Comunicado

PDVSA advierte nulidad e ilegalidad de acuerdos y/o transacciones basadas en la Licencia 42 de la OFAC para apropiarse de CITGO

El ministro venezolano de Petróleo y presidente de la estatal PDVSA, Pedro Tellechea, denunció ante la comunidad internacional la política de agresión sostenida por el gobierno de EEUU, en detrimento del desarrollo de la industria petrolera nacional y sus filiales en el extranjero.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, Tellechea explicó que las medidas coercitivas unilaterales e ilegales de EEUU contra Venezuela «han traído como resultado la pérdida de valor de los activos de PDVSA y el de sus filiales en el extranjero».



Asimismo, el ministro de Petróleo venezolano destacó que EEUU ha imposibilitado a PDVSA «generar acuerdos que permitan el normal desarrollo del crecimiento de la compañía, limitando su capacidad de pago, entre otros efectos perniciosos».

«Estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de activos de PDVSA y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano», destaca el comunicado.
PDVSA advierte que en el contexto de la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU, «todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA» y a sus filiales, «es nulo e ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional». Lo mismo pasa con las decisiones que tomen entidades internacionales.

El presidente de PDVSA destaca que la estatal venezolana en su conjunto, rechaza categóricamente y desconoce completamente:

«La fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en CITGO, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano en el caso Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela, ventilado ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en los Estados Unidos de América, sin la intervención de los representantes legítimos de la Republica, o de las entidades PDVSA, PDVH o CITGO, violando normas básicas de Derecho Internacional y desviando la justicia norteamericana a la satisfacción de intereses económicos de ciertos grupos políticos».

Finalmente, el comunicado señala que «PDVSA ha defendido y continuará defendiendo sus derechos del expolio que el gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos de la extrema derecha venezolana, intenta contra la principal industria del país».

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