Una vez más las autoridades universitarias y diversos grupos de poder estudiantiles, profesorales y gremiales, se empeñan en defender sus intereses mezquinos por encima del bienestar de la comunidad universitaria en general. En esta ocasión, han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que puedan eliminarse las pruebas de admisión para cursar estudios superiores, propuesta realizada por el Gobierno nacional con el propósito de facilitar el acceso de mayor número de bachilleres a un nivel educativo que, en los últimos años, se ha tornado excluyente de los grupos sociales más necesitados. De nueva cuenta la Autonomía es el argumento esgrimido por quienes se oponen a cambios verdaderamente democráticos dentro de las universidades públicas venezolanas, que de públicas les queda poco en realidad.
Según las autoridades universitarias, la Autonomía les ha conferido el privilegio de planificar y ejecutar las mecanismos que han creído más adecuados para el ingreso a las Casas de Estudios Superiores, pero no han tenido en cuenta que dicho principio autonómico exige a la vez el compromiso social pleno de las universidades para con el pueblo, especialmente con el más necesitado. Se han olvidado que estas instituciones, al ser financiadas con el dinero de todos los venezolanos (fondos públicos del Estado), tienen que ir de la mano con los intereses actuales de la nación, basados en la inclusión y no en la exclusión de los humildes, de los pobres de siempre, de los miserables pisoteados y olvidados durante tanto tiempo por la codicia y el egoísmo de los grupos dominantes.
Seguir obstaculizando el acceso a las universidades por medio de diversas pruebas, es seguir con un modelo excluyente que tiene como objetivo a mediano y largo plazo privatizar estas instituciones. Obviamente las autoridades universitarias intentan quedar bien frente a la opinión pública nacional en su afán por defender lo indefendible: que las universidades aún van de la mano con su pueblo. En este sentido argumentan que masificar el acceso a la educación superior es imposible por la falta de presupuesto, las deficiencias de infraestructura, la desmejora en la calidad académica, entre otros. Pero más allá de la actitud reacia de algunos sectores respecto a facilitar el acceso a las Casas de Estudios Superiores, la verdad es que se manejan intereses distintos a los meramente universitarios, amparados en una Autonomía interpretada y ejercida malintencionadamente. Esto último puede demostrarse con facilidad, comparando, por ejemplo, el postulado teórico expuesto en el Artículo 109 de la Constitución vigente, con la realidad cotidiana de las universidades, contradictoria en muchos casos con su razón de ser.
Recordemos lo que el artículo 109 reza en su parte fundamental: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.
Ahora veamos cómo ha funcionado realmente la Autonomía. En primer lugar, cabe destacar el escaso compromiso social de las universidades venezolanas. La gran mayoría de profesionales que egresan de sus aulas no contribuyen con sus conocimientos a la transformación nacional, especialmente a nivel de las comunidades más humildes; la razón fundamental es la concepción egoísta de ser importantes antes que útiles. En este sentido tenemos el clásico ejemplo de aquellos médicos que desprecian el servicio en las comunidades campesinas, mientras que otros no son más que unos vulgares mercaderes de la medicina, violando el juramento hipocrático. También cabe hacer referencia a aquellos docentes universitarios cuyas investigaciones reposan inútilmente en los anaqueles de las bibliotecas, y son incapaces de divulgar sus conocimientos al pueblo “común” para ayudarle a satisfacer de una u otra forma diversas necesidades reales ( para colmo sienten un profundo desprecio por las masas que ellos denominan ignorantes).
En segundo lugar, es de advertir que la forma de dirigir los destinos universitarios no es precisamente democrática, aún cuando determinados sectores se “llenan la boca” señalando lo contrario. Considérese que para elegir las autoridades sólo pueden sufragar los profesores (excepto los instructores) y los estudiantes, aunque el voto de éstos es muy inferior en valor al de los primeros. Resulta que la “sabiduría” profesoral es un don que supuestamente los capacita para tener la primera palabra en las elecciones, de acuerdo a comentarios como los siguientes: “(...) el sector profesoral, por ejemplo, es más preparado y maduro que el estudiantil, y por ello éstos son estudiantes y no profesores.” ; “La paridad, en definitiva, desvirtúa la misión de la universidad, cuyo fundamento está dado por la transmisión de conocimientos y la producción de nuevas certezas”. ¡Vaya democracia se practica en las universidades venezolanas¡. Los estudiantes no son profesores simplemente porque deben cumplir una etapa, y los docentes deberían tener siempre en cuenta que las universidades se deben a los estudiantes. En realidad muchos profesores menosprecian la capacidad política e intelectual de los otros sectores universitarios, aunque a la hora de defender la autonomía sí los consideran como “hermanos en una lucha común”.
En tercer lugar, hay que hacer referencia a la poca renovación de la planta profesoral en algunas Facultades, y la persistencia de currículos no acordes con las nuevas realidades nacionales y mundiales. Hay casos en los que profesores jubilados siguen dando clases de manera activa, y las autoridades aducen que esta situación responde a la falta de presupuesto. ¿Será verdad?. Por otra parte, está el grave problema de los currículos anticuados, lo que obviamente repercute en la formación de profesionales incapaces de contribuir a las actuales necesidades del Estado venezolano.
Entonces, ¿Qué Autonomía defienden las “democráticas” autoridades universitarias?. Es evidente que una Autonomía ineficiente en la resolución de los problemas internos universitarios, pero eficiente en la lucha por intereses ajenos a las Casas de Estudios. Una Autonomía excluyente de las masas empobrecidas, pero incluyente de individuos que no necesitan precisamente de la ayuda estatal y que además atentan contra la seguridad y la soberanía nacional. Es una Autonomía basada en preceptos jurídicos y políticos malinterpretados, que permite manejar las universidades como les viene en gana a las élites universitarias, favoreciendo a sectores poderosos tanto dentro como fuera de las instituciones, y sin alguna molesta e inoportuna intervención o auditoría externa. Incluso se ha pretendido transformar a las universidades en bastiones de la “resistencia” contra el “régimen tiránico” de Chávez, por medio de la violencia “estudiantil” y el posicionamiento de algunos individuos importantes en la palestra nacional. Realmente las principales universidades públicas venezolanas se han transformado en una especie de Estados dentro del Estado venezolano. ¡Y eso que el Estado es quien las financia¡.
La propuesta gubernamental de eliminar las pruebas de admisión, no perjudica la Autonomía universitaria, sino que enfatiza en la necesidad de hacer un ejercicio adecuado de este principio constitucional, al considerar una verdadera democratización basada en la interacción sólida de las universidades con el pueblo venezolano. No hay duda que al flexibilizar los mecanismos de ingreso de los bachilleres a la Educación Superior, se estaría beneficiando a los grupos socioeconómicos más humildes. ¿Acaso no se trataría de un cambio verdaderamente incluyente?. De esta manera, la Autonomía dejaría de ser un principio ineficiente y excluyente, para transformarse en el instrumento que impulse los cambios positivos que necesita el país en las actuales circunstancias planetarias.
(*)Historiador
ruhergeohist@yahoo.com
