Caracas, 30 Ene. ABN.- La investigación penal que se lleva a cabo en contra del Consorcio Microstar continuará pese a la devolución de los 27 millones de dólares a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que fueron otorgados para la importación de equipos informáticos que nunca ingresaron al país.
Según un boletín del Ministerio Público, la devolución de las divisas «no implica el cese de la investigación penal que se adelanta con la finalidad de determinar la comisión de hechos punibles que afectan al Estado venezolano y las responsabilidades correspondientes que de ella se desprendan».
En ese sentido, el Ministerio Público considera importante aclarar que el proceso administrativo es distinto al proceso penal, ya que ambos no son vinculantes.
Precisan que aún cuando el presidente del mencionado consorcio, Gustavo Arraiz, imputado por la presunta comisión de delitos de contrabando y defraudación tributaria, acuerde con Cadivi la devolución de las divisas otorgadas -según lo establecido en la Providencia número 043, emanada de esa comisión- el Ministerio Público no tiene porque interrumpir la investigación, la cual continuará su curso de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Llama la atención del Ministerio Público el hecho de que la defensa del imputado solicitó un reintegro de divisas ante el Tribunal 50 de Control del Área Metropolitana de Caracas, en la misma fecha en la cual el presidente de la mencionada empresa fue citado por la Fiscalía 52 Nacional para declarar.
En ese sentido, también es importante aclarar que en el Ministerio Público no consta ninguna solicitud oficial donde el abogado defensor ni el imputado hayan manifestado la disposición de reintegrar las divisas otorgadas para la citada importación.
En el caso de que el imputado o los imputados sean acusados y condenados penalmente, el Ministerio Público ejercerá la acción civil correspondiente y, sólo en esa oportunidad, se determinará si el reintegro de las divisas otorgadas, si se hubiese efectuado, resarce los daños causados, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal vigente.
El Ministerio Público inició esta investigación luego de la denuncia efectuada por el superintendente nacional tributario, José Gregorio Vielma Mora, contra el Consorcio Microstar por la presunta simulación de importación de mercancía.
