La jauría mediática y los ataques a la fiscal general

Una vez más la jauría mediática abre la boca y enfila sus colmillos envenenados contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien responsablemente y cumpliendo con sus deberes solicitó una medida cautelar a favor del derecho constitucional que tenemos todos los venezolano de estar debidamente informados. Esta importante decisión tiene además el propósito de parar una campaña de miedo y terror que vienen impulsando los medios privados que manipulan las informaciones sobre una supuesta contaminación del agua para consumo humano. 

Desde que la titular del Ministerio Público (MP) solicitó la medida preventiva, periodistas y dueños de empresas privadas de comunicación incrementaron sus  ataques contra la fiscal general y otros funcionarios del estado, quizás con la intención de persuadirlos y amenazarlos, siempre colocando como pretexto una supuesta defensa de la libertad de expresión que nunca ha sido cercenada durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, sino que más bien se ha ampliado.

 Por cierto que Luisa Ortega Díaz no ha hecho otra cosa que recordarle a comunicadores y dueños de medios  que están en la obligación, sobre todo moral,  de respetarle al pueblo un derecho que está consagrado y establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código de ética del periodista y otros instrumentos jurídicos vigentes en el país.  

El Código de ética del periodista venezolano, reza, por ejemplo, en su introducción que “El periodista se debe al público y por ello su información debe contribuir con su imparcialidad, veracidad, oportunidad y honestidad a que la verdad del suceso difundido sea evidente”.

 Resulta insólito y contradictorio que periodistas y organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que dicen defender la información veraz y objetiva critiquen ferozmente una medida que recomienda algo elemental como  que quien afirme que el agua está contaminada muestre “el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente” (no “oficial” como lo publicó recientemente la agencia de noticias EFE, para intentar decir que dicho informe debe estar avalado por el gobierno).  

El artículo 8 del Código expresa que “el periodista no deberá deformar, falsear, alterar, tergiversar o elaborar material informativo impreso o audiovisual, cuya divulgación o publicación resulte denigrante o humillante para la condición humana” y que además “es condenable el uso de técnicas amarillistas como deformaciones del periodismo que afecten el derecho del pueblo a ser correctamente informado”.

 Quizás el  más importante de los artículos del Código de ética por lo menos  para el tema en cuestión  es el número 11: “el periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la dignidad honor o prestigio de personas, instituciones o agrupaciones” 

Mientras tanto en el artículo 8 de Ley del ejercicio del periodismo se señala que:” Toda tergiversación o ausencia de veracidad en la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El periodista estará obligado a rectificar y la empresa deberá dar cabida a tal rectificación o a la aclaratoria que formule el afectado”.

 Dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son claros con relación al derecho que tiene el pueblo a estar informado correctamente y a la obligación que tienen los comunicadores de decir la verdad y asumir la responsabilidad por lo manifestado..  

Articulo 57. “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión que pueda establecerse sin censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa “.

 Artículo 58: La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para sui desarrollo integral. 

El tema sobre la supuesta agua contaminada ha sido utilizado políticamente por los medios de comunicación para atacar al gobierno, tomando como centro estratégico  a  las amas de casa y a los niños de bajos recursos económicos que son los sectores  más sensibles y vulnerables de cualquier  sociedad, y que criminalmente están siendo persuadidos de no tomar agua, a través de manipulaciones sicológicas perversas. Todo por un interés político manifiesto.

 Por supuesto que un estado democrático, y serio, no puede aceptar ese terrorismo mediático. De allí que la fiscal Luisa Ortega Díaz cumpliendo con sus obligaciones solicitó la medida cautelar sin dejarse amedrentar por el poder de chantaje, manipulación, y sobre todo de linchamiento moral que practican algunos medios de comunicación, utilizando técnicas deleznables como el amarillismo y el sensacionalismo, que le sirven, entre otras cosas, para ridiculizar, banalizar, encubrir mentiras , subvertir el orden y deslegitimar todo lo que afecte sus oscuros intereses políticos y económicos. 

Por supuesto que a este ataque encabezado por Globovision, se siguen sumando organizaciones internacionales mercenarias y de choque que han pervertido el derecho a la información y a la comunicación de los pueblos, que juegan  sincronizados con la agenda intervencionista de los Estados Unidos, como Reporteros Sin Frontera (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) y otras “siglas basuras”, José Steinsleger, dixit.     

 Es sospechoso que quienes se oponen a la decisión del Ministerio Público (MP) al momento de argumentar con códigos y leyes sólo se refieran a los derechos de informar, pero jamás a los deberes que tienen de hacerlo sin autocensurarse y sin faltar a la verdad. La “libertad de expresión” así como los  “derechos humanos” son  principios y conceptos prostituidos por la semántica golpista que los ha convertido en pistolas que apuntan a los gobiernos progresistas que intentan sacudirse la hegemonía comunicacional que imponen los “amos de la prensa” en todo el mundo.   

Ninguna libertad puede ser total, y menos aún la de los instrumentos masivos de comunicación. Todo derecho implica un deber y una ética. No obstante la trampa quedó establecida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de los preferidos de los defensores de la libertad de prensa del cual  siempre hacen una interpretación acomodaticia: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”

 Solo que los medios masivos de comunicación no pertenecen al pueblo, sino que son instrumentos al servicio  del imperio y el neoliberalismo mundial. Razón tenía Ludovico Silva cuando escribió que si Marx hubiera conocido el poder univoco y omnipresente de los medios le habría dedicado una tesis incluso  más amplia y acuciosos  que el propio Capital.   Luisa Ortega Díaz es una de las funcionarias del estado más preocupadas por la transparencia y la veracidad  informativa. Así lo ha demostrado incluso en el propio ejercicio de su cargo.


jhocas10@hotmail.com



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Jhonny Castillo

Periodista, presidente de la Fundación Lectura Crítica de Medios.

 jhocas10@hotmail.com      @heraclitando

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