Delincuentes del T.S.J, contra el pueblo venezolano

Se fue Arriechi, Luís Velásquez Alvaray, y otros, pero ahora es cuando queda en el T.S.J, ratas, pa´ rato.

Es un exabrupto lo que cometió la sala constitucional, contra el pueblo venezolano en una sentencia que modifica la totalidad del Art. 31 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ya que esto representa una usurpación de funciones, perjudicando al fisco nacional, el mismo deja de percibir 600 millardos de bolívares anuales. El Art. 31 como se encuentra explanado en la ley de impuesto sobre la renta, incluye los bonos a los efectos del cálculo de la alícuota de los impuestos sobre la renta. Esta reforma elimina de la base imputable para el pago del impuesto sobre la renta, los ingresos distinto al salario, perjudicando esta decisión directamente al pueblo venezolano, ya que el estado deja de percibir estos recursos, que vendrían a formar parte de la partida destinada al fortalecimiento de las políticas estado, y que en gran parte es determinante para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Una cosa es interpretar su contenido y otra modificarlo, en este último caso se estaría legislando y, obviamente, según la constitución, sólo pueden hacerlo la Asamblea Nacional o el presidente de la república; este último, sólo en algunas áreas establecidas por o algo el legislativo. Esta decisión de la sala constitucional viola principios constitucionales, repito, por qué las facultades legislativas son atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos en área de su competencia y del presidente de la república en virtud de una delegación; las leyes solo las puede modificar quién la crea.

"No hay cosa peor que tomar lo injusto por justo"

Montesquie

El pueblo unido, debe cuestionar decisiones que lo perjudiquen como esta decisión de la sala constitucional, por qué es el pueblo quien tiene que ejercer sus deberes, dándole seguimiento a las actuaciones institucionales, actuando siempre como defensores de nuestros derechos que siempre han sido violados por estos grupos de personas, con el único fin de percibir Dávidas a cambio. Tenemos que defender la igualdad legal de todos los venezolano ante la ley y, la ley no puede ser discriminatoria, como pasó en los cuarenta años de la 4ª república, que la ley se convirtió en una madriguera de privilegios para la burguesía, para las clases altas; esto lo heredamos de la 4ª república y todavía pervive, pero estos se tiene que acabar, porque si el pueblo es permisivo con este tipo de actuaciones, mañana pasado, estos señores harán con el pueblo lo que le venga en gana. Nuestro presidente Hugo Rafael Chávez frías, cito a Rosa Luxemburgo, para hacer un llamado al pueblo venezolano, diciendo " que debemos ser llama avivada y espada afilada para arremeter en contra de los que se equivoquen”.

Los diputados tienen una labor imponderable de revisar el modus-operandi de muchos magistrados, que como esta decisión y otras, en donde se han presentado pruebas contundentes y la decisión se ha desviado de la verdadera aplicación de la justicia, fundamentando esas decisiones en observaciones procedimentales o de forma, obviando los aspectos sustantivos. Me suscribo a la denuncia del parlamentario, abogado Carlos Escarra Malave, cuando dice " magistrados hasta hace meses ganaban TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 32.000.000,oo) y tenía un conjunto de bonos, y ahora se redujo el sueldo a DIECISEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 16.000.000,oo), y se aumentó los bonos...” algo tiene que ver, el exabrupto de ésta sentencia, con la rebaja de sueldo y el aumento de los bonos de los magistrados. Asimismo estos magistrados han generado una mayúscula duda, sobre las condiciones morales para el ejercicio de la gran responsabilidad social y ética que tienen; a estos magistrado se le tiene que hacer una exhaustiva investigación, referente a su modus-operandi, que para hacer crecer sus cuentas bancarias dictaminan sentencias complacientes con la corrupción.

La potestad de administrar justicia emana del pueblo, del ciudadano y ciudadana comunes, como lo pauta el Art. 253 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela; pero como es sabido por el pueblo venezolano, estos magistrados nunca le han parao bola al mandato del pueblo, de combatir la corrupción. Por último un llamado al poder moral para que se pronuncie contra este exabrupto, y para que hagan cumplir la ley, cumpliendo con sus funciones en la lucha contra la corrupción e impunidad, ya que esta decisión, está incursa en una comisión de delito disfrazada de sentencia, y por lo tanto no puede quedar impune.

articulojoseantonio@hotmail .com


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José Antonio Velásquez Montaño


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