Desde 1924 la ultraderecha –con el concurso de sus hijos encumbrados en la alta oficialidad de las fuerzas armadas- ha protagonizado asonadas y golpes de estado contra gobiernos democráticos de diferentes ideologías.

Arturo Alejandro Muñoz

ANTE LA AVALANCHA de documentos, confesiones, declaraciones y pruebas irrefutables que demuestran su total responsabilidad en el golpe de estado y en la posterior dictadura cívico-militar, la derecha chilena realiza hoy desesperados e ingentes esfuerzos por darle a esos hechos –en los que tuvo directa participación- características de telenovela romántica con final “buenito”. El rosario de ‘por favor, perdónenme’ forma parte de ello, pero sirve de nada ya que toda solicitud de perdón importa, necesariamente, acciones de reparación, concretas, tangibles. Y este no es el caso.
La Historia nos enseña que desde el año 1891 la derecha dura, aquella ultrista y beata, entregada de pies y manos al capital extranjero, dominó sin contrapeso en el país durante el comienzo del siglo veinte, hasta que el ‘díscolo’ conservador, transformado en liberal, Arturo Alessandri Palma (que también había formado parte activa de la pandilla parlamentaria que conspiró y luchó contra el presidente José Manuel Balmaceda), la derrota en las elecciones del año 1920.
Desde entonces, esa derecha fundamentalista jamás ha cejado en sus intentos por regresar no ya al gobierno sino, efectivamente, al control total del poder contando para ello con el concurso, siempre fiel y eficaz, de los mandos superiores de las fuerzas armadas, conformados por hijos de la misma aristocracia legislativa, agrícola y empresarial que nutre los cuadros conservadores.
Fue así que el año 1924, encabezados por el general Altamirano, los militares –luego de aquella famosa escena del ‘ruido de sables’ en una de las sesiones del Congreso- dieron el golpe de estado y Alessandri hubo de marchar al exilio europeo. En las puntas de las bayonetas y en el acre olor de la pólvora, la derecha regresaba al gobierno. Sin embargo, la administración del país efectuada por el viejo generalato fue un desastre, lo que motivó a la oficialidad joven a dar un segundo golpe de estado –esta vez en contra de sus oficiales superiores- y llamar de regreso a Arturo Alessandri para que terminara su mandato de cinco años. Fue entonces que nacieron la Constitución Política de 1925 y el Código del Trabajo, de 1924.
Mucha agua corrió luego bajo los puentes, ya que un coronel de ejército, Carlos Ibáñez del Campo, habría de transformarse en una especie de complotador y sedicioso perenne, cobijado por banderas nacionalistas emparentadas en gran medida con la derecha criolla. Desde el año 1930 hasta 1958, este militar que alcanzó rango de general y que finalmente fue electo Presidente de la República (1952-1958), tuvo participación –directa o indirecta- en la mayoría de los complots que la derecha y el nacionalismo delinearon y realizaron en aquellas épocas.
Aun más, durante cuatro años (1927 a 1931) Ibáñez encabezó un férreo gobierno dictatorial que terminó -el año 1931- con él huyendo del país debido a las huelgas de los estudiantes universitarios, el gremio del profesorado, los médicos y la FOCH (Federación Obrera de Chile).
Pero regresaría del exilio para unirse al ex general Ariosto Herrera –un anticomunista fanático- e intentar un nuevo golpe de estado, esta vez en contra del Presidente Pedro Aguirre Cerda a quien acusaban de “ser amigo” de los comunistas y permitir que algunos de ellos formasen parte del gobierno del Frente Popular. El ex general Herrera concurrió al regimiento ‘Tacna’ soliviantando a la oficialidad para que ella impetrara el apoyo del resto de las fuerzas armadas. El plan fracasó, Herrera se rindió, la prensa bautizó a este incidente como “el ariostazo”, e Ibáñez, una vez más, huyó del país luego de refugiarse en la embajada del Paraguay.
Las ‘aventuras’ golpistas de los militares y ex militares no se ahogaron en lo ya comentado, pues durante el gobierno de Gabriel González Videla, una vez más, Carlos Ibáñez estuvo involucrado en un nuevo lío sedicioso. A este asunto se le conoció como “el complot de las patitas de chancho”, y a pesar de no haberse comprobado la real participación del ex general en tal evento, igualmente en la opinión pública quedó flotando tal posibilidad.
http://kaosenlared.net/america-latina/item/50359-chile-el-complot-de-%E2%80%98las-patitas-de-chancho%E2%80%99.html?tmpl=component&print=1
Finalmente, en 1952, Ibáñez del Campo resultó electo Presidente de la República, y lo que jamás había logrado conseguir por el camino de la sedición y las armas, pudo obtenerlo mediante una elección democrática (y con altísima votación). Con un ex uniformado en el gobierno, la derecha y el generalato se mantuvieron tranquilos, añadiendo a ese período de paz los seis años del posterior gobierno a cargo del empresario derechista Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).
La tranquilidad castrense se rompió durante la administración de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), ya que al finalizar el año 1969, otro general, Roberto ViauxMarambio, se atrincheró en el regimiento Tacna (¿por qué siempre los intentos de golpes de estado se iniciaban en esa unidad militar?) poniendo en jaque algobierno y a la democracia misma. Fue, sin duda, un serio aviso respecto de las intenciones derechistas alojadas en el seno de la alta oficialidad militar, pero ellas no contaban –aún- con el apoyo explícito de sus patrones estadounidenses, ni con la simpatía mayoritaria de la sociedad civil chilena. Faltaba el elemento gatillante, el ‘argumento’ necesario para propinar el mazazo sin recibir una contraofensiva concreta desde Washington.
Ese elemento fue el triunfo de la Unidad Popular y del doctor Salvador Allende. Se trató de un triunfo electoral tan estrecho como estrecho había sido a su vez, el año 1958, el triunfo del derechista Jorge Alessandri. Pero, ahora el asunto tenía un color y una connotación distintas, pues eran las masas populares quienes, en una u otra forma, accedían a la administración del Estado. La derecha no aceptó la derrota… Washington tampoco. Era el momento de las actuaciones del empresariado y las fuerzas armadas. Era el momento de la entrada en escena de grupos de ultraderecha apertrechados por la Armada (como reconoció Roberto Thieme, uno de los jefes del frente nacionalista “Patria y Libertad”), los que estaban dispuestos a matar sin remordimientos. El asesinato del general constitucionalista René Schneider así lo confirmó.
Además de sus errores propios, el gobierno de Salvador Allende sufrió la seguidilla imparable de atentados y amenazas cometidas por la derecha conservadora. El desabastecimiento pertinaz, realizado a propósito por los grandes empresarios, fue uno de los toques de alerta que señalaban la pronta irrupción de militares en la vida política. El martes once de septiembre de 1973 el golpe fue concretado, y el resto de la historia es sobradamente conocida.
Al terminar estas líneas, queda una sensación que tiene más visos de realidad que de sospecha. La mayoría de los uniformados que componen la alta oficialidad de las fuerzas armadas pertenece a familias de gran poder económico, muchas de ellas con tintes aristocráticos, y la totalidad de las mismas de rango conservador, católicas y entregadas sin ambages a la férula estadounidense. Desde 1920 a la fecha esa oficialidad no ha cejado en sus intentos por imponer criterios, normas y órdenes que protegen los intereses de su clase en detrimento de la mayoría de la población, a la cual considera material desechable, reemplazable.
No fue, por lo tanto, ‘culpa’ ni responsabilidad de un determinado gobierno democrático el que haya habido golpe de estado en 1973 y luego diecisiete años de feroz dictadura. El deseo inmanejable de la derecha fundamentalista que ordena a sus hijos militares subir a la cúspide de la pirámide política y social, para desde allí “reordenar el país” asemejándolo a un cuartel obediente, clasista y dependiente de patrones extranjeros, era algo que venía incubándose y creciendo desde mucho tiempo, como hemos intentado demostrar en este escrito.
Así entonces, sólo hubo un responsable en el golpe de estado de 1973, uno y nada más que uno. Es el mismo que hoy anda casi de rodillas pidiendo que se le perdone, aunque en su alma, en su fuero interno, continúa acariciando la idea de abrir las puertas de cuarteles y regimientos, quizá no ya para golpes de estado, pero sí para mantener engrillado a un sistema democrático que continúa con síntomas de asfixia por causa de una Constitución anacrónica, dictatorial, y de un sistema electoral binominal que definitivamente es una burla y una vergüenza.