De entrada: Ninguna defensa jurídica tiene por qué correr a cargo exclusivo de ningún Abogado, de la misma manera que las cuestiones económicas, no, a cargo sólo de los Economistas, ni tampoco las cuestiones militares a estos solitos. Los abogados pueden limitarse a suministrar los apoyos jurídicos que el Estado requiera, en su condición de especialistas y reconocedores del asunto jurídico, tanto legal como jurisprudencial.
Ha sido costumbre, corrupta y característica de los gobiernos anteriores, tener como defensores legales y públicos, tanto en lo administrativo como en lo penal, precisamente, a unos profesionales, con nombramientos oficiales y específicos, que no pudieron escapar de la mediocridad que acompañó siempre la contrata proselitista y carnetiana del Puntofijismo (Con todos los partidos políticos incluidos).Sobre todo en materia de asesoría jurídica, de fiscalía y de contralorías. Se trata del medieval y anquilosante prejuicio de “zapatero a sus zapatos”
En esas circunstancias, se puede decir que el Estado venezolano no sólo ha despilfarrado y prevaricado fondos públicos en unas nóminas juridicoparasitarias, sino que, por su pésimo ejercicio, todos los juicios en contra del Estado fueron irremediablemente ganados por sus demandantes, aun en los casos donde no les asistió razón jurídica alguna.
No se ignora que la mayoría de esos asesores jurídicos venezolanos negociaron sus casos públicos con la otra parte, por aquello de “¿cuánto hay pa' eso?”, o por la sencilla razón de que entre “compañeritos de partido” todo se sometía a arreglos con cargo a la cenicienta del Erario Público (Público siempre tradujo para los puntofijistas: propiedad de nadie), y en los casos donde el agraviado fue el Estado, y a este le asistía toda la razón del mundo, entonces, también se perdieron todos esos juicios, y, además, se tuvo que indemnizar a quienes ya le habían causado daño al Patrimonio Nacional, digamos que de demandados se trastrocaban en demandantes por la ineptitud o complacencia de esos “defensores”, fiscales y contralores públicos.
El Estado sólo ganaba, curiosamente, los casos injustos contra sus débiles enemigos políticos. Todavía existen numerosos casos de demanda contra injusticias cometidas por el Estado, por concepto de diversos daños materiales y humanos que sus autoridades de turno cometieron contra ciudadanos que en su oportunidad se negaron a bajar la cerviz ante las inicuas e inmorales condiciones que solían imponer los jerarcas de turno desde las mismas sedes de las secretarías de esos partidos políticos, o alzaron su justificada voz de disidencia.
Forma parte intrínseca de la DEUDA SOCIAL esas justas y pendientes indemnizaciones por crímenes cometidos por los ex presidentes de este país, o por sus ministros y demás autoridades de entonces. En este aspecto, nuestro estimado Presidente se ha quedado corto (o su entorno íntimo no se lo ha hecho ver).
Esa conducta judicial, de la burocracia jurídica nacional, formó parte inseparable de una Política de Estado dirigida a tener lo peor de nuestros profesionales y técnicos, subpagados y humillados, mientras la empresa privada secuestraba para sí lo mejorcito de nuestra mano de obra tecnocientífica y profesional.
Secuela de esa Política la mantenemos actualmente, con una Fiscalía que no le vemos el arrojo y capacidad técnica para llevar la ofensiva en materia judicial, y que nos viene luciendo incapaz para presentar una defensa suficientemente amplia, taxativa y predotada del argumentaje propio de todo buen jurista y de todo buen defensor público y jurídico.
Esto lo traigo a colación porque seguimos en las mismas. No hay manera de que veamos a ninguno de nuestros abogados metidos fogosa y eficazmente en las lides judiciales, con la arremetida profesional que dé al traste con los alegatos y argucias de esos abogados prestados a la conspiración y a la oposición, porque, si a ver vamos, debemos admitir que no todos los buenos profesionales y técnicos fueron contratados por la empresa privada, contratados, decimos, por unos patrones a los que primero hay que mostrárseles serviles. Tampoco no todos los profesionales empleados en la Admón. Pública pudieron ejercer como tales, buenos profesionales, ya que (debe también reconocerse) esos buenos profesionales siempre fueron marginados, y jamás ascendieron con rangos administrativos ni de investigación, porque, sencillamente, a los cargos direccionales sólo llegaron los más connotados liderzuelos de ese nefasto Puntofijismo, sin importar para nada las credenciales de meritocracia.
Todo lo contrario: al igual que lo que ocurre actualmente en Pdvsa, quienes en la Admón. Pública se enjuagan su boca más duro con ese calificativo de supuestos méritos académicos, es porque son los primeros en irrespetarla. Hubo un Presidente, de nombre Jaime, que durante su campaña ofreció mandar con los mejores (se refería a su academia y moralidad), y terminó gobernando con los mejores incapaces y los más sobresalientes corruptos. (El actual Alcalde Metropolitano fungió de jefe de la OCI de entonces)
Ahorita conozco de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en su deseo por abrogar total o parcialmente la Ley de tierras, según la cual, habría que seguirles juicios onerosísimos y macroindemnizaciones a quienes hayan invadido ilegalmente tierras del Estado (cuestión que data desde la colonia, desde Gómez, desde Pérez Jiménez, etc.), y esos invasores en esas tierras hayan invertido en obras de infraestructura. Lo más probable es que esos abogados de la conspiración, quienes se hallan en perfecto e incólume estado de ejercicio profesional, buscan seguir con su vieja práctica abogacil. El Estado los contratará, las indemnizaciones serían sobrestimadas, etc., todo con cargo a un Erario Público, que por esa vía verá mermada sus disponibilidades para hospitales públicos, para las escuelas bolivarianas, para los créditos populares etc.
No soy abogado, pero considero que a quienes aspiren que el Estado les reconozca el valor de dichas bienhechurías debe interponérseles abogados con suficiente capacidad revolucionaria para que entonces les pasen su buena factura por el monto de los usufructos, de los usos y abusos gozados por dichos invasores durante todo el tiempo que sustentaron unas tierras indebidamente poseídas. Es cuestión de hacer las proyecciones calculatorias y numéricas correspondientes Por eso es que la vieja Ley de reforma Agraria y el IAN no reconocían ni un sólo bolívar a quien construía en terrenos ajenos y sin la correspondiente anuencia de sus verdaderos propietarios.
Si alguien posee indebidamente un bien útil, mueble o inmueble, y se limita a tenerlo ocioso, de todas maneras ese invasor goza del intangible valor de su tenencia que bien podría generarle prestigios, uso personal, facilidades sociales y financieras, etc., y esto es también perfectamente computable y cargable, a los efectos de la facturación que por uso indebido debería pasarle el Estado, en caso de que se consigan abogados dispuestos a ponerles también el cascabel a los gatos del latifundista venezolano.
A manera de anécdota: Tuve necesidad, el otro día, de demandar a una entidad financiera. Me asistían todas las pruebas y los derechos que las leyes vigentes podían concederme. Digamos que se trataba de una caso expedito que no necesitaba "negociarse". Les cuento que todos los varios abogados que consulté me dijeron que ellos no se iban a meter con la banca. Hubo otro (Decano actual de una Escuela de Derecho) que con todo su tupé me dijo que por ese monto de mi demanda (unos 50 M Bs. de otrora) no se iba a enfrentar a los banqueros.
Hay un pasaje bíblico que ejemplifica el caso que nos ocupa, con la Ley de tierras: Una vez, el juez Salomón consideró que debía respetársele al teniente original la propiedad de la gallina, cuyos huevos había puesto en el solar del vecino, y a este, dejársele los huevos por su custodia y alimentación.
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