No podemos desestimar las amenazas de Obama

Vistas las aparentes contradicciones en que estaría cayendo el gobierno de Barack Obama respecto a las repercusiones del decreto ejecutivo firmado por éste el 9 de marzo pasado donde califica a nuestra nación de “amenaza inusual a la seguridad de Estados Unidos”, bajo ningún criterio podemos desestimar las amenazas en contra de Venezuela, aun cuando sea derogado dicho decreto, dada la soberbia que los ha caracterizado siempre. Hay que tener en cuenta, desde el gobierno de George W. Bush se han enfilado planes desestabilizadores de todo tipo, primero contra el gobierno de Chávez y ahora contra el de Maduro, tal como lo hicieran en el pasado frente a aquellos gobiernos que se alejaron de la línea imperialista estadounidense.
 
En todo caso, lo que vale en estos momentos es la manifestación consciente de un sentimiento patriótico como una primera barrera de contención ante esta legislación extraterritorial del imperialismo gringo, extendiéndose por todos los rincones de Venezuela y no por simple obligación partidista sino por comprender el grave riesgo que implica para nuestra soberanía nacional una acción directa de Estados Unidos.

Si Obama y sus asesores calcularon que con esto ayudarían a la oposición a levantar vuelo, sus consecuencias han sido todo lo contrario, por lo que ahora les toca tratar de remendar el capote, especialmente cuando vemos tantas expresiones de apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela de parte de Unasur, Alba, Celac y otras organizaciones internacionales, así como de colectivos sociales y políticos de Europa, América latina y hasta de Estados Unidos. Esto nos confirma una vez más los vínculos que existen entre la política de agresión e injerencia estadounidense y las acciones anticonstitucionales de la oposición en nuestro país. Por ello, son pocos los dirigentes opositores que se han referido abiertamente a esta nueva situación con el gobierno imperialista de Washington, deshonrando su condición de venezolanos, quizás suponiendo que hacerlo significaría perder el apoyo político y financiero de la Casa Blanca y, con ello, lo único que les da cierta esperanza de conquistar el poder, desechando las elecciones y apostando más a una salida violatoria de todo el ordenamiento constitucional, del mismo modo que ya lo hicieran el 11 de abril de 2002.



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Homar Garcés


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