20.09.20 - El Ministerio Público de Venezuela imputó en los últimos tres años a 565 funcionarios de seguridad y a 31 civiles por presunta vulneración de los derechos humanos en esa nación, aseguró el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
"Hemos imputado a 565 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración de los derechos humanos (…) a parte de estos funcionarios, han sido imputados 31 civiles implicados como colaboradores, para un total de 596 imputados por cometer violaciones de los derechos humanos desde agosto de 2017", expresó Saab durante una rueda de prensa en conjunto con el canciller, Jorge Arreaza.
El fiscal señaló que lograron la sentencia condenatoria de 127 funcionarios de seguridad del Estado y a 13 civiles cooperadores o cómplices en violaciones a los derechos humanos para un total de 140 condenados con sentencia firme.
Además, Saab indicó que solicitaron en los tribunales la imputación de 70 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en distintos estados del país incursos en presuntas violaciones a los derechos humanos.
El titular del Ministerio Público manifestó que ese organismo trabaja en esclarecer los casos de vulneración de los derechos humanos, por lo que calificó de mediocre el informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
"Consideramos el informe como un reporte sesgado en lo político y mediocre en lo jurídico, pero con un error de origen grave para cualquier defensor de los derechos humanos, ellos no vinieron a investigar en el terreno absolutamente nada", aclaró.
El fiscal afirmó que los integrantes de la Misión de la ONU buscan hacerle juego a la política exterior de Estados Unidos, que usa esas declaraciones para promover la agresión hacia la institucionalidad democrática de Venezuela.
La Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela reportó que el Gobierno y las fuerzas de seguridad del país "han cometido crímenes de lesa humanidad".
La misión asegura que investigó 223 casos, de los cuales 48 se examinaron en profundidad en un informe de 443 páginas y afirma haber encontrado "motivos razonables" para creer que desde 2014, las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado "graves violaciones a los derechos humanos".
El Gobierno indicó que desde 2019, ha expresado su desconocimiento con la referida misión independiente, que sostuvo se constituyó como un mecanismo "politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos" para actuar contra Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la Alta Comisionada.
