O paramos en seco la corrupción o el país se nos va de las manos...

Es un tema sobre el cual no cejaremos en tratar de mantenerlo en la palestra pública, como quizás el más importante de cuantos padecemos los venezolanos, pues para nadie es un secreto que buena parte de los graves problemas que nos acogotan a la fecha, más allá de la irracional y tremebunda conducta de una oposición que lejos de respetar las reglas de la democracia contenidas en nuestra Constitución Bolivariana, no ha dejado de buscar atajos para llegar al poder, ante la imposibilidad de lograrlo por la vía electoral, son aquellos que tienen que ver con los abundantes hechos de corrupción de todo tipo y cuantía que se han venido dando en el país.

Así vemos, por citar estos pocos ejemplos: La Fiscal General Ortega Díaz en su Informe a la AN, correspondiente a 2015, informó que "se han ejecutado 7.859 investigaciones por corrupción en la nación y existen 3.119 acusados" por igual delito; se otorgan divisas preferenciales para adquirir alimentos y medicinas y, al parecer, un alto porcentaje de esos bienes nunca terminan de llegar al país y los pocos que entran son vendidos al pueblo al cambio del "dólar today" y el más escandaloso de todos, la cuantiosa estafa por más de 20 mil millones de dólares a Cadivi por empresas llamadas dizque de maletín que denunció la exministra Edmé Betancourt en 2013 y no obstante que desde el más alto gobierno se le ofreció -entonces- al país, a pocas horas de conocerse la denuncia, que esas firmas "fantasmas" serán identificadas, que se le darán a conocer a los venezolanos el nombre de sus accionistas y administradores, esta es fecha, luego de casi tres años de develado el desfalco, que de ese asunto nadie dice nada y es por ello que escuchamos la especie, cada vez con mayor persistencia y con toda razón, de que pareciera que ese caso intenta ser ocultado para siempre...!!!

Cada día debe ser propicio para reiterar que la lucha contra la corrupción no se combate con el discurso ya cansón y repetitivo que sólo la condena con frases altisonantes, pero vacío de contenido y de respuestas de cómo debemos enfrentarla a los fines, quizás no para erradicarla, porque se trata de una lacra muy difícil de exterminarla, sino reducirla a su más pequeña expresión. Las más de las veces queda demasiado nítido que esa retórica se parece más a una puesta teatral que a un genuino interés por desterrar definitivamente de las esferas del Estado la práctica abominable de robarse de cualquier manera los dineros y bienes públicos…

De allí que para el abordaje de este tema, no solamente debemos dejar a un lado la diatriba política, pues en la praxis queda muy en claro que los ladrones del erario público se ponen la camiseta del color que sea, con tal de lograr su objetivo y es por ello que en esas trastadas los hemos visto trajeados de rojo, o de blanco o de amarillo o de azul o de verde…

Ejemplos de esos casos los hay a montones y la casi totalidad de sus protagonistas terminan huyendo del país para evadir la justicia y todos, sin excepción alguna, dependiendo de cuál sea el aparato político que los acobija y los defiende, se convierten en víctimas de un régimen que los persigue por "pensar distinto" o, también, en delatores de todo lo que se les ocurra, intentando con ello tratar de lavar sus iniquidades a cambio de que se les considere también como perseguidos políticos y, además, como "víctimas" de buena fe, que han sido engañados por una ideología socialista que se les vendió como la única salvación de la patria.

De manera que no hay duda alguna que en tanto tan asquerosa práctica de defender corruptos de lado y lado no la erradiquemos de la lucha política, no habrá posibilidad alguna de acordar planes y proyectos que pudieran ser eficaces para reducir al mínimo los ilícitos en los entes públicos.

En tal sentido, volvemos a reiterar algunas de nuestras propuestas para el rediseño de una audaz e implacable gestión de contraloría que, a fe ciega, creemos que pueden dar resultados exitosos en la lucha contra la corrupción, pero las que, en su conjunto, demandan algunas modificaciones a las leyes y normas vigentes en el área del control público.

Estas son nuestras propuestas:

1) Restablecer el Control Previo al gasto y al pago, por órgano de la Contraloría General de la República a los entes de la administración central, el cual fue eliminado durante el gobierno de Caldera II, en 1996, así como asegurar el funcionamiento riguroso de iguales controles en el resto de los órganos y entes del Estado, tal cual lo dispone la vigente Ley Orgánica de la Contraloría en su capítulo II, Del Control Interno (*), específicamente en su artículo 38 y que la Contraloría le haga seguimiento y control regularmente a cada una de esas entidades públicas, sin previo aviso, como medida insustituible para garantizar el acatamiento de ese mandato de la Ley;

2) Revisar exhaustivamente, dentro de la mayor rigurosidad, las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios del Estado que manejan y dispongan de dineros y bienes públicos, bajo cualquier circunstancia y de manera selectiva, las correspondientes al resto de los funcionarios públicos;

3) Hacer públicas las declaraciones patrimoniales en la página de la Institución Contralora, en correspondencia con el compromiso que adquirió nuestro país al firmar el acuerdo en tal sentido durante la realización en nuestro país en 1996 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (**);

4) Instalar expeditos canales para la denuncia por todos los rincones del país, los cuales no los hay y, por supuesto, que operen bajo normas que en absoluto pretendan que el denunciante se presente con el "expediente probatorio" de los supuestos hechos delictuosos que va a denunciar, lo cual no descartamos que pudiera ocurrir en determinados y muy contados casos, pero en la mayoría de ellos quien denuncia, generalmente, no tiene pruebas y solamente maneja la sospecha basada en razones de mucho peso, como pueden ser aquellas que se derivan de ver a determinados burócratas que de la noche a la mañana cambian sus modos de vida y de ciudadanos sencillos que lo eran, pues devengaban ingresos suficiente para llevar sólo y únicamente una vida modesta, sin excesos, se los ve ahora exhibiendo una riqueza sorprendente en extremo y,

5) Acelerar la aprobación de los proyectos que tienen que ver con sustanciales mejoras a los mecanismos contralores que cursan en la AN desde hace no menos de tres años, los cuales apuntan a la protección de denunciantes y testigos en materia de corrupción.

(*) ley orgánica de la contraloría general de la república

(**) De los países firmantes de esa Convención, solamente la República Argentina ha implementado la medida y lo fue a partir de 1999, según Ley Nº 25.188 - Ministerio de Economía



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Iván Oliver Rugeles


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