11 de febrero de 2024.- Desde el momento en que tomó posesión del cargo el 7 de agosto de 2022, como era de esperarse, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comenzó a transitar sobre espinas, habida cuenta de que pudo derrotar en unas elecciones a los sectores que tradicionalmente han gobernado ese país prácticamente desde su independencia.

Con él como nuevo inquilino de la Casa de Nariño, para los sectores más desposeídos de la población, los perennemente olvidados por los gobernantes de turno, se abrían las puertas de la esperanza, de las posibilidades ciertas de mejorar sus condiciones de vida.

También se creaban serias expectativas en torno a la ansiada paz buscada luego de décadas de conflicto armado que han causado la muerte a miles de personas y han llevado a abandonar suelo colombiano a 3.378.345 personas, según datos actualizados de Migración de ese país.

Sin embargo, el exguerrillero ha debido enfrentar en distintos escenarios a quienes, como en Venezuela, no dejan de respirar por la herida de los privilegios perdidos. La más reciente de esas confrontaciones ha sido con el titular del Ministerio Público, Francisco Barbosa, quien en septiembre pasado acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del mandatario, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sin disimular las intenciones de vincular al padre, que lo señala de encabezar un intento de “ruptura constitucional”, por lo cual el sábado 3 del corriente llamó a las organizaciones populares a movilizarse en las calles.

Mafias

Ese sábado, el Jefe de Estado no dudó al apuntar que “las mafias no quieren perder el control de secciones enteras de la Fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”, refiriéndose a Ángela Buitrago, Luz Camargo y Amelia Pérez, postuladas ante la Corte Suprema de Justicia.

En un comunicado previo, Petro llamó “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo”, a ponerle atención a su denuncia sobre el Golpe de Estado institucional que a su juicio se estaría fraguando en Colombia.

Barbosa lo acusa de presuntamente recibir financiamiento ilegal de la Federación Colombiana de Educadores.

“Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo”, replicó el presidente colombiano, quien ha dicho además que el fiscal, en cambio, no vio irregularidades “ni con los cheques del narcotraficante ‘El Ñeñe’, ni con los cheques de Odebrecht, porque entonces los presidentes, esos sí beneficiarios, eran de su círculo político y uno de ellos (Iván Duque) lo nominó”.

Por ello insistió en que está en marcha de “un golpe de Estado bajo el manto institucional, tal y como querían hacer en Guatemala, por las mismas razones”.

A su vez, congresistas del Pacto Histórico, la tolda que llevó al poder a Petro, denunciaron que la Fiscalía usa la institución para llevar a cabo una persecución política contra funcionarios del gobierno.

Corte. El jueves pasado, la Corte Suprema continuó alimentando las tensiones al no designar al frente de la Fiscalía a ninguna de las personas propuestas por el Jefe de Estado, con lo cual quedará a cargo de manera temporal Martha Mancera, mano derecha de Barbosa, a quien se la relaciona también con la conjura.

Fiscal Francisco Barbosa: la cabeza visible

Prácticamente desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, frente a sí ha tenido como uno de los principales obstáculos al fiscal general Francisco Barbosa, cuyo período culmina, vaya casualidad, este martes 13.

En su perfil en Linkedin aparece como “experto en gerencia pública, derecho penal internacional, derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo”, siendo además columnista del diario El Tiempo, emblemático rotativo de la oligarquía colombiana.
Compañero de estudios universitarios del ahora expresidente Iván Duque, fue designado para el cargo precisamente durante la gestión de éste, en enero de 2020 por la Corte Suprema de Justicia.

En numerosas ocasiones ha sido cuestionado públicamente, como en 2022, cuando en su columna en la revista Cambio el periodista y abogado Yohir Akerman denunció que los perros que tiene como mascotas eran sacados a pasear por sus escoltas y funcionarios de la Fiscalía en vehículos oficiales.

El año pasado, otra periodista de la misma revista, Silvia Charry Sepúlveda, lo denunció por utilizar a empleadas del Ministerio Público para efectuar labores domésticas en su casa, lo cual es una obvia irregularidad y hasta su padre utiliza a los escoltas para que le hagan la cola de cobro de la pensión.

Es habitué en condumios de círculos empresariales contrarios a Petro, de quienes incluso ha sido invitado de honor en diferentes eventos.

La respuesta solidaria con el presidente Gustavo Petro

Frente a los evidentes riesgos para la democracia colombiana con los presuntos intentos de defenestrar al presidente Gustavo Petro, la respuesta solidaria le ha llegado desde distintas partes, comenzando por la de su propio pueblo, tal vez la más importante, que el pasado jueves, cuando la Corte sesionaba fallidamente para designar a la sustituta de Barbosa, se lanzó a las calles de manera masiva exigiendo tanto el nombramiento como el fin de los presuntos planes conspirativos en contra del Jefe de Estado.

El Grupo de Puebla, integrado por reconocidos líderes progresistas latinoamericanos, emitió un comunicado en el cual expresa su “profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política (lawfare) que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su gobierno”, señalando directamente a Barbosa y a la procuradora general Margarita Cabello.

El expresidente boliviano Evo Morales expresó a su vez que detrás de los golpes judiciales como el que se pretende ejecutar contra Petro “está el imperialismo estadounidense, utilizando políticos y autoridades sumisas, vendidas y traidoras”, tal y como en su opinión está ocurriendo actualmente en Colombia.