Caracas, jueves 14 de agosto, 2025.- Organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como de defensa de los Derechos Humanos, realizaron hoy jueves 14 de agosto una concentración en la Plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo, de Caracas. Habían convocado a una movilización con las consignas #BastaDeRepresión - Libertad a los presos políticos – Por Salarios Dignos (CRBV Art. 91). La movilización tenía previsto partir desde la mencionada plaza frente a la Defensoría, hasta el Ministerio Público en Parque Carabobo.

Acudió alrededor de un centenar de activistas sociales, sindicales y políticos y algunos medios digitales, pero la fuerte intimidación y acontecimientos represivos de los días previos, incluyendo detenciones, hizo que alguna gente considerara de riesgo intentar ejercer su derecho democrático y constitucional a la manifestación.

Aunque esta vez no hubo represión policial ni arremetida de motorizados de colectivos parapoliciales armados, como sucedió hace poco en en el TSJ, los asistentes sí reportaron la presenncia de otros cuerpos de seguridad (de civil). Las y los agentes tomaron fotos y videos de las y los asistentes y de quienes intervenían ante el público, por lo que la asistencia teme que luego eso pueda ser usado para nuevas acciones represivas irregulares y abusivas, según lo comentaron algunos presentes: "Si este es el clima para el ejercicio de lo que llaman 'nueva democracia' o 'democracia representativa' nos podemos imaginar a qué están sometidos los venezolanos que intentan ejercer los más minimos derechos que les confirió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999". "Evidentemente -comentó otro- estos registros, fotos y videos, les servirán para nuevas acciones de odio, violencia institucional y terrorismo de Estado, y el gobierno deberá ser responsabilizado por lo que pueda volver a suceder".

La realización de esta protesta, "aunque pequeña, tiene una gran fuerza simbólica -evaluaban algunos participantes al terminar- porque porque se muestra resistencia y valentía para la defensa de derechos bajo condiciones muy adversas frente al abuso de poder del Estado-Gobierno; y esto nos moraliza y nos anima en la lucha, y especialmente porque esa lucha consecuente, junto a la gran campaña internacional de solidaridad que se produjo, permitió forzar al gobierno a excarcelar a Martha Lía, a pesar de que no obtuvo la libertad plena; pero eso también lo vamos a lograr, así como otros objetivos que nos proponemos".

Entre los convocantes principales del evento se encuentran el Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), el PPT-APR, Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Revolución Comunista (éstas agrupadas a su vez en la articulación unitaria Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo), también el sindicato de los trabajadores universitarios de la UCV (Sinatra UCV), Comunes, la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), el Bloque Histórico Popular y el Movimiento Popular Alternativo (MPA), entre otros factores convocantes o concurrentes.

También se allegaron representantes de lo que se conoce como Coordinadora Nacional de Conflicto.

En la Defensoría del Pueblo fue entregado por los convocantes y fue recibido un documento que denuncia la represión y violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.

En el documento se solicita respuesta institucional ante hechos que vulneran los derechos políticos, democráticos y humanos del pueblo venezolano. Se denuncia una escalada represiva tras las elecciones del 28 de julio de 2024 que se ha prolongado hasta ahora y por la que muchas personas fueron a parar a prisión sólo por reclamar.

Documento entregado a la Defensoría del Pueblo (pág 1) Credito: Convocantes de la concentración

Documento a la Defensoría, pág 2 y firmas Credito: Convocantes

Entre los aspectos contemplados en su contenido, se denuncia la persecución y encarcelamiento de civiles, dirigentes políticos, sindicales, activistas, periodistas y abogados por ejercer su derecho a la denuncia o apoyar a víctimas (según el punto de vista de los manifestantes). Al respecto, levantan la exigencia de libertad inmediata para todos los presos políticos, denuncian la desaparición de Enrique Márquez, ex candidato presidencial, presuntamente en manos de cuerpos policiales. También lo que califican como secuestro de Oglis Ramos Garrido, dirigente de la organización Comunes, sin información sobre su paradero. La detención, más reciente, de Rubelia Astudillo, dirigente de Fenajup, desaparecida desde el 13 de agosto. La criminalización, ya mencionada, de Martha Lía Grajales, defensora de DDHH, sometida a juicio con restricciones tras desaparición y detención arbitraria. Igualmente, reclamaron por la violencia contra madres de jóvenes presos políticos (ataque de "colectivos" en el TSJ el 5 de agosto), tanto física como con robo de pertenencias (celulares, cédulas, etc.) durante la vigilia pacífica frente al máximo tribunal del país, que consideran consentida por la policía oficial. Exigen una investigación que incluya testimonios de las víctimas. Se solicita revisión de las grabaciones de seguridad del TSJ para esclarecer los hechos. El documento tambien hace referencia al caso de la abogada María Alejandra Díaz que por estar bajo acoso, luego de despojarla del derecho a ejercer su profesión al haber interpuesto un recurso molesto para el gobierno en el TSJ, se encuentra refugiada en la Embajada de Colombia y esperando un salvococonducto que el gobierno de Nicolás Maduro se niega a conceder.

Termina el documento entregado a la Defensoría del Pueblo haciendo un llamado a que se respete el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la atención de las denuncias que como organizaciones políticas, movimientos sociales, ciudadanos y ciudadanas, se le hacen a los entes públicos como parte de los derechos constitucionales y humanos.

Las consignas que culminan el contenido de la carta a la Defensoría son: Basta de Represión, Libertad a los Presos Políticos, Salarios plegados a la Constitución para vivir con dignidad.

Si bien el texto del documento entregado se centra en el tema de la represión y la libertad de las personas presas por motivos políticos, uno de los ejes más importantes del acto fue el reclamo de un salario digno y constitucional que se corresponda con el costo de la canasta básica, tal como lo estipula el artículo 91 de la CRBV, violado por el gobierno y por el empresariado nacional y transnacional contra la clase trabajadora venezolana, ya que se encuentra hundida con el peor salario del mundo percibiendo apenas un dólar mensual, lo que equivale a trabajar gratis y sin posibilidad siquiera de restituir su fuerza de trabajo, algo equivalente a lo que se considera como "trabajo semi-esclavo", lo cual muchos de los presentes señalan como práctica de una política antiobrera, profundamente capitalista, contrarrevolucionaria y de superexplotación.

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