Los mayores marginados

Hace tiempo, Elio Gómez Grillo dijo que la población víctima del mayor marginamiento y exclusión en Venezuela era la penitenciaria, pues carecía de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso el derecho a la vida. Son víctimas de fiscales, jueces y carceleros, a la vez que de sus propios compañeros de infortunio, quienes negocian incluso con su vida. La situación no ha cambiado, incluso es claro que ha ido empeorando con el tiempo, y no me siento mejor porque se diga que así ha sido siempre o que así es en todo el mundo. No tenemos por qué limitar nuestras metas de bienestar social a los magros resultados de los gobiernos del siglo pasado, ni tampoco a los fracasos de otros países, incluidos los desarrollados. Eso no lo dice la Constitución, ni ése es el juicio que debe guiar a nadie que quiere construir algo distinto.
No creo que el problema existente se resuelva sólo con medidas burocráticas, como la creación de un ministerio. Lo digo con deseos de ayudar en esta difícil situación y no como crítica destructiva. Hay que instituir un programa integral, multidisciplinario, a corto, mediano y largo plazo, que enfrente al mismo tiempo las limitaciones y fallas del sistema judicial, del Ministerio Público, de las fuerzas que participan en la represión del delito, de la planta física de los sitios de reclusión, de la dotación de los servicios penitenciarios, la educación, preparación y supervisión permanente del personal responsable de administrar los centros y de atender a la población penal. Además, se debe elaborar la normativa que regule el sector y otorgar el financiamiento requerido. Todo a cargo de una comisión de especialistas responsable del proceso.
Cuando ocurren tragedias como las recientes: secuestros por los reclusos de directivos y funcionarios de centros penitenciarios, muerte de detenidos a manos de sus custodios, pugnas sangrientas entre los encarcelados, acciones terroristas de mafias armadas de reclusos, que controlan los centros carcelarios y retan la autoridad del Estado y la complicidad de funcionarios oficiales en la generación del caos existente, no puede concluirse sino que la situación es de máxima gravedad, pues se ha perdido el control del sistema carcelario. En este tipo de escenarios, y más en Venezuela, envuelta en una lucha político electoral muy intensa, se sucumbe a la tentación de sacar provecho grupal de los lamentables sucesos, manipulando los sentimientos de los familiares de los reclusos, reprochando las acciones de los cuerpos represivos sean cuales sean y enrostrándole al gobierno su ineficacia en el manejo de la situación.
Otros tratan de buscar “los culpables” directos de los hechos, sean funcionarios o reclusos, y aplicar las sanciones que correspondan, olvidándose que, independientemente de lo justo o no de los castigos que se apliquen, estas situaciones obedecen a un complejo estado de causas estructurales, con muchas variables y participantes, y no a circunstancias coyunturales ni casuísticas, que pueden ser disparadoras pero nada más. Alguien, muy afecto al Gobierno, me dijo hace unos 4 meses en uno de los centros recién envueltos en estas realidades, que se estaba armando una “bomba de tiempo” en las prisiones venezolanas, pues “quienes están encargados de investigar los delitos no lo estaban haciendo”, sino que dejaban todo el trabajo en manos de los tribunales penales.
Cuerpos policiales que apresan gente diariamente sin causa ninguna, fiscales que piden privación de libertad sin investigar, jueces de control que no cumplen con revisar las actuaciones de esos fiscales, pero ordenan la privación de libertad sin importarles el inmenso daño que producen a los enjuiciados y al sistema carcelario. Mientras tanto, las cárceles se llenan de gente inocente y de detenidos sin condena, algo inaudito, trágico y que debe ser corregido cuanto antes. No se está aplicando el Código Orgánico Procesal Penal, que establece claramente que la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla y que para asumirla deben concurrir tres condiciones muy claras.
El resultado es que tenemos más de 35 mil detenidos en instalaciones con capacidad para unos 14 mil reclusos. La situación se agrava si entendemos que muchas son instalaciones viejas, construidas con otros propósitos, sin mantenimiento, sin los servicios necesarios básicos, no se diga los especializados según los criterios actuales, con un personal no preparado ni entrenado y que se ha corrompido y deformado con el correr del tiempo, hasta hacer de las cárceles un negocio del que se benefician funcionarios y una cofradía de reclusos, hoy dueños de prisioneros y centros de reclusión, que defienden violentamente lo que consideran su derecho. Grupos que se aprovechan de la polarización política del país en beneficio de sus intereses, cuando en realidad se trata de terribles delincuentes que martirizan incluso a sus propios hermanos de infortunio.
Los responsables de las tragedias concretas, por omisión o comisión, sin ninguna duda deben ser castigados de acuerdo con la ley, pues la lucha contra el delito no puede permitir la impunidad, ni que quienes lo persiguen o tengan prisioneros a su cargo exhiban una conducta delictiva. Las otras responsabilidades individuales, las que incumben a los niveles directivos del sistema, se obscurecen, se diluyen o se minimizan, por el estado mismo de la situación penal carcelaria. Sin quitar responsabilidades a nadie, pregunto: ¿Tiene el jefe de un organismo policial o carcelario la responsabilidad del hacinamiento existente? ¿Puede rechazar detenidos enviados por los jueces de control? ¿Puede realmente enfrentar a las mafias de funcionarios, militares y reclusos dueñas de los centros? Mi respuesta es no, ni en el pasado ni en el presente.
Los ministros del ramo, al igual que un Alcalde cualquiera en el caso de su policía, no tienen ninguna posibilidad en la actualidad de evitar estas situaciones. Su papel está en el impulso y elaboración de las políticas, programas y actividades, que resuelvan definitivamente este problema.
 
La Razón, pp A-5, 17-7-2011, Caracas



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Luis Fuenmayor Toro


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