Manifestantes se enfrenta con agentes de la Unidad de Control de Multitudes (UCM) en Valle de Agua Abajo en la provincia de Bocas del Toro (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Toda Panamá se ha visto agitada desde marzo por grandes movilizaciones, huelgas y protestas que no cesan, pero en los últimos días se han profundizado en las provincias como Bocas del Toro, en el norte caribeño, y hacia el sur, en la provincia del Darién, sobre todo en esta región de los pueblos originarios como en Arimae. Pero la eclosión en Bocas del Toro, la zona bananera del Caribe panameño, ha revestido nueva dimensión permaneciendo bloqueada por las protestas en carreteras contra las políticas de Mulino y donde en los últimos días, desde el 13 de junio, se lleva a cabo un mega operativo militar llamado "Operación Omega".
Este viernes 20 de junio el gobierno de Mulino, al no poder contener la rebelión en curso, ha decretado el estado de sitio en la provincia Bocas del Toro, suspendiendo todas las garantías constitucionales y derechos individuales. Se basa en el artículo 55 de la Constitución panameña que se decreta "en caso de guerra exterior o de perturbación interna", llamado como "Estado de Urgencia". Esto no significa otra cosa que la puerta abierta a la probable uso del ejército y otras medidas de control político, represivo y territorial, violentando los más elementales derechos humanos y cercenando todo derecho a la protesta.
La intensidad de la lucha en estas regiones se debe también a que son zonas enteras olvidadas por décadas de la mano del Estado, donde subyace una rabia más profunda, y eso es lo que se expresa en toda su magnitud. En Bocas del Toro, aún está presente la rebelión del 2010, con el recuerdo de las intervenciones policiales militares en las que hubo muertos, decenas de personas ciegas y lisiadas de por vida por disparos de perdigones, en su mayoría indígenas, y que todavía reclaman por los estragos que en sus cuerpos y en sus vidas.
Justamente, quien era ministro de Seguridad en esos tiempos, donde todo un pueblo fue reprimido con una estela de asesinatos, es el ahora presidente José Mulino, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, quien se caracterizó por sus fuertes medidas antipopulares pro FMI y ser un gran represor. Para ello contaba con su lugarteniente Mulino, quien ahora, con su historial de manos llenas de sangre obrera y popular, se ensaña contra todo un pueblo.
Unidad de Control de Multitudes (UCM) se enfrentan con manifestantes este miércoles, en Valle de Agua Abajo en la provincia de Bocas del Toro (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Las huelgas y protestas en Panamá se desataron luego de que el presidente José Raúl Mulino impusiera a través de la Asamblea Nacional la ley 462 que aumenta la edad de jubilación, traspasa los fondos de la Caja de Seguro Social CSS a la banca privada y las administradoras de fondos de pensiones. Además, pretende reabrir la mina en Donoso a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad por la Corte Suprema en octubre de 2023, la pretensión de crear embalses en Rio Indio (entre las provincias de Panamá, Colón y Coclé), desplazando a miles de familias en el área, a lo que se suma sus entendimientos con Estados Unidos por el Canal de Panamá y la instalación de bases militares. Planes que profundizan la pobreza, hambre y miseria, además de la sumisión del pueblo panameño.
En Bocas del Toro, tras las intensas huelgas, la bananera Chiquita Panamá cerró operaciones y despidió a todos sus trabajadores, lo que constituyó el punto mayor del ataque por la transnacional de origen estadounidense, e hizo prender la provincia en una nueva rebelión con bloqueos y cortes de rutas. Ante esto el gobierno salió a responder con una brutal represión desplazando a la zona a casi dos mil miembros de la policía y pelotones antimotines con su "Operación Omega", que ha dejado a la fecha 55 detenidos y la muerte de un trabajador, hallado sin vida cerca de un control policial.
Para inicios de mayo, escribíamos que las protestas y huelgas en Bocas del Toro, liderado por el Sindicato de Trabajadores Bananeros y otras organizaciones gremiales, habían alcanzado una gran fuerza y según declaraban algunos reporteros: “Ya no se trata nada más del sindicato y organizaciones magisteriales, está toda la familia de esos trabajadores dentro de estos puntos”, refiriéndose a los puntos de cortes de carreteras en esta región. “Los bloqueos, inicialmente impulsados por organizaciones magisteriales y sindicales…, se han extendido con apoyo de la ciudadanía, generando una paralización total en la provincia…”.
Pero este jueves 19 de junio, en Bocas del Toro la embestida policial tuvo su respuesta. En horas de la tarde se dio un prolongado enfrentamiento con fuerzas militares del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y agentes de la Aeronaval en el Puente de Changuinola, donde fueron repelidos y huyeron hacia el estadio de fútbol donde quedaron rodeados. Una situación que ha llevado a que la Gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, declarara este viernes 20 de junio la suspensión de la jornada laboral.
El propio viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, dio cuenta que no han conseguido contener la rebelión que se ha desatado. En una rueda de prensa de este jueves dio los resultados del sexto día de la tal operación policial “Omega”, afirmando que hoy “se ha logrado un gran avance, hemos llegado a Chanquinola, estamos tratando de consolidarlo, (pero) es un lugar difícil”. Una forma de constatar que no consiguen controlar la rebeldía del pueblo. En la madrugada de este viernes, el Ministerio de la Presidencia emitía un comunicado en el que advierte que la situación “ha escalado peligrosamente en las últimas horas”, que traducido significa que han encontrado una contundente respuesta.
La brutal represión es para imponer los planes del FMI y la sumisión de Panamá
Como hemos escrito en estas páginas de La Izquierda Diario, las protestas que se desarrollan en Panamá tienen importancia central en el actual momento político no solo para el propio país sino también para las demás naciones de la región. Es que la ofensiva del gobierno derechista de José Raúl Mulino con nuevos ataques a las condiciones de vida del pueblo trabajador panameño llevando adelante la política de Donald Trump de avanzar contra la soberanía de Panamá al buscar hacerse del control del Canal y la instalación de nuevas bases militares en el país centroamericano.
Por eso es que la respuesta de Mulino ha sido brutal con la represión, única manera de imponer estos planes pro FMI y entreguistas. Tal como nos ha comentado, para la tercera semana de mayo, el docente Florencio Díaz, miembro del sindicato ASOPROF (Asociación de Profesores de la República de Panamá): "la represión ha sido fuerte, un uso excesivo del equipo militar en todo el país, movimientos enormes de fuerzas especiales en todo el territorio, helicópteros moviéndose también, tomando territorios que en un momento eran bastiones del movimiento, pero el movimiento los pelea, los vuelve a ganar".
Una situación que no sólo se ve en Bocas del Toro, sino también comarcas como la de Ngöbe Buglé, donde han llevado a cabo una enorme represión en la comunidad originaria con elementos policiales con formación militar en Israel y Colombia, con prácticas que incluyen el desconocimiento del derecho a la autonomía del territorio, ya que las fuerzas policiales ingresan a las casas de los vecinos, disparan gases lacrimógenos y reprimen brutalmente. Lo mismo ocurría en la comunidad indígena de Arimae, ubicada en la provincia del Darién donde el despliegue de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y la Policía Nacional vienen generando un clima de terror que ha obligado a familias enteras a refugiarse en las montañas.
Solidaridad internacional con el pueblo trabajador de Panamá
A estas alturas, y de meses de lucha, la situación exige la organización de una verdadera huelga general activa en todo el territorio nacional contra los planes de ajuste, las medidas represivas y el conjunto de las leyes antiobreras y antipopulares del gobierno. Abajo la Ley 462 y demás leyes antipopulares, no a la explotación minera, no a la entrega del canal de Panamá, fuera la mano gringa de Panamá. Basta de represión a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones obreras, sindicales, populares y pueblos originarios de Panamá. Libertad inmediata de todos los detenidos y basta de persecución a los trabajadores por luchar.
Las luchas que libran los trabajadores, pueblos originarios, campesinos, educadores, de la salud, y el pueblo de Panamá contra la ofensiva antiobrera del gobierno de José Mulino deben ser rodeadas de la más amplia solidaridad internacional. Es urgente el llamado a sindicatos, organizaciones populares, organizaciones indígenas, movimientos sociales, la juventud de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, convocando jornadas de solidaridad obrera internacionalista con las y los trabajadores de Panamá. Derrotar las políticas del presidente proimperialista de Mulino es fundamental en estos momentos para redoblar la lucha e ir por más, y sería también un golpe al imperialismo.
