Mapuches chilenos son juzgados como terroristas con base en una ley de la dictadura militar

Credito: Correo del Orinoco

1 sept. 2010 - Desde el 12 de julio pasado, 32 presos políticos mapuches están huelga de hambre en demanda del fin de la aplicación de la Ley 18314, o Ley Antiterrorista, contra los indígenas chilenos en la sureña región de la Araucanía.

Durante años, esta comunidad autóctona -que representa 6,6% de la población- emprendió acciones por la recuperación de los territorios ancestrales que fueron ocupados por parte de empresas forestales y de propietarios particulares.

El Gobierno ha respondido acusándolos de estar presuntamente implicados en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas. En consecuencia, les aplica la citada norma, utilizada durante la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990).

La Ley 18314 -que define las conductas terroristas y fija las penas correspondientes- considera crímenes de esa clase los que se cometan “con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie”.

El texto señala que “se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos”.

Entrevistado por La Radio del Sur, el abogado de los prisioneros políticos, Adolfo Montiel, advirtió que la aprehensión de los indígenas “es una violación flagrante de los derechos humanos del pueblo mapuche, una nación distinta del pueblo chileno y que fue conquistada por la fuerza en 1861 por el Ejército”.

Indicó además que los detenidos exigen un cambio por parte del Estrado en cuanto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, que no fue modificada durante los gobiernos democráticos después de la dictadura pinochetista.

“De haberse cometido algún delito, sería contra la propiedad privada mas no contra la vida, que es lo debería condenar el texto de una ley antiterrorista”, resaltó Montiel.
BAJO TORTURAS

Aunque los presos ya están presentando graves problemas de salud, el Gobierno aún no se ha pronunciado al respecto. Incluso manifestó que “no dialogarán bajo ninguna presión”.

Berna Castro, médica encargada de monitorear la salud de los presos mapuche en la cárcel de Temuco, resaltó las pésimas condiciones en la que mantienen a los imputados.

Denunció que a algunos los tendrían aislados y sin acceso a la luz solar, “lo que corresponde a un típico mecanismo de tortura que, de hecho, utilizan en Guantánamo”.

“Al no tener luz de sol, se pierde la capacidad de distinguir en qué momento y en qué tiempo estás y se altera el ciclo sueño-vigilia. Con esto están buscando quebrar a los presos políticos ya que permite definir perfiles de personalidad y saber dónde ir socavando la resistencia y la voluntad”, aseguró Castro.

La directora del Instituto de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, Lorena Fries,advirtió a su vez sobre el delicado estado de salud de los 32 mapuches encarcelados.

“Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen que actuar; no podemos darnos el lujo de que los huelguistas entren en riesgo vital”, subrayó en declaraciones a Radio Cooperativa de Chile.
SIN RESPUESTAS

En tanto, el presidente de la organización no gubernamental de derechos humanos Liberar, Fernando Lira, aseguró, en entrevista con el canal multiestatal Telesur, que el Gobierno de Sebastián Piñera “defiende los intereses económicos de una minoría en contra de la demanda mapuche”.

Lira afirmó que hasta ahora el Ejecutivo “no ha dado una señal, un punto de contacto en el que los indígenas puedan encontrarse con el Gobierno y lograr un acuerdo entre las partes”.

Sin embargo, los mapuches aseguraron en un comunicado difundido la pasada semana que la escasa respuesta de la administración Piñera ha sido inmoral.

“Las autoridades están ensañados en decir que estamos comiendo durante la huelga de hambre, interponiendo un recurso de protección para obligarnos a la alimentación intravenosa. Al descubierto queda la inmoralidad del Gobierno y la complicidad de mucha gente afín al poder deshumanizante”, resaltaron.

El 24 de agosto la Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Concepción autorizó a Gendarmería alimentar por la fuerza a ocho de los 32 presos que mantienen el ayuno.
SOLIDARIDAD

La documentalista chilena, Helena Varela, anunció, en comunicación con Radio del Sur, la creación de un Frente Amplio de Solidaridad con el pueblo Mapuche.

“Aparte de acompañar la lucha por la liberación de estos presos en huelga de hambre, la organización también luchará para que se derogue la Ley Antiterrorista y por la defensa de los derechos humanos”, detalló.

Varela remarcó que la aplicación de esta norma está asociada con montajes judiciales que llevan a procesos injustos, no sólo en el ámbito indígena si no en todos los sectores de la nación.

Por su parte, la Coordinación de Familiares de Presos Mapuche denunció el aislamiento, las golpizas y los graves problemas de salud de los 32 detenidos y anunciaron una movilización que se realizará hoy.

A la iniciativa se sumaron el Frente Amplio de Solidaridad con el pueblo Mapuche, un grupo de organizaciones sociales, sindicales y culturales, la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Dentro de las consignas de la movilización se incluirán el revestimiento de la precaria situación de las comunidades mapuche, la anulación de la Ley Antiterrorista, el fin de los procesamientos de civiles en la justicia militar y el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ese tratado sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado el 7 de junio de 1989, indica que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de las comunidades interesadas, “una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.


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