(Caracas, 05 de agosto de 2006)-. Como resultado de las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público, 41 personas han sido imputadas en los estados Guárico y Zulia, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con créditos otorgados por el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, y Afines (Fondafa).
Elsa Hernández García, fiscal 20 nacional comisionada para coordinar las pesquisas, reportó ante la Dirección de Salvaguarda, 225 averiguaciones abiertas en todo el país hasta el mes de julio, de las cuales 76 corresponden al estado Guárico y 21 al Zulia.
Como resultado de estas actuaciones fue detenido Eduardo Mohali Nasser Castillo, director de la filial de Fondafa en Valle de La Pascua, quien manejaba una oficina paralela dedicada a otorgar créditos sin el conocimiento de la institución. Durante un allanamiento practicado en
su vivienda fueron incautadas una laptop y una cámara digital, equipos propiedad de Fondafa, así como documentos originales para la solicitud de financiamiento.
Los trámites se hacían vía Internet y aunque aún no han culminado las experticias contables, se estima que el daño patrimonial asciende a los 19 millardos de bolívares.
La fiscalía 15 de Guárico acusó a Nasser Moali por los delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, y posesión de arma de fuego. Actualmente se encuentra recluido, a la espera de juicio, en la Penitenciaría General de Venezuela. Por este caso también fue imputada Carla Desiré Abad Rivero, directora regional de informática en el Zulia y han sido imputadas 31 personas, 12 de ellas representantes de asociaciones de productores que recibieron recursos por el orden de los 350 millones de bolívares.
La investigación reveló que los datos consignados ante la oficina regional de Fondafa eran falsos, toda vez que las tierras descritas en los documentos habían sido ocupadas con anterioridad por productores con cartas agrarias expedidas por el Instituto Nacional de Tierras.
Aunque ello imposibilitaba la realización de cualquier labor agrícola, las asociaciones ocultaron este hecho y procedieron a consignar sus solicitudes de crédito ante el Centro de Atención al Productor de Fondafa, con sede en Maracaibo.
Por su parte, la fiscalía 25 de la misma entidad imputó a 19 personas, entre ellas a Edixon Aguirre, coordinador de Fondafa en Santa Bárbara, y otros tres funcionarios de dicha institución, quienes habrían aprobado créditos de manera fraudulenta en beneficio de la Asociación
de Productores de Perijá.
En relación a este caso, también se abrió una averiguación contra la Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo "Planimara" que como encargada de la inspección de la cooperativa mencionada, no advirtió sobre las irregularidades detectadas. Los delitos presuntamente cometidos por estas personas son estafa agravada, peculado doloso, y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos.
