No es cacería de brujas, es impedir que cada día aparezcan nuevos corruptos

Proponemos formalmente a la Asamblea Nacional Constituyente seis medidas legislativas para frenar en seco el robo de los dineros y bienes públicos.

Es perder el tiempo si nos extendemos con un largo introito para explicar y/o justificar la necesidad de revisar el ordenamiento legal de la República que tiene que ver con el manejo y control de los recursos y bienes públicos, pues estamos absolutamente persuadidos de que la enorme cantidad de hechos de corrupción que ha detectado el actual Fiscal General, Dr. Tarek William Saab, en menos de un año de haber asumido tan alta responsabilidad y no solamente eso, sino de haber destapado las cuantiosas estafas que durante muchos años estuvieron haciéndole a nuestra primera y principal industria, PDVSA, sus más altas instancias de gerencia, a partir de sobre precios en las adquisiciones de bienes y contrataciones de obras y servicios que ya superan con creces los quince mil millones de dólares (http://www.eluniversal.com/politica/644/saab:-desfalco-a-venezuela-por-tramas-de-corrupcion-supera-los-$15-mil-millones), es más que suficiente para que asumamos los venezolanos, en general, que dicho entramado legal fiscal y de contraloría no ha servido para impedir que esos hechos de corrupción hayan ocurrido.

De manera que, por ello, es de elemental lógica que debamos, con la urgencia debida, acometer la tarea que nos permita saber qué aspectos de ese ordenamiento legal no funcionan y qué debemos hacer con la mayor premura para garantizar que quienes sean designados para asumir el compromiso de ejecutar recursos presupuestarios públicos, lo hagan apegados al estricto acatamiento de normas y prácticas de contraloría que resulten cuesta arriba vulnerarlas…

Este es nuestro objetivo, de manera que sin más agregados vamos al grano y aquí copiamos seguidamente las propuestas, las cuales las hemos venido planteando desde hace muchos años, convencidos como lo estamos, que son imprescindibles si realmente existe, como no lo dudamos, el propósito y la voluntad política de nuestro Gobierno Bolivariano, de erradicar de cuajo la posibilidad de que se cometan ilícitos en el manejo de los dineros y bienes públicos:

1) Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con la finalidad de que el ente Rector, -La Contraloría General- retome las competencias del Control Preventivo del Gasto y del Pago que mantuvo por muchos años en el ámbito de la Administración Central. Y que las amplíe sobre la ejecución presupuestaria de todos los organismos de los Poderes del Estado, pudiendo el órgano exceptuar de dicho control sólo temporalmente y mediante Resolución fundamentada, a los organismos y entes de los Poderes distintos del Ejecutivo Nacional, dejando a salvo muy claramente la potestad no sólo de dejar sin efecto dicha excepción sin previo aviso, sino de ejercer también los controles perceptivos que considere necesarios, cuando así lo disponga, sin que medie para ello la previa notificación.

Los asombrosas adelantos tecnológicos en el campo de la informática, garantizan no solo la viabilidad de ese tipo de controles, sino que aseguran por demás la imposibilidad de que los mismos pudieran generar retardos en el cumplimiento de los procesos administrativos respectivos, pues esos controles digitales pueden hasta programarse para evitarlos e, inclusive, permitir que sea factible detectar en segundos donde y quien pudiera ser el o los responsables de las demoras injustificadas e indebidas…;

2) Aprobar una Ley Especial para la protección de denunciantes y testigos en el tema de la corrupción.

Sobre esta propuesta, es interesante observar que, si la memoria no nos falla, en 2012 o 2013, el órgano Contralor sometió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley bajo el título: "Ley Para Facilitar e Incentivar la Denuncia por Hechos de Corrupción contra el Patrimonio Público y Proteger a sus Denunciantes y Testigos", el cual sólo llegó -entendemos- a que se aprobara en la Comisión de Contraloría de la Asamblea a finales del 2014, y que de allí no pasó, por lo que es cuestión de que se rescate ese proyecto a los fines de que sea evaluado y que se tome de allí lo mejor que el mismo pueda contener.

Se trata de un instrumento fundamental dentro de una real y efectiva política de Estado para combatir con éxito a los corruptos, pues con dicha norma legal se alejan los temores para quitarle la careta a los zánganos corruptos que tanto daño le hacen al país… Sabemos de la existencia de un proyecto de reforma de la Ley Contra la Corrupción que contempla alguna protección para los denunciantes y testigos, pero creemos que al mismo le falta un mayor rigor que debe quedar perfectamente definido en el conocimiento integral del tema, de manera de enmarcar esa protección dentro de un esquema legal exclusivo, es decir en una Ley Especial de manera que la misma garantice, a todo evento, la invulnerabilidad de ese amparo; bajo ningún respecto creemos que una norma de rango inferior como vemos que allí se propone, ese objetivo sea posible asegurarlo…

3) Imponer la revisión exhaustiva y dentro de la mayor rigurosidad, de las declaraciones juradas de patrimonio de todos los funcionarios del Estado que tengan la exclusiva competencia para el manejo y destino de los dineros y bienes públicos, no solamente antes y después de que asuman la respectiva responsabilidad o la dejen, al margen de la causa que fuese, y que esa revisión no se haga solamente anualmente, sino dentro de lapsos más cortos, según la planificación que a esos efectos diseñe la Contraloría General, sin aviso ni protesto, y únicamente -de forma selectiva- las declaraciones correspondientes al resto de los funcionarios públicos que tengan la obligación legal de formularlas;

4) Hacer obligante la publicación de las declaraciones patrimoniales en la página digital de la Institución Contralora, con libre acceso, de aquellos funcionarios que tengan la exclusiva competencia para el manejo y destino de los dineros y bienes públicos, en correspondencia con el exhorto contenido en la "Declaración Final de la Convención Interamericana Contra la Corrupción", realizada en Caracas en 1996, en sus apartes relativos a la articulación de medidas de prevención de la corrupción, que textualmente dice: "Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda."

Nosotros creemos relevante y de gran impacto que la Ley ordene la publicación de esas Declaraciones de Patrimonio, a todo evento, dado que con ello se logra que el país nacional sienta que, efectivamente, la gestión del máximo órgano Rector del Control Público hace hasta lo indecible porque la función pública sea lo más transparente y pulcra posible, pues se muestra como muy obvio que ello se constituye en un formidable disuasivo que frena toda posible tentación de aprovecharse de un cargo en el Estado para robar dineros y bienes públicos o dilapidarlos. Por otra parte, es importante observar que quien decide ingresar al servicio público es porque lo hace por voluntad propia, no está obligado a ser burócrata del Estado, de manera que al aceptar esa responsabilidad, queda advertido que se hará público su patrimonio y que su respectiva declaración será periódicamente fiscalizada…

En este asunto es necesario agregar que se impone prever en la revisión de las declaraciones patrimoniales el uso de mecanismos que hagan posible rastrear hasta los entornos más cercanos del funcionario (familiares y/o amigos), recurriendo a las llamadas tareas de "inteligencia" para detectar si el corrupto utilizó la figura del "interpuesto"… (o testaferro);

5) Revisar el régimen de sanciones previsto para quienes incurran en delitos de corrupción con los dineros y bienes públicos, pues las penas de cárcel contempladas frente a un sinnúmero de graves faltas son realmente ridículas y nos eximimos de relacionarlas debido a que son muchas las tipificaciones (leer la Ley Anticorrupción (http://www.cgr.gob.ve/pdf/leyes/Decreto_Reforma_ley_Contra_Corrupcion.pdf).

Es inconcebible que quienes estafen o roban los dineros públicos sean sancionados con una pena máxima de apenas 10 años de cárcel…!!!

Para esos delincuentes de cuello blanco la máxima condena que contempla nuestro Código Penal de 30 años es, también, demasiado poco. Nuestro grande Héroe Patrio, el Libertador Simón Bolívar, decretó en 1824 la Pena de Muerte a los corruptos y más aún, dispuso la misma pena a los jueces que optaran por no aplicarla… (https://www.conelmazodando.com.ve/en-1824-bolivar-decreta-la-pena-de-muerte-para-los-corruptos), de manera que se hace obligante reexaminar el cuadro de penas de cárcel previstas por ilícitos administrativos hacia el objetivo de elevarlas, de manera que ello se convierta en un disuasivo más que coadyuve a disminuir esos ilícitos… y,

6) Que la Ley de la Contraloría prescriba la instalación de canales expeditos para la denuncia, al menos uno por cada capital de Estado y tres o cuatro en la capital de la República, los cuales hoy día no existen, y, por supuesto, que estos operen bajo normas que en absoluto pretendan que el denunciante se presente con el "expediente probatorio" de los supuestos hechos delictuosos que va a denunciar, lo cual no descartamos que pudiera ocurrir en determinados y muy contados casos, pero que en su gran mayoría lo normal es que no tengan las pruebas para sustentarlas, ya que no debemos olvidar que quien roba hace hasta lo indecible para no dejar rastros de sus fechorías y solamente manejan la sospecha basada en razones de mucho peso, como pueden ser aquellas que se derivan de ver a determinados burócratas que de la noche a la mañana cambian sus ‘modos de vida’ y de ciudadanos sencillos, que lo eran antes de asumir un cargo público (nacional, estadal o municipal), pues devengaban ingresos suficientes para sostener sólo y únicamente una vida modesta y sin excesos, ahora se los ve exhibiendo lujos y llevando una vida dispendiosa en extremo…

Paralelamente a esa disposición normativa, contemplar la obligatoriedad de que frente a tales denuncias las instancias competentes del Ente Contralor, abran de oficio las respectivas averiguaciones administrativas y en caso de que surjan durante el proceso de sustanciación de los expedientes, delitos de acción penal, remitir, -en el término de la distancia- copia de los correspondientes recaudos a la Fiscalía General de la República a los fines pertinentes.

¿Quién no ha conocido a alguno de esos ‘sujetos’ que hacen ostentación de dineros mal habidos?

Al pie de página transcribimos unas cortas palabras del Comandante Hugo Chávez Frías (*), dichas en un "Aló Presidente" el día en que se conmemoraba el décimo aniversario de la designación de los Constituyentes de 1999 (25/04/2009), las que, como verán, son muy elocuentes respecto de este tema del funcionario ladrón y las tales pruebas…!!!

Sobre esta última propuesta, vale que resaltemos estas reflexiones que las consideramos bien pertinentes:

a) Quienes se atreven a formular una denuncia, asumen una gran responsabilidad, pues no olvidemos que corren el grave riesgo de que si su objetivo fue hacer sólo daño a terceros, tendrán que vérselas con la justicia, ya que la Ley Contra la Corrupción, en su artículo 84, contempla de uno a tres años de cárcel para quienes así actúen.

b) Un indicio es más que suficiente para escudriñar y llegar a detectar las pruebas necesarias que permitan identificar a los directos responsables de una determinada irregularidad y esto lo sabe hasta el más bisoño de los expertos en investigaciones y tareas de inteligencia, lo cual es perfectamente verificable con quienes manejan esas estructuras estatales de policía contra el crimen organizado de todo tipo y,

c) Se ha demostrado hasta la saciedad, inclusive aquí mismo -en nuestro país-, conocemos de varios casos de denuncias que se han manejado sobre la base de montarle, luego de un laborioso trabajo de inteligencia, una "trampa" a la persona que ha sido denunciada, la cual concluye cazándolo en el preciso instante en que recibe la "coima". Durante nuestra permanencia en el Organismo Contralor, en el área del Control Previo (1961/1985), fuimos parte de gerencias que pusieron en práctica ese modus operandi y recordamos que siempre se obtuvieron óptimos resultados...

Nota:

(*) "…si yo, por ejemplo, en este momento renunciara a la Presidencia de la República y bueno, me voy. Dentro de un mes o una semana o mañana mismo aparezco yo en Apure con un hato, yo que no tengo una hectárea, ni nunca tuve. Ah, Chávez ahora tiene un hato, mira las camionetas que carga, mira y ahora anda en un avión, Chávez, oye, el tipo compró allá en las islas del Caribe, por allá en cualquiera de ellas, ahora tiene una mansión. Bueno, resulta que sin duda Chávez robó, se robó la plata del pueblo. ¿Quién puede dudarlo? Mira, pero no hay pruebas. La prueba son sus bienes, la prueba es su estilo de vida. ¿No es así, señor Contralor, verdad? Si él no demuestra de dónde sacó dinero y de dónde saca dinero para sostener un nivel de vida de ese tipo, pues Chávez tiene que ir a prisión, hay que decomisarle o quitarle todos los bienes que adquirió. Bueno, hagámoslo, hagámoslo…". (Tomado del artículo "Lineamiento de Hugo Chávez Frías: guerra a muerte contra la corrupción", publicado en Aporrea el 1 de agosto de 2009, bajo la firma de Henry Escalante).



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Iván Oliver Rugeles


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