Universitario: Un árbitro decide; no se limita a solicitar un acto voluntario como el contemplado en el supuesto referendo consultivo propuesto por la oposición. Si, a pesar de esta razón, se aceptara esta segunda posibilidad interpretativa, obviamente los miembros del Consejo Universitario, en nombre de la Universidad, están, bajo un manto eufemístico, solicitando la renuncia del Presidente de la República. Ello implica, de nuevo, una clara toma de partido a favor de los sectores de la oposición que se empeñan en derrocar el actual Presidente.



3) Finalmente, queda siempre abierta la posibilidad de que la mayoría de los miembros del Consejo Universitario desconozcan no sólo la gravedad de emitir una opinión política particular y anticonstitucional en nombre de la Universidad de Los Andes, sino que, además, desconozcan la Constitución Nacional. Esta ignorancia se traduciría en la flagrante contradicción de pedir una consulta popular constitucional de carácter vinculante antes del referendo revocatorio. Tal ignorancia, claro está, es inexcusable.



En vista de los anteriores argumentos, nosotros, los abajo firmantes, profesores de la Universidad de Los Andes, rechazamos públicamente el uso abusivo que los miembros del Consejo Universitario han hecho de nuestra Institución y solicitamos a ese Organismo la inmediata rectificación —mediante otro comunicado público— del grave error cometido.



Atentamente,

Ramsés Fuenmayor/ Moisés Troconis/ Jorge L. Dávila./ Miguel Delgado/ Luis Hernández/ Marcos Parada/ Hernán López G./ Alejandro Ochoa/ Abdel Fuenmayor P./ Edgar Rodríguez/ Jacinto Dávila/ Roldan Suárez / Akbar Fuenmayor/ Juan Mendialdua/ Héctor Romero/ Henry Useche/ Abdel J. Fuenmayor / Miriam Villarreal / Maria Elena Garcia/ Luis Guerrero/ Ivan Mardones/ Margarita Márquez de Sepúlveda/ Jesús Tadeo Salcedo M. / Carlos E. Cova/ Ernesto Flores/ Juan Leal/ Ernesto Arends/ Rafael Tovar/ Braulio Fernández/ Alejandro González/ José Rodríguez/ Oswaldo Terán/ José Aguilar/ Arturo Birbal/ Vladimir Aguilar/ Enrique Plata/ Edgar Iturriaga/ Jesús Materán/ Magdiel Ablan/ Elvira Ablan/ Juan Villegas/ Sonia Boueri/ Roberto Suárez/ Fulgencio Rueda/ Elis Aldana/ Rodrigo Casanova/ Miguel Mantilla/ Marina P. de Parada/ Jhon Cruz/ Juan Puig/ Euro Murzi/ Ernesto Calderón/ Carlos Rincón/ Adel Khoudeir/ Juan Concepción/ R. Skwlerinski/ Benito Briceño/ Marco Bastidas/ Maria Marquina/ Luisana Avilan/ Froylan Contreras/ Belkys de Briceño/ Ricardo Hernández/ Reynaldo Ortiz/ Yris Martínez/ Natasha Contreras/ Luis Aguilar/ Adelis León/ Franklin Vargas/ Leandro León/ Julio Flores L./ Isabel Flores L./ José Briceño R./ Maria Liliana Q/ Alexis Melo/ Addison Ríos/ Richard Márquez/ Zofía de Suárez/ Carlos Montalván/ Juan Landaeta/ Osmin Monsalve/ José Rodríguez/ José Morales/ Alvis Rosales/ Quintanillo B/ Mauro Bello/ Manuel Briceño M./ Ney Peña/ Alba Díaz/ Irma Guillén/ José N. Dugarte/ Mercedes Agüero/ Gabriel Mantilla/ Luis Nieves/ Yolanda Torres/ Orlando Vielma/ Oswaldo Ramírez/ Josefa Montilla/ Fidel Contreras/ Alfonso Rodríguez/ Irany Lozano/ Gilberto Perdomo/ Italo Silva/ Máximo Hernández/ Ernesto Valiente/ Omar Gorrochotegui/ Pino Pascussi/ Gabriel Travieso/ Jesús Galíndez/ Aixa Salas/ Aidei Abreu/ Anny Lacruz/ Betty Osorio/ Lourdes Donado/ Ernesto Marín/ Miguel Salvatierra/ F. Eduardo Osorio/ Francisco Rivero/ Fanny Navarro/ Silvio Villegas/ Alberto Serra/ Graciela Díaz de D./ Gilberto González.