Crónicas catalanas

2 J: INDULTOS, AMNISTIA Y PLAN DE CHOQUE, FRENTE AL TERROR JUDICIAL

* En memoria de Tito Prado, dirigente trotsquista peruano e internacionalista

Hace ya meses que escribí mi última crónica. Han pasado muchas cosas, pero no cambios verdaderamente importantes. En la piel de toro que es la península los cambios importantes, históricos, suelen ser más bien lentos. El periodo más dinámico fue el de los años treinta del siglo pasado, tiempo de revolución y contrarrevolución. Hoy estamos en un periodo de lentísimo desgaste del régimen monárquico surgido de la transición.

El principal ariete del régimen del 78 ha sido, y sigue siendo, el proceso independentista catalán. Aunque hubo una movilización excepcional, meses atrás: por la libertad del rapero Hasel. Y fue en casi todo el estado español. Sin embargo, después del embate democrático que significó el referéndum ilegal del 1 de octubre el "procés", al no implementar la República catalana, Catalunya ha entrado en un nuevo periodo de acumulación de fuerzas. El grito de "lo volveremos a hacer" pronunciado por Jordi Cuixart, preso desde octubre de 2017 y presidente de Òmnium, la mayor asociación cultural catalana, no es una orden para la acción inmediata. La mayoría del independentismo se basa en la misma idea y la repite, pero no adquiere ya un significado de confrontación inmediata con el Estado. Tiene el sentido de que no se renuncia a la independencia, a la república, a la libertad de decidir del pueblo catalán. Quizás es una expresión del carácter del pueblo catalán que, a pesar de derrotas amargas a lo largo de la historia, nunca renunció a ejercer su derecho a autodeterminación frente a la monarquía borbónica. Desde 1714.

Estamos pues en un momento histórico particular. El Estado español ha impedido por la fuerza y la represión de líderes políticos, sociales, de movimientos, que la fuerza inmensa de la movilización de decenas, centenas de miles, de millones, no cuajara. Pero no doblega el sentimiento independentista. También es el momento de que dentro del independentismo juzgue autocríticamente si lo que falló fue la imprevisión de esa represión, la excesiva e ingenua confianza en las instituciones europeas, o si lo que determinó todo fue la marcha atrás de los dirigentes, incapaces de culminar el acto de proclamación de la república. Son debates que se están haciendo aún.

Dos estrategias se dibujan. La que representa ERC, ahora el partido independentista con más votos y diputados desde las elecciones del 14 de febrero, compagina la defensa de la idea independentista y republicana con la gestión del gobierno de la Generalitat, con el diálogo con el gobierno central y con reformas de carácter social que atiendan los sectores más empobrecidos de la sociedad. La otra, que representa Junts per Catalunya, artefacto electoral surgido de los restos del partido burgués Convergencia, pero que aglutina a otros sectores del independentismo más a la izquierda, y todos bajo la carismática figura del expresidente Carles Puigdemont, son partidarios del "embate democrático" con Madrid, desconfían del diálogo que pueda ofrecer el gobierno Sánchez y hablan de preparar un nuevo ejercicio de desobediencia civil para proclamar la república que ganó el referéndum del 1-O de 2017. Sin embargo, esa organización no tiene cohesión interna y eso se ha visto en la propia negociación del gobierno donde han aparecido criterios diferentes.

Las elecciones de febrero dieron la victoria al bloque independentista. El PSC, fue primero y casi fagocitó al partido Ciudadanos. Pero, como le pasó cuatro años atrás, esa "victoria" en algunos votos (pero mismos escaños que ERC), no le permitió siquiera presentar candidatura de gobierno. El bloque independentista, por primera vez, logró pasar de la mitad de los votos, con el 52%. Y también logró la mayoría absoluta. Una victoria importante frente al Estado.

Sin embargo, esa victoria no se ha traducido rápidamente en un gobierno y ha mostrado, por enésima vez, que las divisiones en el seno del independentismo impiden avanzar rápidamente. Pero en esta ocasión las maniobras de negociaciones tras bastidores han tenido un competidor que ha jugado las mismas cartas y ha mostrado de qué va el juego. La CUP, partido anticapitalista e independentista, llegó a un acuerdo de mínimos con ERC sobre la base de un programa de choque social, aceptando que ERC explorara el diálogo con el Estado durante dos años y luego ya se vería. Este acuerdo mostró que ERC tenía apoyo de la parte del independentismo más radical para presidir el gobierno. Junts se enfadó por el acuerdo y alargó indefinidamente las negociaciones en medio de la zozobra de los votantes independentistas que veían ya la repetición de elecciones en el horizonte. Fue de nuevo la CUP quien obligó a sentar a los dos socios y llegar a un pacto in extremis para formar gobierno, aunque su formación no entró.

Así, el recién constituido el Govern de la Generalitat empieza una legislatura complicada. El primer día de gobierno los jueces lo pusieron a prueba con un lanzamiento de personas a la calle para dar un bloque a un fondo buitre. Los Mossos, policía catalana pero que depende de los jueces para ese tipo de actividad, cargaron duramente e hicieron detenidos. Uno de los puntos del pacto con la CUP era precisamente que los Mossos no podían dar el apoyo a ese tipo de desalojos.

Una segunda prueba ha sido la injerencia del Tribunal Supremo con unas declaraciones políticas contra la idea de que el gobierno apruebe indultos para los presos independentistas. Es la primera vez que la prensa se hace eco de tales recomendaciones del TS. Pero esa campaña de los jueces, encabezada por el juez Marchena que presidió el tribunal que juzgó a los independentistas, ha sido inmediatamente retomada por el PP, VOX y Ciudadanos, quienes han vuelto a convocar una manifestación del "trifachito" en la plaza de Colón. El PP ya ha empezado a recoger firmas contra los indultos. Y no sólo la derecha: dentro del PSOE han salido los dinosaurios defensores del régimen como González, Guerra y "barones" autonómicos atacando a Sánchez. Hasta un grupúsculo de militantes del PSOE lo piensan llevar a los tribunales. Los jueces son hoy la punta de lanza de lo más reaccionario del Estado monárquico.

Si el gobierno Sánchez resiste (hasta hoy) en su idea de los indultos, es porque no tiene otra opción si quiere sostenerse con el apoyo parlamentario de ERC, Bildu, PNV, Compromís, Más Madrid… O eso, o ceder el lugar a la derecha. Pero esta situación tan particular y especial a la que ha llegado el estado español en la que los jueces imponen su terror, entran en política, interfieren en asuntos potestad del poder ejecutivo por el hecho de ser un gobierno más progresista, muestra lo podrido que está el régimen del 78. Algo que los tribunales europeos ya han apreciado y que organizaciones internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, Asociaciones de juristas y de derechos humanos, han llamado en repetidas ocasiones al orden al Estado español sin que haga menor caso.

Tras la dureza de la pandemia ahora viene la dureza de la recesión económica. Los fondos europeos "new generation" (¡aún no han empezado a repartirlos!) irán a parar a los monopolios, bancos, empresas energéticas, en primer lugar. La cantidad de trámites, burocracia, avales, informes… que requerirán no los van a poder asumir las pequeñas y medianas empresas. Así, si no se cambia la idea, se dará la paradoja de que aquellos que más contaminación han traído (automovilísticas, gasistas, petroleras, energéticas) y bancos (a quienes se les ha regalado más de 60.000 millones de euros, serán los que más ayudas reciban. Y son esos mismos monopolios y empresas los que empiezan a despedir: bancos, fábricas del automóvil, grandes comercios, grandes hoteles, aerolíneas.

Los empresarios claman por "volver a la normalidad" pero en realidad lo que quieren es profundizar aún más las reformas laborales, alargar la edad de jubilación, ampliar la pista del aeropuerto y deshacerse del espacio protegido y área agrícola del Delta del Llobregat (único en Europa). Pero la clase trabajadora también empieza a movilizarse…después de meses de casi inacción. Por primera vez en 30 años, los empleados de banca del BBVA han ido hoy a la huelga. Los jubilados también hacen concentraciones ante los bancos contra la brecha digital. Y los vecinos, sindicato de inquilinos y otros, también se unen para evitar desahucios. Así van las cosas…

El giro a la izquierda que representaron las elecciones y la postpandemia requiere urgentes rupturas con el pasado: quitar el timón de la política de manos a los jueces y, a la vez, inmediatas respuestas en un plan de choque social, ecológico y feminista.