«Este acuerdo establece que las pruebas internas o diagnósticas ya no se aplicarán ni se cobrarán como parte de los procesos de admisión de universidades de gestión pública», señala el escrito y asegura que de esta forma se garantiza «el derecho a una educación universitaria gratuita y de calidad para todas y todos».
Adicionalmente, destaca el ministerio que «la implementación de esta política inclusiva reconoce el mérito académico a través del Sistema Nacional de Ingreso para que los bachilleres egresados con 20 puntos puedan ingresar en cualquier carrera y en cualquier Universidad escogida en su primera opción».
Resaltando que «los alumnos de 19 puntos en todos sus deciles, y los cinco mejores promedios de cada liceo público y los 3 mejores promedios de cada colegio privado puedan ingresar en cualquiera de sus tres primeras opciones, considerando capacidades académicas individuales de cada estudiante y también variables territoriales y socioeconómicas para una asignación de cupos más justa».
Agrega que «Los pueblos indigenas y los bachilleres con alguna discapacidad tambien tendran prioridad en el acceso».