El secretario de Estado, Marco Rubio señaló que la colaboración entre Estados Unidos y México "es la más alta de su historia". Pero no dio detalles. Afp / Archivo
Mientras se discute una eventual fusión de los comandos Norte y Sur del Pentágono –que como proyección de poder hemisférico se convertiría en Comando América–, en el campo militar, de seguridad e inteligencia, antes de conocerse, el Corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823 ya había arrojado buenos dividendos en México. Tal como lo reconoció el viernes pasado en Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, la colaboración entre Estados Unidos y México "es la más alta de su historia". Pero no dio detalles.
Algunos antecedentes de la alianza militar estratégica hablan por sí solos. Como reveló La Jornada el 4 de febrero de 2002 (C. Fazio, "Planea el Pentágono crear una fuerza militar junto con México y Canadá"), nuestro país quedó integrado de facto al perímetro de seguridad de Estados Unidos bajo control del Comando Norte. A su vez, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o el TLCAN militarizado, 2005), la Iniciativa Mérida (2007) llevaría a una desnacionalización acelerada del sistema de seguridad interna. Entonces, las prioridades de la administración Bush Jr fueron: guerra a las drogas (en el territorio mexicano); guerra al terrorismo (ídem); seguridad fronteriza (en los confines norte y sur de México); control sobre la seguridad pública y las distintas policías de México; penetración de las fuerzas armadas locales (Sedena y Semar); creación de bases militares encubiertas denominadas oficinas bilaterales de inteligencia o centros de fusión; construcción de instituciones y reglas similares a las de Estados Unidos (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa y subordinada de México). Así, sin límites de continuidad, Estados Unidos sería codiseñador de la estrategia de "seguridad nacional" mexicana, lo que, más allá de juegos semánticos y otras simulaciones, significó una cesión de soberanía.
Desde el comienzo de su segundo mandato en enero pasado, utilizando como caballitos de batalla el tema del fentanilo y la designación de los grupos de la economía criminal mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras", Trump aplicó al gobierno de la Cuarta Transformación aspectos del llamado "ciclo OODA": observar, orientar, decidir, actuar. El aspecto clave de esa estrategia de combate es el ciclo: no se trata de un ejercicio único, sino de una serie de acciones conectadas, cada una de las cuales se alimenta de la otra. Se toma una acción y se observa la reacción del enemigo. Se orienta en la reacción y se decide qué opción es mejor antes de actuar. El enemigo reacciona y el ciclo se repite. Hasta que el enemigo muere.
Públicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a la presión de Trump con su estrategia de la "cabeza fría", utilizando siempre como frágil herramienta de combate la Constitución mexicana. Sin embargo, por el carril militar, al más alto nivel, el recurrente lenguaje oficial entre el Pentágono, la Sedena y la Semar siguió siendo el de "la seguridad hemisférica y la prosperidad conjunta", "la colaboración a largo plazo y el entendimiento mutuo", "la interoperabilidad en situaciones complejas". Esa fue la narrativa que primó en junio pasado, cuando los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo P. Morales, estuvieron en la base militar de Colorado Springs, sede del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad). La misma utilizada el 19 de noviembre último, durante la visita a México del jefe del Comando Norte, general Gregory M. Guillot.
La reunión de Guillot con Trevilla y Morales se dio después del enésimo exabrupto de Trump de que en México "gobiernan los cárteles", y en el marco del lanzamiento de la Operación Lanza del Sur del Pentágono, que incrementó la escalada aeronaval en el Caribe frente a las costas venezolanas, seguida de actos de piratería y terrorismo internacional, mientras circulaban versiones del sobrevuelo de un avión de reconocimiento P-3B Orion monitoreando comunicaciones y la detección de movimientos en la zona serrana de Sinaloa.
A comienzos de noviembre, diversos medios señalaron que Estados Unidos utilizaría, en caso de aprobarse, drones para desmantelar laboratorios de droga y asesinar a jefes de las organizaciones criminales mexicanas. Y según la cadena de televisión NBC, se movilizarían unidades pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono. Ergo, bajo la autoridad de la "comunidad de inteligencia" y regulados con "el estatus de Título 50", que se refiere a operaciones encubiertas fuera del contexto militar tradicional, México sería un escenario de acciones clandestinas contra grupos criminales considerados ahora "terroristas" por Washington.
Por eso, un factor clave del encuentro entre Guillot, Trevilla y Morales fue la inusual presencia del embajador Ronald Johnson, un coronel retirado cuyos antecedentes como mando de las fuerzas especiales del ejército y miembro de la sección operativa de la Agencia Central de Inteligencia (acciones encubiertas), exhiben que desde el comienzo de la actual administración, México fue considerado un blanco estratégico del ahora Corolario Trump. Como siempre, la narrativa oficial aludió a la cooperación militar para enfrentar al crimen organizado, la migración irregular, el terrorismo y las operaciones de desinformación y ataques cibernéticos, presuntamente, con origen en Rusia y China. Pero omitió, obvio, las operaciones encubiertas de la CIA, a su ejecutor sobre el terreno y sus activos nativos (native assets), por lo que la contrainteligencia de las fuerzas armadas deberá estar atenta más allá del discurso nacionalista de la presidenta Sheinbaum.
