Efectivamente, el último decreto del salario mínimo (y de la pensión que perciben millones de jubilados y pensionados a través del Seguro Social) se produjo el 15 de marzo del 2022, colocando el salario mínimo mensual en 130 Bs, para entonces 30 dólares; sin embargo, en los años subsiguientes no se produjo aumento salarial alguno, incurriendo el Ejecutivo Nacional en una flagrante violación del Artículo 91 de la Constitución que ordena al Gobierno ajustar el salario mínimo anualmente, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.
La incesante devaluación del bolívar ha llevado a que, para este momento, el salario mínimo mensual congelado en 130 Bs, ya se ubique en menos de 2 dólares al mes.
De tal manera, el Gobierno de Maduro y la cúpula del PSUV ha instaurado un sistema de remuneración ilegal e inconstitucional, basado en la bonificación del salario, con el concepto de “ingreso mínimo vital” que es contrario a la Constitución y a la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). Con ese fraudulento concepto un 97 % del ingreso del trabajador -específicamente en el sector público-, no son parte del salario el llamado “bono de guerra económica” y el cestaticket de alimentación, que suman 130 $ sin ninguna incidencia en el cálculo de indemnizaciones por prestaciones sociales, vacaciones, utilidades o aguinaldos, bonos nocturnos, entre otros conceptos legales o contractuales que tienen como base de cálculo el salario. Pero ese mismo criterio ilegal es empleado en el sector privado, donde la mayor parte de lo que se paga a los trabajadores no es considerado salario.
Con esa política antisalarial, de la que hacen parte el congelamiento y desmontaje de las convenciones colectivas de trabajo, con la imposición del memorando-circular 2792 del 2018 y el Instructivo de la ONAPRE del 2022, el gobierno condena a los trabajadores y sus familias a condiciones de pobreza extrema. Precisamente, según las Naciones Unidas el salario mínimo de pobreza extrema es de 57 $ al mes, ¡en Venezuela hoy no llega a 2 $!. Para tener idea del nivel de empobrecimiento de la familia trabajadora venezolana, tómese en cuenta que para febrero del 2025, el costo de la canasta básica familiar, se estimó en 548,65 dólares. Mientras, el alto costo de la vida no se detiene, haciendo inalcanzables los alimentos, las medicinas y los servicios de agua, aseo, telecomunicaciones y electricidad, cuyas tarifas se incrementan mientras que el servicio es cada día peor.
Denunciamos que la sistemática destrucción del valor de la fuerza de trabajo, con la extinción del salario mínimo y de la pensión mensual, acabando con las prestaciones sociales y con la capacidad de ahorro del trabajador y su familia, hacen parte de una criminal política neoliberal que se instauró formalmente en agosto del 2018 con el cínico Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, concebido para castigar a la clase trabajadora con carencias y pobreza y beneficiar a los capitalistas con altas tasas de ganancias. El gobierno, que falsamente dice ser “socialista”, pretende atraer inversiones extranjeras imponiendo condiciones de sobre-explotación de nuestra fuerza de trabajo, con el salario más bajo del mundo, sin contratos colectivos y sin libertad sindical.
El gobierno neoliberal y autoritario pretende hacer creer que los trabajadores debemos aceptar y aplaudir su política antiobrera y antipopular, debido a las ilegales sanciones que imponen a la nación las potencias imperialistas, las que rechazamos absolutamente; pero, la realidad es que antes de que se iniciaran las sanciones contra PDVSA, ya el Gobierno de Maduro venía destruyendo el salario y poniendo trabas para las discusiones de convenios colectivos. Pero además, durante los dos años del anunciado crecimiento económico (2023 y 2024), debido a la reanudación de la exportación de petróleo a Estados Unidos como consecuencia de la Licencia 41, que permitió las actividades de la transnacional Chevon en Venezuela -disfrutando de excesivos privilegios y poder-, no hubo ningún aumento del salario ni de las pensiones para los trabajadores activos y jubilados.
La salvaje política neoliberal de Maduro, con la que descarga el peso de la crisis y de las sanciones imperialistas sobre los hombros del pueblo trabajador, ha empujado a nuestra fuerza de trabajo a una migración masiva. Pero además dicha política es aplicada con represión y desmontaje de las libertades democráticas, lo que se evidencia en el despido, acoso, encarcelamiento y persecución judicial contra líderes sindicales, delegados de prevención y en general contra trabajadores que luchan por el respeto de los derechos laborales. Pero también se expresa en las detenciones injustificadas con violaciones a los derechos humanos, a miles de ciudadanos, tan solo por expresar su opinión política o por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Por tanto, la CUTV y el FNLCT llaman a los trabajadores activos y jubilados y al pueblo en general, a organizarnos y a luchar unidos por la restitución del salario, de las pensiones y demás derechos laborales, como parte de una lucha más general aún por el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, como integrantes del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL), les hacemos un llamado a participar este 19 de marzo en la Marcha Unitaria por el rescate del salario y demás derechos del pueblo trabajador, iniciativa de los gremios universitarios que saldrá desde la Plaza del Rectorado de la UCV en Caracas. En las regiones también se organizan diferentes iniciativas de lucha; es necesario avanzar en unidad de acción y retomar las asambleas y las movilizaciones obreras y populares.
¡La clase trabajadora unida jamás será vencida!
¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!