El marco legal deberá ponerle freno a los excesivos sueldos y salarios que devengan algunos miembros del Ejecutivo nacional y funcionarios públicos. La iniciativa de la AN propone un límite de Bs. 6. 147.900 a cada jefe incluyendo al Presidente de la República. Diputados y un concejal exponen sus ideas.
Será en la Ley Habilitante donde la Asamblea Nacional (AN), definitivamente discuta la fijación de los sueldos y salarios de los altos funcionarios del Ejecutivo Nacional.
Esta decisión hizo que Luis Tascón, diputado del MVR por el estado Táchira, en la sesión ordinaria del pasado jueves retirara el Proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de la Administración Pública, que había presentado el martes 9 de enero, donde contó con el respaldo de 90 legisladores.
La propuesta que Tascón redactó junto con Iris Varela, Ricardo Capella, Francisco Ameliach, entre otros, expone en sus disposiciones generales que su objetivo es establecer los límites máximos de los emolumentos para los altos funcionarios de los poderes públicos como el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral y a los de libre nombramiento y remoción de organismos del Estado incluyendo institutos autónomos, entidades bancarias, dependencias de los Ministerios y fundaciones.
Al compararla con el marco legal vigente, la diferencia es casi total porque sólo define los emolumentos de los funcionarios y funcionarias de las regiones y los municipios, los cuales tienen escalas máximas y mínimas establecidas.
Ahora, la nueva iniciativa considera que los sueldos del Presidente y Vicepresidente de la República y el resto del Gabinete no podrá exceder de 12 salarios mínimos urbanos que multiplicados con el fijado por el Gobierno en el 2006 a Bs. 512.325,00 quedarían en Bs. 6. 147. 900,00.
En el caso de los gobernadores y alcaldes metropolitanos cuyo sueldo oscila entre los Bs. 9.093.768, 75 y Bs. 6.265.734.75 (en la actual ley) tendrá como cifra tope 10 salarios mínimos que suman Bs. 5.123.250,00 igual que los legisladores de la AN y Consejos Legislativos Estadales (CLE), concejales de los distritos metropolitanos y Distrito Capital.
“Lo que buscamos es equilibrar los salarios y eliminar el pago de comisiones como parte de los emolumentos, es decir, que ningún funcionario público podrá percibir este tipo de cancelaciones bajo ningún concepto como está ocurriendo con los registradores y notarios quienes perciben exageradas renumeraciones”, explicó Tascón.
Sin embargo, aclaró que la propuesta tendrá sus excepciones por lo menos en aquellos funcionarios que residan en otras regiones y que mudarse a la capital de la República como ocurre con los integrantes del Parlamento nacional que gozan del beneficio de viáticos que incluyen gastos de pasaje por avión, traslado de desde su residencia al aeropuerto y del aeropuerto hacia su residencia, alimentación y hospedaje.
En la misma opinión coincide su colega por Apure, Cristóbal Jiménez quien afirmó que al conocer el planteamiento del proyecto de ley no dudó respaldarla.
Plantea que en el caso de los miembros de la AN —según lo que expone la propuesta— el salario se incrementaría, ya que “estamos ganando 4 millones 800 mil bolívares y subiríamos a Bs. 5.123.520 bolívares cosa que no sucederá con los magistrados del TSJ y rectores del CNE que sí perciben sueldos millonarios”.
A su juicio, esto sólo significaría “la lucha contra la corrupción y así podremos dar con más razón el ejemplo de revolucionarios”.
Por su parte, Juan José Molina, representante por Bolívar dijo que “es muy interesante” que nazcan propuestas de este calibre puesto a que “vendría a formar parte del cuarto motor propuesto por el presidente Chávez cuando se refiere sobre la geometría del poder”.
Resaltó que aún tiene sus reservas sobre si el estimado calculado sea el más idóneo “porque se debe tomar en cuenta que debe haber una contraprestación que garantice que ese funcionario no se verá tentado a recibir beneficios de otras personas para mantener su estabilidad económica a la que siempre ha estado acostumbrado”.
