Sin duda alguna, si a alguien se le ocurriera hacer algo así, el clamor de todos los venezolanos, y en esto veríamos unidos como hermanos siameses, a la oposición y al gobierno, coreando un rotundo NO CON MI PETROLEO NO TE METAS.

Sin embargo, no cabe la menor duda que el precio del barril de petróleo está determinado por la ley de la oferta y la demanda, y además, existe también una gran especulación que favorece en este caso a Venezuela como productor. Tampoco, podemos ignorar que la OPEP es un cartel, lo que significa que es una asociación de productores que limitan la producción para mantener altos los precios y se reparten el mercado.

Si nos ponemos en la perspectiva de los consumidores no productores de petróleo, con toda seguridad dirán que esto es muy injusto, sobre todo para los pobres de los países fríos que deben gastar mucho dinero para mantenerse calientes en invierno. Ahora, desde la óptica de los productores, dirán que es un precio justo porque se trata de un recurso natural no renovable y que constituye la fuente de riqueza principal para salir de la pobreza.

Si un día la ONU creara una Comisión Internacional de Costos y Precios Justos, seguramente tendría que multar a los países productores de petróleo, debido a que la brecha entre el costo de producción y el precio de venta es groseramente abismal (algo así como US$ 5 de costo por barril versus US$ 100 precio de venta). Cualquiera diría que sólo la especulación puede avalar tamaña disparidad.

Como podemos ver el gobierno venezolano en el terreno internacional acepta de buen grado la ley del mercado, cuando ésta favorece a los intereses de Venezuela, y hasta promueve la cartelización (oligopolio petrolero) del mercado de hidrocarburos, pero internamente considera que esto no puede tolerarse.

El punto que quiero subrayar es el que tiene que ver con el concepto de “precio justo”. La justicia es un concepto muy difícil de manejar, como ya he mencionado, lo que es justo para unos es injusto para otros, todo depende de cómo se vean afectados los intereses en juego. Por otra parte, esto del justo precio no crean ustedes que es algo novedoso. La verdad es que desde los tiempos de los griegos, se viene hablando de esto, mucho antes de que existiera la economía como ciencia, eran los filósofos los que se ocupaban de estas cosas. En aquellos tiempos también había una cierta aversión por parte de los filósofos y del clero, a lo que se refería a obtener ganancias pecuniarias de la actividad económica. Sin embargo, a pesar de todos los cuestionamientos, la actividad económica siempre involucró a la ganancia del productor o mercader, y frente a esto, la iglesia más bien hizo la vista gorda, por supuesto, la iglesia de la época feudal era terrateniente y manejaba muchos negocios con cuyas ganancias se edificaban las majestuosas catedrales góticas de Europa.

El problema de la justicia en la esfera económica lo retoman los socialistas utópicos y Marx en el siglo XIX. La teoría del valor pretende darle un fundamento científico a una crítica moral, en el sentido de desvelar el mecanismo por el cual los trabajadores son despojados por los capitalistas de parte de su trabajo, que se constituye en la ganancia del capitalista. Por supuesto, y para no perder el hilo de lo que venimos hablando, cabe destacar que Marx nunca pudo enlazar consistentemente su teoría del valor y de la plusvalía con la formación de precios en el mercado. Por supuesto, esta no era su intención.

En términos prácticos, ¿como determinamos que un precio es justo? Por supuesto, podemos empezar por la vía de los costos, podemos señalar que el precio de un bien no puede ser inferior a su costo. Por lo menos, en la esfera privada, es muy difícil que un productor produzca por debajo de los costos. Por lo tanto tenemos un punto de partida, el problema viene con la ganancia del productor o comerciante, que en definitiva señalará el precio final. Cuanto deberá ganar el productor o capitalista como gusten llamarlo, ¿5%, 10%, 20%, 30%...respecto del precio final? Como pueden ver la fijación de un precio justo tiene que ver en definitiva con la fijación de un porcentaje de utilidad que consideremos justo. Algunos podrían decir que la utilidad no puede estar por debajo del tipo de interés que cobran los bancos, se supone que un productor en vez de tener el dinero en el banco lo arriesga en un negocio, por lo tanto, éste debe reintegrarle como ganancia más que si lo dejara en el banco. Supongamos que el tipo de interés está en el 20%, ¿cuánto más, por sobre esta tasa, es una ganancia razonable? Como pueden ver hemos quedado en las mismas.

Por otra parte, y quiero mencionar un artículo que leí el otro día, seguramente el autor es un marxista, quien decía y creo que con cierta razón desde una perspectiva marxista, que una ley de costos y precios justos lo que haría sería convalidar el despojo de la plusvalía por parte de los capitalistas. Efectivamente, si el precio que se considera justo, contiene un porcentaje de ganancia para el dueño de los medios de producción, se convalidaría la usurpación de la plusvalía. Tal como podemos ver, no sólo hay detractores de esta ley en Fedecámaras y la oposición, también en las filas de los marxistas ortodoxos podríamos decir.

En todo este análisis he supuesto que la cuantificación de los costos no es un problema, pero en la práctica si lo es. Diferentes empresas que fabrican el mismo producto, pueden tener estructuras de costos muy diferentes porque usan tecnologías distintas, porque los productos no son de una misma calidad, porque los costos de las materias primas son distintos, porque los procesos de producción son distintos, etc. Mi pregunta es ¿cómo se va a lidiar con eso?

También, he escuchado que a la hora de analizar los costos, sólo se tomarán en cuenta los costos directos y no los indirectos. Cualquiera que haya trabajado en una empresa, sabe perfectamente que los costos indirectos pueden tener un peso importante en la estructura de costos. En los proyectos de factibilidad económica para montar una empresa, se calculan los costos directos: materia prima, mano de obra y otros; y muchas veces los costos indirectos, más difíciles de calcular con exactitud, se estiman entre un 15 y un 20% del total de costos. Si no se toman en cuenta estos costos, el precio fijado puede significar que una empresa caiga en la zona de pérdidas.

Recuerdo perfectamente que para los contadores, la materia de costos era el quebradero de cabeza, la materia filtro, el terror de los estudiantes. Esto indica que efectivamente el cálculo de costos no es para nada una tarea fácil, y que se requiere personal muy bien capacitado para dicha tarea. Por lo tanto, un control de los costos será una también una tarea muy compleja.

La única manera de simplificar el cálculo de costos sería por medio de una estandarización en la esfera de la producción, algo como lo que vimos en el socialismo del siglo XX, y que como es bien sabido no fue una experiencia exitosa. Es decir, por ejemplo, producir un zapato estándar con una materia prima determinada, un solo proceso de producción, una misma tecnología, una mano de obra con una determinada especialización. Cualquiera que haya visitado los países socialistas del siglo pasado habrá visto que en las tiendas no había ninguna variedad en los productos, y que la calidad de los mismos dejaba mucho que desear. Además, existía una escasez crónica de productos de primera necesidad, y de los otros también.

Muchos pensarán a estas alturas que soy un partidario del libre mercado a rajatabla, en realidad no lo soy, creo que el mercado totalmente libre no es eficiente tampoco en todas las circunstancias y en todo momento. Creo que el Estado debe intervenir en algún momento para evitar desviaciones peligrosas, por ejemplo, en los mercados financieros. Todos podemos ver la debacle que hoy existe a nivel mundial por la desregulación del sector bancario y financiero. Siempre he refutado la teoría de la competencia perfecta por estar basada en un conjunto de supuestos irreales que no se dan en la práctica en ninguna parte. Sin embargo, y a la luz de lo acontecido con el socialismo real y su modelo de planificación central de la actividad económica, que terminó en un fiasco económico descomunal; no nos queda más que aceptar que en materia de productividad y producción de bienes y servicios, el sistema de mercado demostró ser muy superior.

Creo que hay que intervenir cuando vemos cosas como lo que yo vi el otro día, un carro Fiat Palio cuesta a nivel mundial algo así como US$ 8.500, si lo llevamos a BsF, sería algo así como BsF. 36.550 (BsF 4,30 por dólar). Imagínense ustedes que decimos lo siguiente, bueno aquí en Venezuela costará US$ 12.000, o sea, BsF. 51.600. Pero no, aquí no cuesta eso, cuesta el triple. Y hay que tener en cuenta que el nivel de ingresos de los venezolanos ni se acerca al de los ciudadanos de los países desarrollados donde si pueden adquirir este vehículo por el módico precio de US$ 8.500. Esto si me parece injusto, que las ensambladoras, que supuestamente, reciben dólares a BsF. 4,30 para la importación del material para ensamblar los carros, que cuentan con una mano de obra muy barata si la comparan con lo que se le paga a los obreros en los países desarrollados, nos vendan los carros tres veces más caros que en cualquier parte, me parece un robo a mano armada. Mi pregunta es: ¿Dónde está el gobierno para evitar tamaño abuso?

El problema radica en la forma en la cual podemos controlar eficientemente el mercado para evitar la generación de problemas como la inflación, la recesión, la devaluación de la moneda, el déficit fiscal, una distribución desigual del ingreso, etc.

Es en este punto es donde tengo mis dudas respecto a la idoneidad de la Ley de Costos y Precios Justos, como un mecanismo adecuado para abatir la inflación.

Volviendo al tema de la justicia en la fijación de los precios, mucho me temo que no llegaremos a ningún lado, simplemente porque el tema de la justicia en general es totalmente subjetivo, es un problema valorativo, moral y filosófico. Finalmente, alguien tendrá que decir y decidir cual es el precio justo, y por supuesto, no habrá consenso ninguno, habrá defensores y detractores. ¿Ahora como impactará esto en la economía? Es muy probable que haya algunas empresas que no seguirán produciendo, si es que el precio fijado en verdad no cubre los costos y las expectativas de ganancias de los productores. Esto podría dar como resultado una presión adicional en las importaciones y la balanza comercial.

Ahora bien, ¿cuál es el objetivo final de una ley de costos y precios? Al parecer, desde el gobierno se la ve como una medida acertada para doblegar la inflación. Obviamente, esta ley debería ir a atacar las causas de la inflación y esto es algo que tenemos que analizar.

Hay un consenso bastante grande a nivel de los economistas conservadores en el sentido de que la inflación es un problema monetario. Esto significa que los países que sufren inflación se debe a que la cantidad de dinero existente en la economía es excesiva para la efectiva producción de bienes y servicios existentes. Mucho dinero en la calle se transforma en una mayor demanda, lo que presiona los precios al alza. Por lo tanto, una solución se da por la vía de la reducción de la masa monetaria en la economía (políticas de contracción o austeridad). Obviamente, una política de este tipo conllevaría a una reducción del gasto público, léase recortes en los programas sociales, es decir en las misiones. Como cualquier lector perspicaz se dará cuenta, esto es impensable para un gobierno de orientación social y menos aún en una época preelectoral.

La otra alternativa obvia es por la vía del incremento de la oferta, es decir, producir más bienes y servicios o importarlos. De hecho, el gobierno ha optado por la importación debido a que se le ha hecho imposible aumentar la producción nacional.

Es obvio que el gobierno y su enfrentamiento con el sector productivo nacional no pueden dar como resultado un crecimiento de la producción. Muy por el contrario, podemos esperar más bien que la capacidad productiva vaya descendiendo progresivamente. Por supuesto, esta ley de costos y precios es como una nueva batalla en la guerra entre el gobierno y el sector privado, por lo tanto, no podemos esperar que de ella salga ningún tipo de crecimiento elevado y sostenido de la producción de bienes y servicios.

Ahora bien, como han señalado muchos voceros del gobierno, “en Venezuela no hay inflación lo que hay es especulación”, lo que pretende esta ley es luchar contra la especulación, el verdadero enemigo. Creo que quienes señalan esto cometen un error conceptual fundamental. Los fenómenos especulativos se dan cuando existe un exceso de demanda frente a la oferta disponible, si la cosa fuera al revés, la especulación sería imposible. De hecho, la especulación es un síntoma de un desajuste muy grande entre la demanda y la oferta, y sólo se da cuando hay un fenómeno inflacionario. Por lo tanto, sólo se estaría atacando un síntoma, algo así, como tomar un remedio para la fiebre, pero no un antibiótico para la infección.

Si suponemos que la aplicación de la ley es exitosa y se controlan los precios en un determinado nivel, esto no significa que vaya a haber un incentivo para el sector privado para que invierta y aumente la producción. De hecho, muchos productores de los sectores controlados pueden cambiar de ramo y ponerse a producir otra cosa. Otros simplemente podrán liquidar sus negocios y probar suerte fuera del país. No veo ninguna forma en que la oferta de bienes y servicios pueda aumentar como resultado de esta ley, es decir, que efectivamente subsane la causa real de la inflación y la especulación.

Algo podemos tener por seguro, y es que la demanda de bienes y servicios seguirá creciendo con el aumento poblacional y con un gasto social creciente. Con una oferta limitada y no creciente, y si evitamos la especulación y el acaparamiento, lo único que se podrá lograr es un proceso creciente de escasez. Por suerte, Venezuela es un país petrolero y podrá importar lo que se requiera para evitar una situación de escasez dramática, y creo que podrá hacerlo por bastante tiempo.

Cabe destacar que el gobierno ha dicho que sólo aceptará costos por importaciones calculados al tipo de cambio oficial. En este punto, debemos sincerarnos, todos sabemos que hay muchas empresas que están importando con el dólar innombrable, esto implicará que estas empresas definitivamente deban salir del mercado, lo que nos llevará a una disminución de la oferta de bienes y servicios.

La única manera que veo de aumentar la oferta es por la vía de la negociación entre el sector privado y el gobierno, una negociación que esté sustentada no en la simpatía que se tengan, sino en la propia supervivencia. Al sector privado no le conviene seguir en la senda de la confrontación con el gobierno, pero al gobierno tampoco, a éste último, le conviene un acuerdo que permita restablecer el crecimiento económico, el empleo y una mayor oferta de bienes y servicios. Si esto no pasa, tarde o temprano, al gobierno no le quedará otra solución que la expropiación total del sector productivo privado. Una decisión para la que el gobierno no está preparado, y sería transitar el camino del socialismo del siglo XX, y posiblemente con un final poco feliz también, en virtud de que las expropiaciones de empresas que ya se han dado, al parecer no han rendido los frutos esperados (SIDOR por citar un ejemplo).

El problema como me lo hiciera ver un amigo, no es que tan correcto es esto de una negociación entre el gobierno y los empresarios, sino más bien, la factibilidad que esto ocurra. Según mi amigo, la historia del empresariado venezolano lo lleva a no querer negociar bajo condiciones distintas a las que históricamente se acostumbró. Muchos critican hoy que Venezuela es un país de mendigos, que la gente pobre se resigna a recibir dádivas, en vez de buscar maneras de ganarse el pan con el sudor de sus frentes. Sin embargo, muchos olvidan que también hemos tenido un empresariado mendigo, que se acostumbró también a vivir de la renta petrolera, de los subsidios, de los créditos del Estado que finalmente no pagaba.

Estemos claros, el enfrentamiento entre este gobierno y el empresariado gira en torno a una sola cosa y es la repartición de la torta petrolera. Es obvio que este gobierno cambió la forma de repartir la torta de una manera dramática, lo que llevó a la clase empresarial en el 2002, a intervenir directamente en política y con un fin muy poco democrático, tumbar el gobierno, y lo consiguió por pocas horas. Además, sorpresa, el presidente interino fue el máximo dirigente de los empresarios venezolanos.

Bajo esta perspectiva, creo concordar con mi amigo en el sentido que una negociación entre el gobierno y el sector empresarial tiene unas probabilidades muy bajas de suceder. Esto nos lleva a quedar entrampados en un punto muerto. Creo que en estos momentos, la clase empresarial esperará y le apostará a las elecciones del 2012, y el gobierno aplicará un control de precios para refrenar la inflación e insistirá en la lucha contra el acaparamiento y la especulación, conteniendo la escasez por la vía de las importaciones, creo que de lado y lado se correrá la arruga hasta después de las elecciones. Como nota anecdótica, y en relación con la escasez, les contaré que asistí a una reunión donde se hizo un intercambio de regalos inútiles y graciosos, y el más aplaudido fue un pote de leche, y alguien comentó mientras tamborileaba sus dedos sobre el mencionado pote, que la fiesta tenía un aire cubano (por cierto yo viví en Cuba en mi infancia y vi la famosa tarjeta de racionamiento, y recuerdo que mi madre tuvo que ir a una dependencia del gobierno a conseguir un ticket, para luego ir a una tienda y comprarme un par de zapatos, por supuesto, estoy hablando de la década de los 60).

En resumidas cuentas, creo que la Ley de Costos y Precios Justos, a la cual le quitaría eso de justos, tendrá unas consecuencias adversas. A mi modo de ver, una de las razones para que la misma no de los resultados esperados, radica en que ésta no ataca la causa real del problema inflacionario. En todo caso, las consecuencias desagradables que pueda tener esta ley, creo que podrán ser amortiguadas por la vía de las importaciones, mientras haya ingresos petroleros y la posibilidad de acceder a créditos en el mercado internacional. Pienso que seguiremos siendo una economía de puertos por muchísimo tiempo, prendamos un velón para que el precio del petróleo siga subiendo y subiendo hasta el fin de los tiempos, o al menos, por los doscientos años que duren las reservas.

Y por supuesto, que a nadie se le ocurra crear una Ley Internacional de Costos y Precios Justos, te lo pedimos Señor. ESO SERIA TAN “INJUSTO”.

htorresn@gmail.com