Con estos antecedentes de Defensores del bolívar, procuraré dar respuesta a la interrogante de este artículo.
El objetivo principal de Defensores del bolívar es, por una parte, el rescate del poder adquisitivo de la moneda nacional, y por la otra, la profundización y consolidación del proceso bolivariano. A tales efectos, procuramos:
a) Que el gobierno le explique al pueblo de Venezuela en qué le han beneficiado las devaluaciones del 2004 y del 2005. Sinceramente creemos que el noble pueblo bolivariano se merece y tiene derecho a una explicación de porqué un grupo muy reducido de funcionarios toman la decisión de devaluar la moneda, cuando todos los indicadores económicos y los números señalan que lo que realmente procedía era revaluar el bolívar. Esa decisión tomada por unos pocos afecta negativamente a por lo menos el 99% de los venezolanos. Es fácilmente demostrable que con tal medida sólo se beneficiaron un grupúsculo minúsculo de empresarios, banqueros y golpistas que han sacado y mantienen fuera del país más de 150 millardos de dólares, lo cual representa más de 5 veces el monto de la deuda externa de nuestro país. Nos preguntamos ¿Es revolucionario aplicar medidas que favorecen descaradamente a una minoría privilegiada y perjudican sin misericordia al resto de los venezolanos?
b) Que los proyectos de Presupuesto Nacionales sean honestos y transparentes. A tal efecto, el proyecto de Presupuesto Nacional para los años venideros debe ser objeto de un mayor debate público, debate en el cual el pueblo tenga participación por ser el principal doliente. Nosotros sostenemos que los Presupuestos correspondientes a los años 2004 y 2005, tienen suficientes visos de ilegalidad e inconstitucionalidad, pues fueron deliberadamente preparados con la intención de crear un déficit ficticio, producto de adulterar las partidas de Ingresos y Egresos del país. En efecto, por una parte los Ingresos tanto los petroleros como los no petroleros fueron groseramente subestimados y por la otra, los Egresos fueron artificialmente exagerados al inflarlos en un porcentaje correspondiente al monto de la devaluación decretada arbitrariamente de antemano por los encargados de elaborar dicho presupuesto. Tal práctica raya en fraude a la nación y sus consecuencias son trágicas para la República pues implican un endeudamiento no justificado del país y un castigo inmerecido a la población al someterla al azote de una inflación creada o inducida artificialmente por la no menos injustificada devaluación.
c) Que se acabe esa práctica perversa de cada año consistente en anunciar con meses de anticipación el tipo de cambio que regirá el año siguiente. Esa práctica conlleva a los comerciantes y productores a ajustar hacia arriba los precios de todos los rubros, aumento que se produce mucho antes de entrar en vigencia el nuevo tipo de cambio. Que sepamos, sólo en Venezuela ocurre esta aberración. En todos los demás países, la decisión de devaluar (o revaluar) la moneda nacional la toman las autoridades monetarias sin previo aviso y en el momento en que las condiciones macroeconómicas del país así lo determinen.
d) Que si se va a seguir con esta práctica suicida de devaluar todos los años, aún cuando no se justifique, entonces que se fije el salario mínimo no en bolívares sino en Unidades Tributarias, como lo ha propuesto nuestro compañero defensor Jairo Larotta. De esa manera se preservaría el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, independientemente de que se continúe año tras año con la tradición devaluacionista.
e) Que el canal del estado abra sus puertas para que temas como la devaluación sean discutidos abiertamente, sin censuras ni cortapisas. Hasta ahora han sido vanos los esfuerzos de los Defensores del bolívar porque se nos conceda un espacio en Venezolana de Televisión para discutir estas materias, si posible con presencia de las autoridades monetarias y gubernamentales. El pueblo tiene derecho a estar cabalmente informado de los intríngulis detrás de esas medidas que lo impactan tan directamente. El pueblo tiene que saber que la devaluación trae inflación, que los presupuestos amañados sólo propician el endeudamiento injustificado del país. El pueblo tiene derecho a saber que la revaluación le es beneficiosa, pues aumenta su poder adquisitivo. El pueblo tiene que saber que la revaluación del bolívar favorece el desarrollo endógeno. El pueblo necesita y debe saber que la revaluación trae como consecuencia el ajuste sin traumas del precio en dólares de la gasolina y también de los servicios públicos como el agua, la luz y el teléfono. Nosotros, en Defensores del bolívar estamos en capacidad de demostrar las bondades de la revaluación. Pero hasta ahora una sociedad de cómplices conformada por los beneficiarios de las devaluaciones y pertenecientes tanto a la Cuarta como a la Quinta República, ha ejercido presión e impedido que se discutan abiertamente en el canal del estado estas cuestiones tan fundamentales.
f) Que los funcionarios públicos rindan cuenta de sus actuaciones y que demuestren la procedencia de las riquezas que exhiben muchos de ellos. En este sentido, Jairo Larotta ha propuesto que se apruebe una Ley o Decreto que obligue a todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes en el país a efectuar la declaración jurada de bienes. De esa manera se eliminaría la práctica de los corruptos de utilizar testaferros
g) Que se reduzca la dependencia del dólar, migrando por lo menos la mitad de nuestras reservas a otras monedas más duras que el dólar, como el euro, por ejemplo.
h) Que se denuncien y rescindan los contratos leoninos heredados de la IV República, tales como los Convenios Operativos y las Asociaciones Estratégicas. Mientras los indígenas bolivianos soberanamente exigen una regalía del 50% por la explotación de sus hidrocarburos, nosotros nos conformamos con un miserable 13%
i) Que se declare inconstitucional la elaboración de presupuestos con subestimación de los Ingresos y Sobreestimación de los Egresos. Que se penalice a los funcionarios que incurran en tal práctica
j) Que se declare inconstitucional el anuncio del nuevo tipo de cambio con meses de anticipación
k) Que se promulgue de una vez por todas la Ley de Seguridad Social
l) Que se promulgue una Ley de Porte de armas que penalice severamente a quienquiera que se le detecte la tenencia ilegal de armas. Sólo los cuerpos policiales y la fuerza armada deben monopolizar el uso y tenencia de las armas. De esta manera se contribuiría eficazmente a la disminución de la gran cantidad de crímenes que azotan a todos los sectores de la sociedad. Portar ilegalmente un arma de fuego debe ser un delito tan grave como el tráfico de drogas
m) Que se concrete a la mayor brevedad la venta de aquellas refinerías de CITGO que no procesan crudo venezolano, a fin de poner coto al escandaloso subsidio a la economía estadounidense por parte de PDVSA, que importa más de 700.000 barriles diarios de petróleo liviano para alimentar esas refinerías. Más de un millardo de dólares pierde la nación anualmente por ese subsidio
n) Que se abra un gran debate nacional sobre la conveniencia o no de explotar la Orimulsión, sobretodo con miras a su utilización en las plantas eléctricas nacionales, a los fines de reducir el costo de la energía eléctrica que pagan los consumidores
o) Que el Banco Central de Venezuela adopte una política de aumentar las reservas no operativas en base a la producción de las minas de oro del país, con la finalidad de apuntalar la cotización del bolívar y facilitar de ese modo la transición a la moneda única latinoamericana que ha sido propuesta por el Presidente Chávez. Es evidente que un bolívar débil frente a las monedas duras de Brasil y Argentina dificultaría tan loable objetivo
p) Que se mejore la comunicación desde el pueblo hacia el Presidente, la cual prácticamente no existe, a los fines de que el Presidente reciba el feedback del pueblo en cuanto al rumbo del proceso, para que él pueda aplicar oportunamente las correcciones necesarias cuando se presenten desviaciones, corruptelas o incongruencias. En tal sentido, nos pronunciamos porque Venezolana de Televisión deje de ser sólo vehículo propagandístico de funcionarios públicos como Gobernadores, Alcaldes, Ministros y Diputados y se le dé verdaderamente cabida a los venezolanos de a pie
Estas son sólo algunas de las principales metas a las cuales queremos llegar los Defensores del bolívar. Los artículos 2, 4 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos obligan al logro de estas metas, no sólo a los Defensores del bolívar sino a todos los ciudadanos venezolanos, incluyendo los funcionarios públicos. Como puede ver el lector, no sólo denunciamos las incongruencias, sino también proponemos alternativas y soluciones viables
Eudes Vera, Ingeniero Electricista
eudesvera
cantv.net
