Tres notas desde Bolívar

LOS ACCIONISTAS CLASE B DE SIDOR

Hay que conmoverse ante la situación de decenas de Accionistas Clase “B” de SIDOR, el Presidente, Maduro, Los Ministros e instituciones involucradas en resolver esta problemática tiene que sensibilizarse ante el drama de cientos de extrabajadores que dieron toda su vida útil a la industria siderúrgica y al país. Son cinco años exigiendo una solución, pero aún no ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno, la propuesta es clara: Que el Gobierno Nacional compre el 20% de las acciones clase “B” de SIDOR, en manos de 15300 trabajadores y extrabajadores; entre lo que se encuentran 8.300 accionistas que son ex trabajadores, no gozan de pensión ni jubilación a pesar de los años de servicio de SIDOR y la mayoría padecen de enfermedades ocupacionales por haber laborado en condiciones ambientales críticas. Ellos firmaron para venderle al Estado sus acciones.

El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), General Carlos Osorio, Ricardo Menéndez, ministro de Industrias, El ministro de Finanzas, Nelson Merentes y el Presidente Nicolás Maduro tienen la solución al problema, pero es necesario la sensibilidad social, la solidaridad, el amor al prójimo y poseer un humanismo integral y solidario; Ustedes si tienen la voluntad política y social pueden llegar a fórmulas y modos de pagos con los Accionistas, los accionistas clase “B” de SIDOR. Ya dieron lo mejor de sí. Su vida útil por el bien de la patria y de la empresa, ahora no paralizan producción sus protestas y por este motivo no son escuchados ni su voz tiene mucho eco. Los trabajadores activos de las empresas básicas del Estado entre diciembre y en lo que va de año le han pagado 40 mil bolívares por retardo de las discusiones de la contratación colectiva. Recuerden no se puede ser complaciente y puntual en el pago con las trasnacionales. El Gobierno Nacional acordó en mayo de 2009 pagar 1.970 millones de dólares a Techint (Consorcio Amazonia). El consorcio solo tenía 60 por ciento de las acciones de la empresa, pago esa cantidad de dólares sin chistar, aun con el fraude contable que presento dicha trasnacional; pero a los compatriotas que viven una profunda crisis económica y social, los olvida, los excluye y margina.

El vía crucis y padecimiento de los acciones clase B de SIDOR es un drama, donde les han mentidos y engañados con fechas de pago, todos con la responsabilidad del gobierno, utilizados tanto por el oficialismo y la oposición en tiempos electorales. En cada cambios de ministros responsables involucrados se inicia un nuevo proceso de entregas de documentos para poner en conocimiento a los nuevos ministros y autoridades gubernamentales, así viene transcurriendo el tiempo, recordando el padecimiento de este grupo de venezolanos, que aporto la mayor parte de su vida al crecimiento de la empresa y el país, hoy han muerto casi mil accionistas por estar afectado su mayoría por enfermedades ocupacionales por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo a las que fueron expuestos, polvo, gases, sustancias toxicas calor y ruidos intensos, sus enfermedades que padecen son neumoconiosis, bronquitis crónica, hipertensión arterial, afecciones del corazón y contaminación por sustancias químicas. En muchos casos durante la cuarta república les negaron a través del IVSS la certificación de sus enfermedades ocupacionales, hoy se les niega el derecho que tienen de recibir su pago por las ventas de sus acciones al Estado Venezolano. Esta es la terrible realidad que padecen los accionistas de SIDOR.

En el peregrinar para lograr concretar la venta de las acciones, tiene más de dos años y aún no hay nada definido, solo la esperanza y la fe que esta situación llegue a un feliz término. La situación es tan crítica y triste que algunos accionistas ante la falta de dinero y al no tener una pensión o jubilación se ven obligados a recoger latas de aluminio en las vías públicas para vender y poder subsistir. No cuentan con pensiones ni jubilaciones, además la mayoría padecen enfermedades ocupacionales; por la exposición al Calor, altas temperaturas, Radiaciones (ionizantes y no ionizantes); Ruido y vibraciones; Contacto con metal caliente; Polvos de (Hierro, Sílice, Manganeso, etc.) e inhalaciones de gases. Producto de estas exposiciones quedaron padeciendo innumerables enfermedades ocupacionales que eran ocultadas por la empresa.

Solo nos queda abordar la lucha de calle, con nuestra propia fuerza y con la poca fuerza física, pero con moral y ética para asumir esta lucha para lograr los objetivos, esperamos que los responsables antes señalado, asuman con sinceridad y con valor la verdad y digan SI EL GOBIERNO NACIONAL COMPRARA LAS ACCIONES CLASE B DE SIDOR. Es lo que se esperar ni el Estado tan cruel para esperar que todos los accionistas mueran, porque aun así los sobrevivientes continuaran la lucha.

LOS POLLOS DE PROAGRO

PROAGRO irrespeta al gobierno nacional, cuando no acata las leyes y al parecer tienen muchas influencias en el alto gobierno y en los Tribunales de la República, Violentan los artículos 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); Articulo 47, sobre la tercerización, Articulo 48. Prohibición de la tercerización de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). El Fraude y la Simulación laboral la practican en las 14 plantas que tienen en Venezuela, los empresarios de PROAGRO, empresa trasnacional distribuidora de pollos y sus derivados.

Mantiene a decenas de trabajadores a nivel nacional tercerizados, aquí en Ciudad Bolívar tiene diecisiete trabajadores cometiendo fraude y simulación laboral y no acatan las decisiones administrativas de la Inspectoría del Trabajo, que ordenó que estos trabajadores tienen que pagarle su salario de acuerdo a lo establecido en la contratación colectiva, decisión que apeló en los tribunales y ahí ha logrado retardar el proceso, valiéndose de artimañas y complicidades dentro de los tribunales. Sus tentáculos en perjuicio de los trabajadores los mueve en las Inspectoría del Trabajo y Tribunales del Trabajo para continuar perjudicando a los trabajadores.

PROAGRO negoció con el gobierno nacional el incremento del precio del pollo y sus derivados, para obtener esta empresa trasnacional más recursos para violentar los derechos de los trabajadores venezolanos; en Ciudad Bolívar esta empresa está situada en el sector Los Caribes, la antigua GRADOCA. Actualmente el control accionario de PROAGRO es ejercido por la cooperativa estadounidense Ag Processing Inc (AGP), una gran cooperativa cerealera con sede en Kansas que agrupa alrededor de 300.000 productores en Estados Unidos y Canadá y que entró como socio estratégico de PROAGRO en 1995 a instancia de la banca acreedora/accionista. AGP detenta el 61% del capital accionario de PROTINAL/PROAGRO. Antes de lograr el aumento del pollo crearon un desabastecimiento, porque tenían acaparado el producto. Lograron la regulación del kilo de pollo a 18,70 Bsf, pero siguen con la trampa y la especulación, porque en Ciudad Bolívar distribuyen el pollo a los grandes mayoristas, se lo venden a 24,00 Bsf y lo facturan a 17,22 Bsf, así pagan menos impuestos y encarecen el producto que le llega al consumidor a más de 35,00 Bsf. Creemos que INDEPABIS, con el presidente del INDEPABIS , Eduardo Samán deben iniciar una investigación, conjuntamente con el SENIAT y CADIVI, porque esta empresa esta estafado al país y especulando con un producto de primera necesidad, el ministerio del Poder Popular para Alimentación, Félix Osorio junto a Alejandro Fleming, ministro del Poder Popular para el Comercio , también deben hacerse presente en esta investigación y poner orden y castigar a los usureros y especuladores. Además la Ministra del Trabajo María Cristina Iglesia debe avocarse a investigar los irrespetos, violaciones y complicidades que hay con PROAGRO y las Inspectoría del Trabajo y La presidente del Tribunal Supremo de Justicia debe también investigar las actuaciones de los jueces del Trabajo en Bolívar sobre este caso.

LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO CERRADA

Es inaudita e insólita la tragedia de Ciudad Bolívar, la capital de estado más abandonada de Venezuela. Tiene once (11) meses sin Inspectoría del Trabajo y los trabajadores se encuentran en estado de indefensión y los patronos de pláceme ante dicho cierre.

La Inspectoría del Trabajo es el órgano de la administración pública que se encarga del trámite de procedimientos laborales, en vía administrativa. Hay un escrito en la entrada que dice: “No hay sesión”. Aquí en Ciudad Bolívar tiene más de once meses cerrada por daños en una escalera de acceso a las oficinas de dicha institución que funciona en el Paseo Orinoco Es una imperiosa necesidad restablecer el funcionamiento de estas oficinas en el municipio, la gobernación del estado como responsables de esta edificación debería actuar en la reparación de la escalera dañada. En Ciudad Bolívar, municipio Heres, existe un conglomerado de trabajadores muy importantes debido al desarrollo de los últimos años.

María Cristina Iglesia, Ministra del Trabajo debe conocer de esta irregularidad, porque en las ultimas semana es que la Coordinadora del Trabajo del estado Bolívar se percató de está anormalidad y declaro a los medios de comunicación, nacional y regional: “que el cierre de la oficina que funcionaba en el Paseo Orinoco fue una medida temporal que obedeció a que dicha estructura no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad”, esta temporalidad lleva casi años y la Inspectoría cerrada. Pero nuestro asombro vino al seguir leyendo las declaraciones de dicha funcionarias, cuando dijo: “Seguimos en la tarea de reubicar esta oficina en una estructura adecuada y poder reabrirla lo antes posible. Esperamos que la misma esté nuevamente en funcionamiento en 2014, cuando la ciudad cumple 250 años de su fundación”, adelantó; es decir los trabajadores del municipio Heres tienen que esperar un año más para que reabran nuevamente la Inspectoría del Trabajo, mayor irresponsabilidad y desidia de esa funcionaria, porque ella lo que tiene es que exigir y coordinar con los otros entes gubernamentales, el Consejo Legislativo, La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Publico, la Gobernación y la Alcaldía hacer las diligencias para tener de manera de urgencia en alquiler o comodato una sede de la Inspectoría del Trabajo para poder atender los trabajadores de este municipio.

Los trabajadores cuando requieren los servicios de la Inspectoría para hacer sus denuncias y reclamos, que pueden ser: despidos masivos, fuero sindical, conflictos colectivos de trabajo, cálculo de prestaciones sociales, registros de organizaciones sindicales, y las demás indicadas en el Artículo 507 de la LOTTT referente a las funciones de las Inspectorías del Trabajo. Para hacer estos trámites administrativos y legales y estar pendiente de su desarrollo tienen que viajar a Ciudad Piar o Puerto Ordaz.

Igualmente pedimos la intervención del Fiscal Superior del estado Bolívar para que abra un proceso de averiguación sobre esta irregularidad que padecen los trabajadores y trabajadoras que no actualmente no tienen donde tramitar sus diligencias laborales en el Municipio, teniendo que trasladarse a Ciudad Piar y Puerto Ordaz a más de una hora de viaje y con sus respectivos gastos que acarrean este tipo de movilización en alimentación y pasajes.


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Juan Linares

Ex-parlamentario regional. Especialista en Crisis. Temas Preferido: Ecología, Política Internacional y Laboral. Militante de Marea Socialista en el estado Bolívar.

 jlrlinares@gmail.com      @JuanLinaresRuiz

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